Según desde donde se vea, la creación de una nueva área en la Universidad de Costa Rica (UCR), integrada por la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) supone progreso y mayor amplitud de voces o, por el contrario, significa la desintegración y la pérdida de la universalidad de la institución.
UNIVERSIDAD conversó con la decana de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Isabel Avendaño, y con el decano de la FCE, Leonardo Castellón; dos académicos con posturas opuestas sobre esta propuesta, que según las estimaciones existentes tendría un costo anual superior a los ₡100 millones.
Universalidad y pluralidad
Para Avendaño, la creación del Área de Ciencias Económicas “toca el modelo de Universidad con el que fuimos concebidos, el modelo que experimentamos, el que vivimos y el que conocemos, que es un modelo universalista, donde todos los campos del saber participan con equidad”.
Según la decana, el modelo actual de la UCR fue propuesto “a la vanguardia del conocimiento”, por lo que esta propuesta sería un retroceso en elementos importantes como el diálogo entrelazado de saberes y las relaciones recíprocas entre unidades académicas.
Por su parte, Castellón sostiene que la universalidad “tiene que ver con pluralidad”, por lo cual considera importante que la voz y aportes de todas las disciplinas de la FCE se reflejen en la Universidad:
“Este tema de la pluralidad, del aporte de nuestras disciplinas, de repente la manera en cómo ha estado estructurada la Universidad se ha venido perdiendo o no ha podido lograr tener la incidencia que hemos considerado necesaria, porque estamos dentro de un área con otras disciplinas”, dijo el decano.
“No podemos pensar lo social sin lo económico y lo económico sin lo social”, Isabel Avendaño
El académico considera que para lograr esa “mayor pluralidad” se deben abrir aún más los espacios de discusión, para que la FCE pueda aportar en los procesos de discusión y toma de decisiones.
Para Avendaño, sin embargo, esas limitaciones no existen dentro del Área de Ciencias Sociales, actualmente integrada por la FCS y la FCE, junto a Derecho y Educación:
“Somos cuatro facultades, y las cuatro tenemos que emitir criterio. Las áreas se crean como bloques de conocimientos o de facultades epistemológicamente afines y, así como el Área de Salud responde de forma integral, nosotros como Ciencias Sociales, las cuatro respondemos integralmente”.
La decana manifestó que el modelo de universidad actual permite que todas las partes aporten: “El concepto de universidad es universalista y universalista significa que todos los campos del saber tienen que participar de forma equitativa”.
En cambio, para Castellón el Área de Ciencias Sociales es tan amplia y compleja que sus procesos internos no siempre permiten que “todas las voces y visiones puedan ser tomadas en cuenta y sumen en los procesos de toma de decisión”, y aseguró que lo que se busca es ampliar la base de las áreas, lo cual “no va a ir en detrimento de ninguna de las áreas existentes”.
El jerarca también ve en la propuesta una oportunidad para mejorar la atención a los estudiantes, a través de la apertura de un nuevo Centro de Asesoría Estudiantil (CASE) que atendería a la población de la FCE, descongestionando al tiempo el CASE que actualmente existe para las cuatro facultades del Área.
Avendaño analiza esta eventual creación de un nuevo CASE como “la única noticia positiva” de la iniciativa, pero rescata que aún así hay interrogantes, como si esto implica un “desmantelamiento” del actual CASE de Ciencias Sociales o si hay que buscar recursos adicionales para su creación.
Por lo demás, la decana solo ve efectos negativos: “Esta propuesta pone en disputa los fines, los principios orientadores y propósitos del quehacer de la UCR, porque esto lleva a una desintegración orgánica y funcional de nuestra Universidad”.
Castellón señaló que “la naturaleza de la Universidad es cambio”, por lo cual no repensar la realidad de la institución iría en contra de un elemento fundamental de la misma Universidad.
Mientras tanto, Avendaño manifestó que no se trata de quedarse en el pasado, ya que “la sociedad ha cambiado”, pero que se debe fortalecer el modelo de las áreas, al tiempo que invitó a la FCE a seguir trabajando juntas:
“Fortalecer los vínculos académicos, los de comunidad y el trabajo interdisciplinario es la alternativa para contar con una Universidad robusta, que continúe aportando con altos estándares de calidad a la sociedad costarricense”.
Presupuesto
Las estimaciones existentes indican que, de concretarse la propuesta, tendría un costo superior a los ₡100 millones, no obstante, para Castellón son cálculos desactualizados, que no se ajustan a la realidad actual, especialmente tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635) y la Ley Marco de Empleo Público (10.159):
“En este momento, el salario más alto del Consejo Universitario es de ₡5.9 millones de y el más bajo es ₡3.5 millones, entonces eso nos ayudaría a desmitificar que los que van ahí ganan ₡8 millones, porque no es cierto y esos salarios nunca más se van a dar”.
Además, comentó que se debe realizar un análisis de costo-beneficio: “Sin duda alguna nos daría mayor los beneficios que el costo que aparentemente podría tomar”.
El decano indicó que la FCE está en capacidad de asumir los costos que implique la propuesta, sin afectar las demás actividades: “Justamente por lo que nosotros enseñamos en estas aulas sabemos ser muy eficientes en el uso de los recursos”.
Por su parte, para la decana de la FCS, tomando en cuenta el contexto nacional y universitario, el costo millonario de la propuesta se vuelve impertinente para la UCR y recordó que, si bien la FCE dice que puede asumir el costo, la Universidad “es una sola”:
“Implica un costo operativo en momentos en que la sociedad nos está pidiendo simplificación administrativa, austeridad y responsabilidad frente al presupuesto. Le resta también legitimidad al Rector (Gustavo Gutiérrez Espeleta) ante las otras universidades públicas e incluso ante el Gobierno se está aumentando la maquinaria administrativa, en vez de respuestas académicas”, indicó.
La académica resaltó que el mensaje a la sociedad sería que la UCR no es coherente con el país “en cuanto a la urgencia de austeridad y simplificación de la administración pública”, además de que, con las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en el horizonte, esto dejaría “mal parada” a la casa de enseñanza y sería “casi que una irresponsabilidad institucional”.
