Proyecto de reducción de salarios afectaría a una tercera parte de la planilla de la UCR

Autoridades universitarias temen que la propuesta de reducción del 15% de las jornadas, propuesta por el Poder Ejecutivo, se refleje en una disminución de proyectos de investigación y acción social.

Alrededor de 3 mil personas funcionarias, principalmente docentes e investigadores, de la Universidad de Costa Rica (UCR) quedaría expuesta a tener una reducción salarial, si prospera la propuesta del Poder Ejecutivo tendiente a aplicar una reducción de 15% en la jornada laboral de los salarios de los empleados públicos superiores al c1.500.000.

La aplicación del proyecto de reducción de jornadas impactaría a una tercera parte de la planilla de la UCR, según el último corte de junio de este año, de los cuales un 96% de los funcionarios gozan de tiempo completo y al menos la mitad de ellos son docentes.

Estas son las principales conclusiones de un análisis hecho por el director de la Escuela de Administración Pública, Leonardo Castellón, expuesto en la página de transparencia de la UCR, donde se publica la planilla mensual de la Universidad.

La reducción de la jornada a aquellas personas que cumplen tiempo completo en la Universidad las obligaría a realizar ajustes en sus planes de trabajo, al pasar de 40 horas de trabajo semanales a 34 horas, lo que impactaría de manera diferenciada a los servicios ofrecidos por docentes y administrativos.

La Vicerrectora de Docencia de la UCR, Susan Francis, teme que esta propuesta recaiga sobre los sectores más vulnerables de la comunidad universitaria por los ajustes administrativos que obligaría a la Institución a realizar.

“No es una situación menor, el impacto en la Institución sería profundo”, dijo Francis y concordaron con ella Castellón y el Vicerrector de Administración, José Francisco Aguilar.

La Vicerrectora dijo que por esa razón, y a pesar de que no es una propuesta en firme aún, han barajado una serie de posibilidades de carácter voluntario y estrategias que afecten lo menos posible a estos sectores.

“Algunos docentes se mostraron dispuestos a dar un porcentaje voluntario para afectar menos a las personas con menor remuneración. Se considera ampliar el número de estudiantes por curso, tomando en cuenta las posibilidades que da la virtualidad y con apoyo de más horas asistente porque el cierre de cursos no debe ser una opción”, aclaró Francis sobre los posibles ajustes.

Francis y Castellón proyectan que la reducción de las jornadas va a implicar una menor participación de los docentes en las comisiones, proyectos de investigación y acción social porque finalmente “la oferta académica tiene que garantizarse”.

“Eso significa menos gente apoyando a las comunidades en la crisis que se avecina con la pandemia y menos docentes realizando aportes científicos como los que hemos visto podrían ayudar a enfrentar el virus”, mencionó Castellón.

La reducción de jornada también afectaría a 16 directores de centros de investigación, 5 directores de centros regionales y 8 personas directoras de institutos de investigación.

Los servicios administrativos igualmente se verían obligados a tomar medidas como la reducción del tiempo de atención o, en consecuencia, que los trámites dentro de la Universidad tarden mucho más, mencionó Castellón.

Francis se mostró especialmente preocupada sobre cómo golpeará a los docentes interinos y las sedes regionales, las cuales considera “serán las mayores afectadas por la propuesta” del Poder Ejecutivo.

“El problema principal es que asume que todos los empleados públicos son iguales y tienen la misma estructura salarial. Es una propuesta insostenible que no puede hacerse sin la fundamentación adecuada” explicó Francis.

Entre los docentes con reducción de jornada hay catedráticos, interinos, exbecarios, invitados y becarios SEP-Conare, a los cuales se les da un permiso laboral para que saquen estudios de posgrado.

Castellón y Francis consideran que la propuesta no contempla lo que sucedería con los requisitos específicos de algunas de estas relaciones contractuales entre la universidad y los funcionarios, muchas veces sometidas a requisitos específicos.

Ambos se preguntan qué pasaría con el pago por exclusividad a quienes cumplen tiempo completo, si a los becarios a los que se les solicita tiempo completo se les tendría que cobrar parte de los costos de la beca por inclumplir el requisito y si a los becarios SEP-Conare se les reduce su jornada de estudios o de trabajo.

Poca acogida política

El Vicerrector de Administración, José Francisco Aguilar, cree que este proyecto tiene poco apoyo político dentro de la Asamblea Legislativa, pero que forma parte de una serie de medidas que atacan la autonomía de las universidades públicas.

Destacó el reciente aporte del Consejo Nacional de Rectores (Conare) dado al fondo solidario para atención de la pandemia y el fortalecimiento de becas estudiantiles.

“El discurso detrás de este tipo de medidas busca debilitar las políticas públicas y las conquistas sociales. Han obligado a las universidades a reforzar la vigilancia para defender los derechos constitucionales de la educación superior pública”, agregó Aguilar.

El Conare acordó dar ¢9.800 millones en abril pasado para atender la crisis por el COVID-19 y ¢6.500 millones para fortalecer el sistema de becas en las universidades a fin de evitar la deserción de estudiantes. En total se destinaron ¢16.300 millones, de los cuales la UCR aportó ¢6.700 millones.

La Comisión Nacional de Enlace, instancia que negocia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), acordó la postergación de las transferencias de capital por la suma de ¢35 mil millones y un recorte al FEES 2020 por la suma de ¢13 mil millones.

Leonardo Castellón, director de la Escuela de Administración Pública, dijo que la reducción de las jornadas reducirá una importante parte de los cuotas obreros patronales a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y bajará el consumo de parte del sector público, lo que afectará la reactivación económica, concluyó.

“Es marginal lo que representa en términos económicos, pero tiene consecuencias que son muy complicadas, distintas fuerzas políticas han dicho que no es un proyecto conveniente”, mencionó Castellón.

En su opinión este tipo de propuestas alimenta el discurso de que es necesario golpear los salarios públicos porque “no hacen nada, ganan demasiado y no se han visto afectados”, pero los efectos recaen sobre poblaciones vulnerables con poco poder, que eran apoyadas por las instituciones del Estado.

La propuesta de reducción de las jornadas en el sector público fue publicada el pasado lunes 20 de julio en el Diario Oficial La Gaceta y pretende ahorrar ¢130.000 millones en planilla.

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