Tras la regla fiscal, la Ley de Empleo Público (10.159), las complejas negociaciones de financiamiento, entre otros, ahora las universidades públicas tienen en el horizonte un nuevo reto que afrontar, después de que el Ejecutivo convocara un proyecto de ley para que prevalezca el principio de equilibrio financiero sobre las autonomías constitucionalmente garantizadas.
Se trata de una iniciativa de ley (22.266) planteada por el exdiputado liberacionista Wagner Jiménez y otros exlegisladores de diversos partidos, presentada en 2020, donde también se propone que la Contraloría General de la República (CGR) tenga la última palabra sobre la creación de nuevas instituciones o programas.
El presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Rodrigo Arias, indicó que “no puede ser que constituyentes derivados, como es una Asamblea Legislativa, vengan a hacer una reforma parcial que contradice la totalidad de lo que establece la Constitución Política”, afectando los balances que esta establece como un cuerpo integral:
“Preocupa ese nivel de intervención que aparentemente quiere tener este gobierno”, Gustavo Gutiérrez
“En el momento en que se aprueba la Constitución Política, los Constituyentes buscan un equilibrio en el funcionamiento del Estado, por eso hay una división de poderes y una serie de instituciones que por su naturaleza, su preeminencia y su importancia se les da una garantía constitucional de libertades, de independencia en el cumplimiento de las funciones […], porque esas instituciones se quiere que no estén supeditadas al Gobierno y resulta que aquí viene una serie de diputados a plantear que vía presupuesto nacional se pueda afectar el funcionamiento de estas instituciones en contra de lo que dice la Constitución”, aseveró Arias, también rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Asimismo, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez, indicó que las universidades tienen consciencia de la importancia del equilibrio financiero, con el cual las casas de enseñanza superior ya formulan todos sus presupuestos: “Estamos sumamente preocupados por esta convocatoria […] porque esa reforma en lugar de fortalecer el equilibrio financiero lo que lograría es debilitar el régimen de las autonomías”.
Gutiérrez destacó que la preocupación no debe ser solo de las universidades, sino también de la Caja Costarricense del Seguro Social y de las municipalidades, que también cuentan con distintos grados de autonomía.
También, el rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González, manifestó su preocupación sobre este tema: “Imaginemos un país que no pueda invertir con claridad y consistencia en educación, en salud y en administración de justicia. Se queda prácticamente en la disponibilidad y en la visión de los jerarcas de turno la posibilidad de invertir o no en estos tres grandes temas capitales”.
“No bastó con la regla fiscal, no bastó con la Ley Marco de Empleo Público, entonces ahora modifiquemos la Constitución para que no haya duda y yo cojo el presupuesto de las universidades y si quiero les doy o no les doy”, agregó el rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), Emmanuel González, mientras que el rector del Tecnológico de Costa Rica (TEC), Luis Paulino Méndez, indicó que este proyecto “es una amenaza más para las universidades públicas”.
Peligro inminente
Los rectores coincidieron en los múltiples peligros que conlleva una reforma como esta para instituciones autónomas, principalmente en temas presupuestarios, pero también en relación con la transformación del Estado o las ambigüedades del texto propuesto.
“Desde Conare cada día estamos más preocupados como rectores de estas universidades, porque nos van a desaparecer; es crónica de una muerte anunciada”, dijo el rector de la UTN, al tiempo que fue tajante con la situación: “Si usted aniquila la Universidad, aniquila el futuro de este país”.
Por su parte, el rector de la UNED expresó que la interpretación de una reforma como esta abre la puerta a la posibilidad de “arrinconar a una institución que no se alinee con una posición de gobierno o la posición de un grupo mayoritario de diputados”, atentando en contra de los equilibrios constitucionales.
También, el rector de la UCR advirtió que los peligros trascienden los temas financieros: “Mañana puede ser libertad de pensamiento y todo lo que hace una casa de estudios como la UCR en la parte de transformación social, que vengan y nos digan esto no, esto es lo que tienen que hacer, y eso jamás lo vamos a permitir”, dijo Gutiérrez,
Al mismo tiempo, el rector de la UNA apuntó que la aprobación de este proyecto sería un “claro mensaje de que la inversión en educación no es prioritaria”, puesto que los presupuestos e inversiones de las universidades quedarían en manos del Gobierno: “El principal peligro es que los presupuestos quedan prácticamente a la libre para las decisiones del Ejecutivo de turno y que como país perdemos la posibilidad de tener inversiones sostenidas y sostenibles en el tiempo que permitan hacer proyectos estratégicos”.
En ese sentido, el rector del TEC sostuvo que el principio de equilibrio financiero “no necesariamente respeta los presupuestos de las instituciones” con autonomía constitucional, por lo cual “el riesgo es muy alto”, especialmente para las universidades, “considerando el trato que han recibido los presupuestos en los últimos años”.
Panorama ajetreado
Los jerarcas se pararon firmemente respecto de las expectativas para lo que queda del año, manifestando que se apegarán a lo que establece la Constitución sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES):
“Ni el Gobierno puede bajar ni nosotros podemos bajar de ahí, entonces se trata por lo menos de respetar el mínimo, y el mínimo es lo que establece el artículo 85 de la Constitución; el FEES no puede ser inferior al del año anterior y tiene que reconocer el efecto del incremento en el costo de la vida”, dijo el presidente del Conare, lo cual fue respaldado también por el rector del TEC: “Estamos en la obligación de defender el derecho a recibir el presupuesto tal y como lo establece la Constitución Política”.
Méndez también agregó que “tenemos que utilizar todos los medios disponibles para manifestarnos en contra de la aprobación de esta reforma constitucional en la primera legislatura, incluyendo las manifestaciones en las calles”.
En la misma línea, el rector de la UTN indicó que “si hay que ir a las calles, vamos a las calles”, mientras que el de la UNA señaló que la movilización le parece un “tema inminente”, lo mismo que para el de la UNED es una posibilidad que no se descarta.
