Las limitaciones presupuestarias que aquejan a la Universidad de Costa Rica (UCR) impiden el desarrollo de 245 proyectos de inversión en todas las sedes, recintos y fincas experimentales de la casa de enseñanza.
Así consta en un oficio enviado a la Rectoría por la jefa de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI) de la UCR, Ana Ulloa Dormond, en febrero de 2023:
“Dadas las condiciones económicas actuales de la Institución, la inversión en infraestructura ha tenido que detenerse casi en su totalidad, lo cual potencialmente puede afectar a mediano y largo plazo las actividades sustantivas”, reza el documento.
El oficio también revela que “la reducción o eliminación del contenido presupuestario dirigido a financiar el Programa de Inversiones” repercute directamente en líneas de trabajo como la implementación de Planes Básicos de Protección contra Incendios o el desarrollo de planes de acción correctivos para el otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento.
“Si no se tiene para atender las necesidades de infraestructura, son muy sensibles las afectaciones que pueden llegar a tenerse”. (Ana Ulloa, jefa de OEPI-UCR)
En el texto se advierte que esta situación podría derivar inclusive en el cierre de las instalaciones físicas de sedes o recintos enteros, al no cumplir a tiempo con los requerimientos para obtener los permisos de operación, debido a la imposibilidad de ejecutar las inversiones necesarias.
“Son cosas que están por ahí que en cualquier momento pueden detonar”, señaló Ulloa en entrevista con UNIVERSIDAD, al tiempo que explicó que muchas edificaciones requieren de “readecuaciones significativas” para lograr el cumplimiento normativo.
Por ejemplo, para cumplir con las regulaciones que establece el Benemérito Cuerpo de Bomberos, se requieren modificaciones sustanciales, pero “la Universidad no tiene la capacidad para asumir esas intervenciones y estamos hablando de algo tan básico como lo que es seguridad humana”, detalló la jefa de OEPI.
245 proyectos detenidos
Desde el 2021, la UCR comenzó a implementar la herramienta Marco de Priorización para el Desarrollo de Infraestructura Física Universitaria, una lista para ordenar de forma prioritaria los proyectos de inversión de la Universidad, de acuerdo con sus necesidades y nivel de urgencia.
Según Ulloa, para 2022 la lista contabilizaba 223 solicitudes de inversión, pero “no hubo recursos para asignarle a nuevos proyectos”. UNIVERSIDAD obtuvo la lista de proyectos actualizada a marzo de 2023, la cual se incrementó a 245 obras en total, no obstante, “de momento no hay presupuesto para hacerlas”, recalcó la encargada de OEPI.
En la lista se encuentran construcciones y remodelaciones de sodas, residencias estudiantiles, aulas, parqueos, bodegas, oficinas, aceras, instalaciones deportivas, entre muchas otras. Algunas inversiones también se relacionan con el cumplimiento de la Ley de Igualdad De Oportunidades Para Las Personas Con Discapacidad (7600).
En cuanto a la asignación de presupuesto, la jefa de OEPI indicó que para 2023 la situación “no pareciera ser diferente” ni tampoco “el panorama para los años subsiguientes”, por lo que “en un par de años” se va a evidenciar que la Universidad no tuvo “mayor desarrollo” en términos de infraestructura.
Ulloa manifestó que la falta de recursos no solo afecta el cumplimiento normativo, sino también proyectos estratégicos orientados, por ejemplo, a dar mayor atención a los estudiantes: “Resulta paradójico, porque, si no se tiene para atender las necesidades de infraestructura, son muy sensibles las afectaciones que pueden llegar a tenerse”.
En el listado actual se observan proyectos con costos desde los $69 mil hasta los $20 millones.
Recortes al FEES
Para Ulloa, el principal motivo por el que las inversiones universitarias se encuentran en esta situación es la disminución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que se ha dado en los últimos años, pero también la aplicación de restricciones en el uso de los recursos, como la regla fiscal: “Todo eso nos limita en términos presupuestarios y, por ende, en términos de inversión”.
Para el FEES de 2023 se dio un recorte en términos reales del financiamiento universitario, al crecer nominalmente un 1%, cuando el costo de vida había aumentado cerca de 12%. Pero en 2020 y 2021 las universidades también sufrieron la postergación de ₡60.795 millones, que a la fecha no han sido reincorporados a las casas de enseñanza. Además, en 2019 la Asamblea Legislativa recortó directamente ₡10.000 millones al FEES, para amortizar deuda pública.
La jefa de OEPI explicó que los recortes al FEES afectan directamente la infraestructura, porque, ante los ajustes que las universidades optan por realizar para afrontar esa disminución de recursos, “es donde se puede recortar sin que genere una afectación sensible en la población estudiantil”.
Mientras tanto, la Universidad actualmente invierte los recursos que puede en “optimizar, operar y mantener la planta física universitaria”, a través de “las necesidades de atención que se puedan resolver con acciones de bajo costo, pero de alto impacto”, aclaró la académica.
Sin embargo, Ulloa anotó que “desde el año pasado, no se le está asignando recursos a nuevos proyectos, sino a lo que venía en la cartera de proyectos que se tenía”, con la advertencia adicional de que “si merma la inversión, todos esos indicadores que son reflejo de las calificaciones que tiene la Universidad en los rankings se van a permear”.
Ante todo esto, la encargada de OEPI indicó que “lo que se requiere es mayor recurso”, pero que no se le puede restar a las actividades sustantivas: “Definitivamente necesitamos una negociación del FEES más robusta, donde a la Universidad se le otorgue lo que por Constitución debería de dársele y pueda desarrollarse bajo los lineamientos que ha tenido siempre, que finalmente es el bienestar social”.
