La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) rechazó los recursos de apelación planteados en contra del nombramiento de dos puestos administrativos pertenecientes a la Faculta de Educación (FE) y respaldó el proceso realizado por dicha decanatura.
Esta intervención se dio luego de que los funcionarios Alexis Granados, Jennifer Bermúdez y Luis Diego Jiménez solicitaran, junto con el Sindicato de Empleados y Empleadas de la UCR (Sindeu), la nulidad de los nombramientos adjudicados y la reincorporación de los dos primeros.
Ellos alegan que sus puestos fueron sacados a concurso, debido a que los tres presentaron previamente denuncias de acoso laboral en contra de Guiselle Garbanzo, decana de la Facultad de Educación.
Ante esto, la Comisión Instructora Institucional y la Junta de Relaciones Laborales aprobaron una medida cautelar para que se les restituyera de inmediato en sus labores. Sin embargo, la rectoría decidió no acatar dicha medida, luego de consultar a la Oficina Jurídica de la universidad.
“La señora decana fue notificada del proceso de acoso laboral en su contra hasta después de haber realizado las entrevistas”, cita el oficio que la Oficina Jurídica le entregó al rector, Henning Jensen. Por este motivo, no se anuló el proceso de entrevistas y concurso para los nombramientos.
La primera denuncia la interpuso Jiménez el 8 de abril de 2019 y la solicitud de la Facultad para sacar la plaza a concurso se envió el 1 de ese mismo mes. Además, la entrevista a esta misma persona se llevó a cabo el 22 de mayo y la Comisión le notificó a la decana que había sido denunciada hasta el 11 de junio, según la información recopilada por la Oficina Jurídica.
“Quedé satisfecha con la respuesta de Rectoría y siempre fui muy respetuosa con el procedimiento administrativo”, comentó Garbanzo.
César Parral, secretario del Sindeu, mencionó que consideran ilegal la posición de Rectoría y alegó que no se consideraron todos los elementos presentados en el expediente.
Según Garbanzo, este procedimiento de sacar a concurso las plazas de interinos, obedece a políticas institucionales. En esta ocasión, las únicas que podían sacarse a concurso eran esas tres, las mismas que fueron adjudicadas como nombramientos en propiedad.
En relación con las denuncias de hostigamiento laboral, la decana de Educación aseguró que estos actos nunca ocurrieron. Su posición fue respaldada por diez empleados administrativos que firmaron una carta independiente enviada a Rectoría.
Actualmente, Guiselle Garbanzo posee cuatro denuncias en su contra por hostigamiento laboral, interpuestas por los tres exfuncionarios mencionados y un mensajero de la facultad, quien ocupa una plaza en propiedad.
“Con esta resolución, el mensaje que se le envía a otros funcionarios de la Facultad de Educación que sean acosados es que no hagan ninguna denuncia porque ‘ustedes también se van a ir”, aseguró Parral.
El secretario del Sindeu afirmó conocer más personas que sufren acoso en esta facultad, pero no se pronuncian por temor a represalias. Además, aseguró que lo que más les preocupa es la impunidad que poseen en estos casos las personas que cometen acoso, lo que contradice el discurso que promueven las autoridades universitarias.
También, mencionó que los funcionarios afectados interpondrán recursos judiciales, a través del Sindeu.
