El proyecto de Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior (N. 23.380) anunciado por el Presidente Rodrigo Chaves da paso a que cuatro ministerios tengan injerencia sobre los planes de desarrollo de la educación superior estatal, función que realizan de manera autónoma las cincos universidades estatales del país.
Esta labor, que tiene que ver con los planes futuros de las cinco instituciones de educación superior pública y que se realizan de forma quinquenal (según el artículo 85 de la Constitución Política) recaerían en manos de un Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, mientras que en este momento esa responsabilidad la lleva a cabo la Oficina de Planificación de la Educación Superior (Opes) del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Este organismo, creado en 1978, es el ente constitucional coordinador del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal y cuya función es la adecuada planificación y desarrollo de ésta y administración del Fondo Especial para el Financiamiento de la la Educación Superior (Fees).
Pero de acuerdo con el artículo 4 de esta iniciativa oficialista esta labor recaería en el Consejo de Coordinación estaría integrado por el Conare y los jerarcas o representantes de los Ministerios de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).
Este se encargaría de “promover, fiscalizar y evaluar los resultados del financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal”, así como elaborar el Plan de Desarrollo de la Educación Universitaria Estatal (PLANES).
En el PLANES se pediría la definición de metas e indicadores de corto, mediano y largo plazo, bajo un plan quinquenal sumado de informes “a los tres años del plan y al finalizar el quinquenio”.
El otro cambio profundo sobre las finanzas se da en el artículo 3 del proyecto porque cualquier excedente, como los que se generen por la aplicación de la regla fiscal, ya no se mantendrían en las cuentas de cada uno de los centros de educación superior estatal, sino que pasarán a la Caja Única del Estado, donde está el presupuesto nacional.
En una iniciativa similar, el proyecto de ley Manejo Eficiente de la Liquidez del Estado (N. 22.661) plantea que todas las entidades públicas que administren ingresos públicos tengan la obligación de usar la administración de fondos de la Caja Única. Como implicaciones de este proyecto, UNIVERSIDAD reveló que el Gobierno ahorraría el pago de los intereses, pero las instituciones públicas dejarían de percibirlos.
Por otra parte, el proyecto que busca regular al FEES establece que las universidades estatales presenten planes quinquenales sobre su presupuesto y “todos los gastos necesarios para su funcionamiento, propuestas de investigación, becas y demás gastos”.
De igual forma, las casas de enseñanza tendrían que presentar un informe financiero anual sobre la ejecución de los recursos del FEES al Consejo de Coordinación y a la Contraloría General de la República (CGR), junto con el cumplimiento de los indicadores que establece el PLANES. En caso de no emitir dicho informe, la acción sería sancionada y constituida como una “falta grave contra la Hacienda Pública”.
En cuanto al artículo 8 de la propuesta, se le prohíbe al Conare destinar recursos públicos a otros fines “que no sean los que correspondan a la correcta distribución entre las universidades del FEES”, y también plantea que no se podrán destinar nuevos pluses de naturaleza salarial para los rectores, directores o personal a cargo con los fondos públicos.
Esta iniciativa legislativa incide directamente en la administración de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN), dado que son quienes reciben el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) según lo establece el artículo 85 de la Constitución Política.
El proyecto de ley 23.380 fue presentado el pasado miércoles 6 de octubre por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y los jerarcas del MEP y Hacienda, Anna Katharina Müller y Nogui Acosta.
