Mediante la resolución R-117-2024, el pasado 3 de mayo, la Universidad de Costa Rica (UCR) aprobó los mecanismos de traslado salarial para el sector administrativo; es por esto por lo que, de forma voluntaria, podrán movilizarse de salario compuesto al salario global transitorio dispuesto por rectoría. Según se explica en el documento, estos mecanismos responden a lo establecido en la Ley Marco de Empleo Público que entró a regir desde el año anterior.
Pedro Méndez, secretario académico de rectoría, acotó que estos mecanismos permiten que aquellas “personas que hayan sido nombradas en una plaza en ascenso a partir del 10 de marzo del 2023, puedan optar por el salario global transitorio”.
“Las escalas de salario global o salario único buscan igualar puestos en el sector público, y esto ignora, por completo, la complejidad de las tareas y funciones que hay entre una y otra institución”, Stephanie Fallas, representante del sector administrativo
Dentro del documento se especifica que, para poder acceder a esta nueva escala salarial, se debe renunciar a todos los componentes salariales complementarios que integran actualmente su salario en régimen salarial compuesto.
Dentro de este ámbito, Méndez explicó que “para las personas funcionarias que cuentan con pocas anualidades y pocos escalafones, el optar por el salario global transitorio podría representar un aumento significativo en su salario”.
Según establece la ley, quienes no podrán aplicar al traslado de salario global son aquellos empleados que mantengan una relación laboral con el Estado y se encuentren en el sistema de salario compuesto, o bien, que hayan interrumpido su relación laboral por un período mayor o igual a un mes calendario.
Por otra parte, los empleados que pasarán al régimen salarial global serán aquellos que hayan ingresado posterior a marzo de este año, los que provengan de un trabajo estatal perteneciente a salario global, o aquellos que hayan calificado para el traslado previamente aprobado por los métodos de rectoría.
Stephanie Fallas, representante del sector administrativo ante el Consejo Universitario, señaló que la adaptación al salario global transitorio es una obligación universitaria debido al alcance de la Ley Marco de Empleo Público, lo que representa lesividad a la autonomía universitaria.
“Para nuestra institución, esto es uno de los despropósitos en el marco de la autonomía organizacional otorgada en la Constitución Política. Las escalas de salario global o salario único buscan igualar puestos en el sector público, y esto ignora, por completo, la complejidad de las tareas y funciones que hay entre una y otra institución”, explicó Fallas a UNIVERSIDAD.
“Actualmente existen metodologías para ponderar y calcular salarios; sin embargo se enmarcan en la especificidad de una organización. La Ley Marco de Empleo Público solo reconoce como iguales a todos los puestos en la función pública y esto es totalmente irreal porque los objetivos que cada institución debe cumplir para el Estado devienen en ser distintos”, amplió Fallas sobre la aplicación del salario global.
Dentro del procedimiento aprobado, se estipula que la Vicerrectoría de Administración debe velar por el presupuesto correspondiente a la plaza que se oferte, además de ser la entidad encargada de aprobar los traslados entre regímenes.
“Una vez que el país salga del escenario más restrictivo de la regla fiscal, los salarios podrían crecer gracias al reconocimiento del costo de vida. En el esquema de salario global se actualizaría el salario base y el pago por dedicación exclusiva. En el esquema de salario global se podría hacer un reconocimiento al monto salarial definido en la escala”, comentó Méndez sobre las principales diferencias entre regímenes salariales.
Evaluación de funcionarios
Además, como parte de la implementación de la Ley de Empleo Público, el Consejo Universitario aprobó un reglamento para la nueva evaluación de desempeño de las personas funcionarias, el cual permite dar seguimiento a las funciones específicas de cada cargo y hace posible el único incentivo que permite dicha ley: el pago de anualidad cuando la evaluación es positiva.
“Considero que una evaluación realizada desde la perspectiva de la mejora y el aprendizaje individual y organizacional es un aspecto muy valioso para fortalecer y reconocer las capacidades y competencias de las personas funcionarias; sin embargo, la ‘evaluación’ es un componente de una ‘cultura’ que es necesario consolidar, como parte de una organización que aprende de sí misma para mejorar y enfrentar con respuestas óptimas a las exigencias de los tiempos actuales”, indicó Fallas sobre el mecanismo de evaluación.
”Creo que esta es una práctica necesaria y fundamental para mejorar e innovar como institución, y nos ayudará para que realmente cumplamos el objetivo, que es aprender y entregar valor pertinente a la sociedad desde lo que hacemos cada día”, explicó la representante del sector administrativo.
