Los rectores de las cinco universidades públicas del país presentaron este 22 de enero, un recurso de inconstitucionalidad contra el recorte de ¢10 mil millones al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), realizado por la Asamblea Legislativa en el presupuesto del 2019.
La Comisión de Enlace, que incluye a las instituciones de educación superior universitaria estatal y los Ministros de Educación, Hacienda, Planificación y Ciencia y Tecnología, fijó el monto para el FEES de este año en ¢511.154,72 millones, el cual integraba el 3% como reconocimiento por la inflación estimada para este 2019, por parte del Banco Central.
Precisamente, la presentación de este recurso fue realizado por el Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen quien indicó que la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa acordó el recorte de ese presupuesto, a pesar del acuerdo de la Comisión de Enlace.
“Según el artículo 85 de nuestra Constitución Política, el FEES es definido en el seno de la Comisión de Enlace, en una negociación que se lleva a cabo entre el Poder Ejecutivo y el Órgano coordinado de la Educación Pública Estatal, el Consejo Nacional de Rectores y que solo en caso de diferendo, que no se diera acuerdo entre las partes, se recurriría a los diputados”, señaló Jensen.
Por otro lado, el FEES debe responder al Proyecto de Planificación de la Educación Superior, que también es elaborador por CONARE, y debe ser ajustado según la tasa de inflación que se de en la economía nacional.
Según el rector de la UCR, el establecimiento del monto del FEES para este 2019 contó con argumentos fehacientes y sólidos, y consideran que la Asamblea Legislativa ha procedido en contra del texto constitucional y violentado los preceptos de la Constitución.
“Siendo, así las cosas, nosotros como instituciones de educación pública debemos salir a reafirmar estos principios que la Constitución establece, en defensa del Estado de derecho y del pueblo costarricense. Muchos diputados manifestaron que este acuerdo era inconstitucional, pero dentro de la Comisión de Hacendarios prevaleció un criterio político, no jurídico y apelamos ahora a la Sala Constitucional para que se restituya este principio”, añadió.
Este recorte afecta de manera diferenciada a cada una de las universidades, en el caso de la Universidad de Costa Rica, significa una reducción de un monto mayor a los ¢5.300 millones, dineros que se tendrán que recuperar de otras partidas.
“Por ejemplo, en estos momentos en la UCR estamos tomando la decisión de transformar el recinto de Golfito en sede universitaria. Una sede para que funcione durante un año requiere de un presupuesto aproximado de ¢5.000 o ¢6.000 millones”, detalló Jensen.
Universidades reclaman
El recurso de inconstitucionalidad presentado por los rectores de las universidades pública solicita que se emita criterio sobre la ilegalidad de la reducción que el Poder Legislativo hizo a la partida de FEES, debido a la intervención indebida en el ámbito de las competencias constitucionales asignadas a la Comisión de Enlace.
Además, que se determine la inconstitucionalidad, al no incorporar la partida correspondiente del FEES, ajustada a la variación del poder adquisitivo de la moneda, la cual fue fijada en el 3%.
De la misma forma, que prevenga al Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa para que incluyan en un presupuesto extraordinario del año 2019, los fondos necesarios para cubrir esos ¢10.000 millones, que fueron rebajados inconstitucionalmente.
Por último, solicitaron los rectores, que se prevenga al Poder Ejecutivo y Asamblea Legislativa de abstenerse a realizar acciones y omisiones que impliquen incumplir el monto del FEES.
