Proyecto de ley N. 20.580

Reforma fiscal afectaría presupuestos de sedes regionales y Lanamme UCR

Iniciativa se encuentra en etapa final de discusión en la comisión especial designada por el Congreso.

Frenos en proyectos de regionalización, el cierre en admisiones a carrera y la suspensión de investigaciones son algunas de las consecuencias que tendría en la Universidad de Costa Rica (UCR) la reforma fiscal que se discute actualmente en la corriente legislativa mediante el proyecto de ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas.

El proyecto, actualmente en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, tiene como propósito fortalecer la hacienda pública mediante la búsqueda de nuevos ingresos y, a su vez, plantea propuestas para mejorar la calidad del gasto público. Sin embargo, estas medidas incluyen derogar leyes de las cuales se alimentan algunas instancias de la universidad con fondos específicos.

Dentro de las propuestas planteadas por el Legislativo se encuentra incluir a nuevos actores dentro del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) dedicado a educación pública establecido en el artículo 78 de la Constitución Política.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) pasaría de estar financiado a través de las cuotas obreras y patronales a recibir un porcentaje del 8% del PIB.

Según el vicerrector de administración de la UCR, Carlos Araya, esto implicaría una reducción en el presupuesto asignado a cada ente, incluido el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

“Ese 8% se divide entre educación básica y educación superior, pero si ahora tenemos que incluir un nuevo actor que es el INA, eso no sería otra cosa que una disminución en la inversión en educación. Creemos que ese es el propósito de esa propuesta y, por ende, nos oponemos”, opinó Araya.

Además, la reforma establece una regla fiscal que indica que cuando el nivel de deuda del Gobierno respecto del PIB fuese superior al 45% y menor al 60% el crecimiento del presupuesto no podrá sobrepasar el 75% del PIB nominal. Al cierre de 2017, la deuda rondaba el 49%.

Según Araya, estas consideraciones impactarían directamente el presupuesto de la UCR, puesto que el FEES  no crecería al mismo ritmo que el PIB nominal. Entonces, cada año la relación del FEES respecto del PIB sería menor.

Es decir, que el Estado podría invertir menos en educación respecto del PIB si se aprueba esa reforma.

“Como universidad somos absolutamente conscientes de la situación fiscal que atraviesa el país y de que todas y todos los ciudadanos debemos de aportar en la búsqueda de soluciones. Pero es una situación similar a la que vivimos en los años 90, donde nos parece que el sistema educativo sufrió muchísimo, y que estaríamos a las puertas –de aprobarse este proyecto– de cometer los mismos errores”, declaró Araya.

Según el vicerrector, esta disminución en la inversión en educación representaría una disminución en las oportunidades de la población costarricense.

Otro de los aspectos de la reforma que preocupan a los jerarcas universitarios es la eliminación de leyes que asignan fondos específicos por medio de los cuales se financian algunos de los procesos de regionalización de la universidad y algunos proyectos de desarrollo institucional.

Por ejemplo, las sedes del Pacífico, Guanacaste y del Caribe de la UCR reciben un apoyo financiero por medio de la Ley de Pesca y Acuicultura.

Según el director de la Sede del Pacífico, Mario Solera, el salario de ocho administrativos de la sede está cargado al presupuesto dado por esta ley y de tener que ser asumidos por el presupuesto ordinario de la sede pondrían a la institución en un escenario económico complicado, pues significaría detener inversiones en infraestructura y posibles nuevas admisiones.

Dado que esta Sede se encuentra en un proceso de expansión a Esparza, en caso de ser aprobado el proyecto de ley tendrían que atender la operación regular y el proyecto con el mismo presupuesto.

“Si nos quitan la ley, nosotros vamos a tener que prácticamente suspender el desarrollo en Nances (Esparza), con todas las consecuencias sociales que esto va a tener en la región. Así, a como están las cosas, el año entrante no podríamos crecer. Pronto vamos a hacer una reunión entre coordinadores de carrera para tomar la decisión de no abrir nuevos grupos el año entrante en las carreras desconcentradas, a ver si así los números nos alcanzan”, explicó Solera.

Esta medida afectaría a cerca de 200 estudiantes que no podrían ingresar a una de las tres carreras desconcentradas en la Sede del Pacífico.

Por otro lado, el proyecto de ley plantea que el Ministerio de Hacienda podría definir los montos a presupuestar anualmente provenientes de destinos específicos, incluidos los de la UCR.

Ante esto, el Consejo Universitario (CU) emitió un pronunciamiento donde expone su preocupación por los recursos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), la Red Sismológica Nacional (RSN) y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS), todos financiados de esta manera.

“El presupuesto de la universidad que tiene asignado el Lanamme es muy reducido respecto del presupuesto del impuesto. La gran cantidad de actividades que realiza el Lanamme se financian en su mayoría con recursos que provienen de la ley. Evidentemente, si no hay recursos, el Lanamme quedaría reducido a un laboratorio extremadamente pequeño, que no podría cumplir con su rol de fiscalización de la obra pública”, indicó Araya.

Por otro lado, el proyecto podría eliminar la exención tributaria a la Universidad.

A pesar de lo planteado en la iniciativa de ley, los proyectos de infraestructura de la universidad siguen en pie. Según el vicerrector de Administración, las obras programadas para iniciar el próximo semestre ya están licitadas y no tendrán problema de presupuesto. No obstante, los proyectos visualizados para iniciar en 2019 “podrían eventualmente verse perjudicados”.

Ante las expectativas y especulaciones, la administración de la UCR está trabajando en dos vías: modificar el proyecto de ley para reducir impactos, y elaborar un tercer plan de contención del gasto universitario.

“Eso nos lleva a una situación de corto plazo donde, de no tomar nosotros acciones también de contención de gasto, nos veríamos en problemas para poder cumplir con nuestra actividad sustantiva. En esa línea hemos trabajado también una serie de acciones para reducir el gasto institucional”, aseguró Araya.

El rector de la UCR, Henning Jensen, informó a UNIVERSIDAD que la Comisión de Enlace –formada por los rectores de las cinco universidades públicas y los ministros de Educación, Ciencia y Tecnología, Hacienda y Planificación– se encuentra en un proceso de negociación con los representantes del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.

“La eliminación de los destinos específicos afectaría sensiblemente el programa de regionalización, así como otras instancias como el Lanamme. La eliminación de la exención tributaria significaría un egreso de aproximadamente ¢8.000 millones. Ambas medidas tendrían efectos muy negativos, pero tomamos el compromiso de las y los ministros de eliminarlas como una señal de apoyo a las universidades”, aseveró Jensen.

“Estamos en un proceso de conversar con las autoridades del Gobierno central y de la Asamblea Legislativa con el propósito de evitar que se lleve a concretar, porque de concretarse significaría un golpe importante. Creo que no es un golpe a las finanzas institucionales, es un golpe a la educación, y un golpe a la educación es un golpe a la ciudadanía”, finalizó Araya.

(Créditos: Foto Katya Alvarado)


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