Desde rectores, alcaldes y hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia coincidieron en ver como “lamentable” y “de mucha gravedad” el hecho de que el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) no diera a conocer que los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se cumplían sin necesidad de incluir al Poder Judicial, universidades y municipios en la de Ley Marco de Empleo Público, antes del primer debate del entonces proyecto de ley.
Dicha información supuestamente fue remitida a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa en un documento denominado Estimación del efecto fiscal del expediente legislativo No. 21.336 Proyecto de Ley Marco de Empleo Público según el voto de la Sala Constitucional, el 19 de octubre, cuando ya las etapas de mociones habían concluido y la iniciativa había sido aprobada en primer debate.
“Si ni siquiera era una exigencia dentro de la contabilidad o el balance de ahorro del FMI, ¿qué sentido tiene esta intervención?..Realmente quieren socavar toda la estructura de poder del sistema de la Constitución, a través de un pretexto que no tiene sustento porque ahora hasta hay un documento oficial que dice que no tiene sustento”, Fernando Cruz
Según cita el mismo informe, el acuerdo de ahorro con el FMI oscilaría entre un 0,5% y 0,8% del PIB durante los primeros cinco años, mientras que excluyendo a las instituciones autónomas y al Poder Judicial se lograba anualmente un 0,81% del PIB para la primera década, por lo tanto, no era necesario que estas instituciones entraran en el proyecto para cumplir el compromiso: “En ambos escenarios de exclusión parcial o total, cumplimos con el 0,8% del PIB lo comprometido con el FMI o lo superamos en 0,23% del PIB”.
Varios legisladores del periodo anterior confirmaron a UNIVERSIDAD que nunca conocieron el informe y que los escenarios que presentaba nunca fueron discutidos en el Plenario.
Lamentable y grave
Tras dar a conocer la noticia, UNIVERSIDAD entrevistó a distintos jerarcas, tanto de instituciones autónomas como del Poder Judicial, quienes manifestaron sus distintas posiciones:
“Me parece muy lamentable que el Gobierno no suministre la información amplia y transparente, no solo a los diputados, sino a la población en general; nosotros también, en múltiples ocasiones, pedimos información”, dijo el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias, quien a su vez aseguró que el Mideplan “nunca justificó la base” de sus los cálculos que presentaban.
Asimismo, el magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, indicó a este Semanario que la situación confirma que “parte de esto era una estrategia de concentración de poderes y de intervención sobre las instituciones que tienen una protección constitucional”, además de que “es una barbaridad que se haya omitido y no se haya dado a la publicidad ese informe”.
“Realmente es algo que me deja perplejo. No puedo calificarlo de otra manera, me confirma lo que percibí siempre con la Ley de Empleo Público, que era una pretensión inaceptable de intervención e incidencia sobre un Poder de la República”, manifestó el dirigente del Poder Judicial.
Cruz agregó que, desde su perspectiva, la situación “tiene un vicio político de fondo”, puesto que la reforma en cuestión incide en el diseño constitucional de la distribución de poderes: “Yo creo que es de las cosas más graves, desde el punto de vista político, no me interesa el tema si es una cuestión penal o si es una falta administrativa, me parece que en la relación de poderes esto es un hecho de mucha gravedad”.
Por su parte, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez, indicó que las universidades siempre han sostenido que la inclusión de todas las instituciones autónomas y el Poder Judicial es inconstitucional y que el Mideplan nunca entregó la información que las casas de enseñanza solicitaron: “La información con la que hemos contado ha sido muy escasa, muy limitada y ahora que ustedes sacan esta noticia prácticamente corrobora que no ha habido un proceso transparente”.
En la misma línea, el directivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y alcalde de Moravia, Roberto Zoch, manifestó que se evidencia la “falta de transparencia” que se ha tenido con el tema: “Toda esa información nos parece que debería de haber sido transmitida de forma oportuna y en tiempo para tomar las mejores decisiones como país y creo que tal vez las decisiones hubieran sido otras si se hubiera contado con la información oportuna”.
¿Se afectó la toma de decisiones?
Tanto los rectores como el directivo de ANAI coincidieron en que la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa se pudo haber dado de forma distinta si los diputados de entonces hubieran conocido esta información antes cuando se discutían las modificaciones al proyecto.
“Creo que, definitivamente, de haber conocido la información, estoy seguro que los señores diputados en su responsabilidad hubieran optado por otras decisiones y esto claro que tuvo que haber influido”, afirmó Zoch.
Por su parte, el rector de la UCR señaló que él y otros representantes universitarios pasaron varias horas en la Asamblea Legislativa, donde dialogaron con entre 25 y 30 diputados, de los cuales muchos argumentaban que había que cumplir con el FMI: “De haberse mantenido este proceso de forma transparente y haberse conocido esta noticia que no descarto yo que la votación hubiera sido diferente”.
También el presidente del Conare manifestó que, si el acuerdo con el FMI se alcanzaba “sin tener que alterar el orden constitucional”, entonces “si se estaba induciendo a una aprobación que uno podría decir que es errónea, desde el punto de vista en que se basó en información incompleta”.
Exclusivos y excluyentes
El presidente del Conare recordó que “desde ningún punto de vista, precisamente por esa autonomía, puede Mideplan tener injerencia sobre el personal de las universidades; eso sería absolutamente inconstitucional”, como ya había adelantado a UNIVERSIDAD, al señalar que “todos los puestos de las universidades entran dentro de la categoría de exclusivos y excluyentes”, en lo cual coincidió el rector de la UCR.
Por su parte, el presidente de la Corte señaló que en el caso del Poder Judicial su criterio es que los funcionarios también son exclusivos y excluyentes, aunque no tiene conocimiento de la visión de los otros magistrados ni puede hablar por ellos: “Yo tengo la impresión de que esa norma que deja esa valoración nos deja en posibilidades de valorar desde nuestra perspectiva de poder esa situación”.
Asimismo, Zoch manifestó que en la ANAI se analizan todas las acciones que puedan tomar en defensa del régimen municipal, por lo que, si declarar a los funcionarios municipales como exclusivos y excluyentes es la forma de lograrlo, entonces valorarán esa posibilidad.
