El exdirector de la Oficina Jurídica (OJ) de la Universidad de Costa Rica (UCR), David Fallas, presentó, ante la Fiscalía General, una denuncia contra el rector Carlos Araya por sus supuestas actuaciones en relación con la aprobación del Régimen Salarial Académico (RSA).
Según se lee en el documento, en poder de este medio, Fallas pide al fiscal general, Carlo Díaz, que se realice una investigación en contra de Araya y a varios miembros del Consejo Universitario (CU) por su voto favorable para el RSA “sin que contase con estudios técnicos que acreditaran la sostenibilidad financiera del mismo”.
Además de Araya, el RSA fue respaldado por Eduardo Calderón, Jaime Caravaca y Patricia Fumero (actual directora del CU); todos ellos miembros actuales del CU. Además, votaron a favor de ese régimen Germán Vidaurre, Carmela Velásquez, Natasha García y Valeria Bolaños, exrepresentantes de ese ´órgano colegiado.
“Resulta que, en una investigación periodística difundida este año, se deja entrever que el Reglamento en mención podría haber sido aprobado como forma de catapultar a Carlos Araya Leandro para que alcanzase el cargo de rector de la UCR y que hay personas que votaron a favor de ese reglamento para beneficiarse a sí mismas”, anotó Fallas en la denuncia.
De acuerdo con el exdirector de la OJ, si lo anterior es cierto, eventualmente los responsables podrían haber incurrido en los delitos de legislación o administración en provecho propio, tráfico de influencias, reconocimiento ilegal de beneficios laborales e influencia contra la Hacienda Pública. Todos estos se encuentran tipificados en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (8422).
Fallas también denunció la promulgación, por parte de Araya, de las resoluciones R-13-2025 y R-75-2025, también relacionadas con temas salariales.
“La resolución R-13-2025 parece abrir la puerta para que personas que no sufrieron un cambio de puesto ascendente después del 10 de marzo de 2023 (fecha en que entró a regir la Ley Marco de Empleo Público) sean trasladadas al Régimen Salarial Académico”, indicó el denunciante, explicando que esto iría en contra de la citada norma.
El documento indica que, según reportes de medios de comunicación, ya habrían “casos de traslados a salario global, sin que se cumpla la referida condición legal”. Según Fallas, esa resolución podría ser constitutiva del delito de prevaricato.
Por otra parte, la denuncia indica que la R-75-2025 “permitía incrementar el salario de veintidós puestos administrativos de confianza, designados por el rector”, pese a que tampoco había estudios técnicos para respaldar esa decisión. Después de intensa presión mediática y en el seno universitario, esa medida fue revocada por el propio rector.
“Formulo la presente denuncia para que se investigue el proceder del rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro, y de los integrantes del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica que en su momento y con su voto favorable aprobaron el Reglamento del Régimen Salarial Académico y se determine si medió algún delito al promulgarlo. Además, la planteo para que se investigue si las resoluciones R-13-2025 y R-75-2025, emitidas por Carlos Araya Leandro, son constitutivas de delito”, reza el texto de la denuncia.
UNIVERSIDAD solicitó la posición de la Rectoría sobre este tema, sin embargo, al cierre de la nota no había respuesta.
Consejo Universitario se agita con exigencia de renuncia al rector ante crisis en la UCR
El politólogo, periodista y representante de los Colegios Profesionales ante el CU, William Méndez, envió una carta pública previo a la sesión en la que sostiene que la actual rectoría perdió legitimidad y hunde a la Universidad de Costa Rica en una crisis institucional.
