Rectores defienden el FEES ante la Asamblea Legislativa

Conare asegura que sería inconstitucional que los diputados trataran de cambiar lo acordado entre el gobierno y las universidades sobre el FEES.

La Asamblea Legislativa no tendría facultades constitucionales para modificar lo acordado por las universidades y el gobierno en el convenio del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el Presupuesto Nacional 2017 que se analiza actualmente en la Asamblea Legislativa.

Así lo plantearon los jerarcas de las cinco universidades públicas que integran el  Consejo Nacional de Rectores (Conare) durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa el pasado 10 de octubre.

A la cita asistieron el presidente de Conare y rector de la Universidad Nacional (UNA), Alberto Salom; Henning Jensen de la Universidad de Costa Rica (UCR), Luis Guillermo Carpio de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Julio Calvo del Instituto Tecnológico (TEC) y Marcelo Prieto de la Universidad Técnica Nacional (UTN).

El principal objetivo de los rectores en esta comparecencia fue rechazar las pretensiones de diputados como Otto Guevara, del Movimiento Libertario; y Rosibel Ramos, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), para el monto en que se incrementa el financiamiento para las universidades en 2017 (₡38 mil millones) y trasladarlo al Ministerio de Seguridad Pública.

A las pretensiones de estos diputados se mostraron opuestos los legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC), del Frente Amplio (FA) y algunos del Partido Liberación Nacional (PLN) como Rolando González.

FEES como porcentaje

El presidente de Conare y rector de la UNA, Alberto Salom, inició su intervención ofreciendo datos generales del sistema de educación superior pública y del FEES, recordando que existe una obligación constitucional para que se destine un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para financiar la educación pública.

Dentro de ese porcentaje, Salom explicó que el FEES para el próximo año representará un 1,423% del PIB, mismo que mantuvo en 2016; por lo que el incremento de ₡38 mil millones se debe al crecimiento de la economía nacional de un año a otro.

En este sentido una de las discusiones entre rectores y diputados, especialmente con Guevara, versó sobre la prohibición que se establece en la Constitución Política para que se reduzcan las rentas de las universidades.

El libertario sostuvo que al eliminar el incremento de 38 mil millones dejaría el FEES en los mismo ₡440 mil millones de este año y, por tanto, no significaría una reducción en las rentas de las universidades.

“No estamos planteando nosotros reducir el monto del FEES que está aprobado para este año. No se está tocando para el año entrante. Nosotros lo que estamos diciendo es que no estamos disminuyendo esa renta. Así a futuro hay previsto  un incremento del FEES del casi 9%, cuando la inflación proyectada es del 3%”, afirmó el diputado.

Sin embargo, Salom replicó que en la Constitución Política el financiamiento está definido por el PIB, por lo que eliminar el incremento significaría que el FEES pasaría a representar menos del 1,423% actual, esto hace retroceder al país también en la obligación de alcanzar el 8% para educación.

Más contundente fue el diputado liberacionista Rolando González, quien fijó su posición de apoyar el FEES tal y como quedó negociado; al tiempo que criticó a Guevara por sugerir que el recorte debería hacerse pese a que puedan existir inconstitucionalidades.

“No me veo en una Asamblea Legislativa, en la que desde que entré en la diputación se estableció por parte de Liberación Nacional una pauta de no afectar al FEES, cambiando de criterio ahora de manera ocurrente y antojadiza. Tanto es así que aquí el diputado Otto Guevara dijo que a él no le preocupaban constitucionalidades. Que de por sí la Sala Constitucional cuando le metiéramos la acción, resolvería en el 2018. Cuando ya no surgiría ningún efecto. Eso es una actitud baladí, superficial, circunstancial”, criticó González.

Los rectores también recordaron que la Constitución establece que el FEES solo puede ser definido por la Asamblea Legislativa en caso de que no exista un acuerdo entre el gobierno y las universidades, pero ese acuerdo existe y por tanto los legisladores no podrían modificarlo.

Convenciones en la mira

Uno de los cuestionamientos que recibieron los rectores de parte de diputados como Mario Redondo, tuvieron que ver con el manejo de las convenciones colectivas en las universidades, sobre las cuales tanto la Universidad Nacional como la Universidad de Costa Rica anunciaron próximas negociaciones con los respectivos sindicatos, ante el vencimiento de los actuales acuerdos laborales a inicios del 2017. En el caso del Instituto Tecnológico, este centro ya denunció su convención.

“Al mismo tiempo hay una disminución de la anualidad, hay una revisión y ajuste del régimen de dedicación exclusiva, disminución de incentivos, jornadas extras, ahorro energético de combustibles y papelería entre otros”, comentó Salom.

Respecto a un aparente superávit en las finanzas universitarias, Conare explicó que se debe a que están por ejecutarse proyectos financiados con el crédito por $200 millones otorgado por el Banco Mundial y otras obras proyectadas a largo plazo.

Los jerarcas universitarios mostraron datos sobre el desempeño reciente de sus instituciones en cuanto al crecimiento de la matrícula y cómo se ha beneficiado a miles de estudiantes provenientes de sectores desfavorecidos.

Según Conare, del 2012 al 2015 más del 70% de sus estudiantes nuevos provinieron de colegios públicos, mientras que en promedio un 42% de los estudiantes matriculados tiene una beca socioeconómica, que es otorgada tras realizar un estudio detallado de la situación de cada estudiante.

Además destacaron que se vienen destinando recursos para la creación de nuevas carreras con alta demanda en el mercado laboral, mientras que estudios muestran que los egresados de las universidades públicas son los preferidos por los empleadores en todas las áreas del conocimiento.

La definición de qué pasará con el FEES en el proyecto del Presupuesto Nacional esperará ahora el dictamen de la comisión de Asuntos Hacendarios y luego la discusión en el plenario legislativo.



Mario Redondo, Alianza Demócrata Cristiana:

“Mi interés acá es transmitir un mensaje a los rectores, en el sentido de que queremos mejorar la calidad con que se invierten los recursos, particularmente para la educación superior, en beneficio de los estudiantes: de más oportunidades, de una mejor prestación en los servicios que ellos reciben. Queremos que la inversión y los gastos  no se dirijan a gastos de orden administrativo, costos de alguna naturaleza que no beneficien a los estudiantes”.

Henning Jensen, rector de la UCR: “Algunos diputados fueron muy claros en defender los aspectos más importantes que sostenemos en las universidades públicas estatales, los cuales son: la autonomía universitaria y aquellos principios establecidos por la Constitución Política referentes al financiamiento y a que la potestad de distribución del FEES reside en las mismas universidades. Entonces con ese resultado, yo creo que podemos estar absolutamente satisfechos, no confiados, pero sí seguros de que vamos marchando adecuadamente hacia la aprobación del presupuesto de la República y por lo tanto del FEES para el año 2017”.



 


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