El rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez, advirtió sobre los riesgos que conlleva para las universidades estatales el proyecto de ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), presentado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el pasado 5 de octubre:
“Es un adefecio político de amenaza para al Estado Social de Derecho; peligrosísimo para el funcionamiento de las universidades, que no pueden jamás, bajo ninguna circunstancia, depender de los intereses de gobiernos de turno”, dijo el rector a UNIVERSIDAD.
En la misma línea, el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Rodrigo Arias, calificó la iniciativa como “un proyecto de ley interventora del FEES de acuerdo con los intereses del Gobierno”.
Arias, también rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), aparece citado dentro de la argumentación inicial del proyecto, haciendo referencia a la necesidad de realizar la distribución del FEES con base en indicadores. Al respecto, el presidente del Conare señaló que, si bien las palabras que se le atribuyen efectivamente él las dijo, su posición siempre ha sido que esa redistribución debe darse en el seno del Conare, en el marco de la autonomía que confiere la Constitución:
“Es cierto en el tanto pienso que tiene que haber una redistribución del FEES porque no es la misma realidad la del 81 a la del 2004 cuando lo plantee, a la del 2020 o a la del 2022, pero enfático he sido siempre en que el único que puede redistribuir esos recursos es el Conare, de acuerdo con el artículo 85 de nuestra Constitución Política. Aquí es donde tenemos que dar esa discusión; aquí es donde en el ejercicio de las competencias que nos corresponden, tenemos que llegar a sentar las bases para que pueda llevarse paulatinamente adelante una redistribución de los recursos del FEES, que como sistema nos fortalezca más de cara a las necesidades de la sociedad en este tiempo”, indicó el académico.
El presidente del Conare agregó que existe un párrafo en la iniciativa que “hasta parece ofensivo”, cuando se establece una prohibición al Conare de establecer nuevos pluses salariales a rectores, directores o personal a cargo.
“Absolutamente nunca, en recursos que se asignen por Conare ha habido nada que venga a darle ningún plus, ningún aumento salarial ni nada parecido a los rectores y a los directores de las universidades. Me parece que es un fragmento de ese artículo que no tiene sostén en absolutamente ninguna acción ejecutada a lo largo del tiempo y que más bien a mí me parece hasta ofensivo que venga a decir que no podemos hacer algo que nunca hemos hecho, porque sabemos que para eso no corresponde el papel de Conare. Los salarios se definen a lo interior de las universidades y no Conare dándole absolutamente nada adicional a los rectores ni a ningún otro funcionario de las universidades”.
El rector de la UCR también manifestó su descontento ante lo planteado por el Ejecutivo: “No es ninguna insinuación, lo dice claramente. Que nosotros antojadizamente nos seleccionamos nuestros salarios (…) Eso no funciona así, lo que demuestra un tremendo desconocimiento del quehacer universitario”.
Gutiérrez recordó que las universidades no pueden hacer lo que quieran con los recursos del FEES: “Los presupuestos de cada institución son aprobados por la Contraloría General de la República (CGR) y al finalizar cada año, esto es una tarea anual, se remite un informe sobre la liquidación presupuestaria y corresponde además a la Asamblea Legislativa como máximo órgano representativo del país, fiscalizar aspectos adicionales a la ejecución de estos recursos en las universidades públicas. No es tarea del Poder Ejecutivo”.
El rector también señaló el riesgo de otro artículo sobre el FEES, que establece que “cualquier excedente que quede, al finalizar el ejercicio económico pasará a caja única del Estado”, como, por ejemplo, los generados por las restricciones presupuestarias que se han impuesto en los últimos años, incluida la regla fiscal:
“Una vez que llega a caja única eso se perdió. No hay manera de recuperarlo y como le indiqué, se utilizaría para cualquier propósito distinto a los intereses de la universidad pública, es un asunto extremadamente complejo”, dijo el rector.
