El país enfrenta nuevos desafíos para el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información, de acuerdo con el III Informe del Estado de la Libertad Expresión en Costa Rica, publicado por el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi) y el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Giselle Boza Solano, coordinadora del Proledi y docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), expresó que, para 2022, Costa Rica ocupa el octavo lugar en el mundo en libertad de prensa. Por esto, el objetivo de la publicación es “aportar al debate académico, político y social en temas claves para la democracia”.
El Informe consolida seis capítulos sobre los desafíos para ejercer la libertad de expresión, al registrar las tendencias sobre dicho derecho y recoger investigaciones en distintos ámbitos de los derechos comunicativos.
Concentración mediática
El primer capítulo, escrito por Óscar Mario Jiménez, encapsula cómo el ecosistema mediático del país está “poco regulado” por el Estado, de manera que este representa una tendencia a la concentración entre “el ámbito de la propiedad, las audiencias y la publicidad”.
“La aspiración es que, como sociedad democrática, fortalezcamos las garantías, ampliemos las oportunidades y avancemos hacia marcos normativos que garanticen un ecosistema mediático más plural y más diverso”, Giselle Boza.
Jiménez concluyó que Teletica es el principal grupo de comunicación del país, ya que “acapara los servicios de TV por suscripción, las audiencias en TV y la publicidad oficial del Estado”. También, consolidó a Repretel como el grupo económico “con más radioemisoras y el principal ganador del proceso de digitalización de la TV”.
De acuerdo con el autor, se deben establecer límites en el marco jurídico de la concentración mediática, dado que “es un problema para la democracia que lesiona los derechos humanos e impide que las sociedades sean plenamente libres”.
Desinformación durante la campaña política
En el marco de la campaña política de 2022 en Costa Rica, los discursos con contenido de desinformación fueron “relativamente escasos”; de acuerdo con el capítulo a cargo de las investigadoras Carolina Carazo y Larissa Tristán.
Según el análisis, la desinformación trataba sobre temas puntuales como la pandemia, vacunación, elecciones y candidatos presidenciales, “y no en torno a graves amenazas al propio proceso electoral o a mentiras desproporcionadas alrededor de candidaturas o sus propuestas”.
Sin embargo, las investigadoras rescataron que “el espectro de la amenaza de las noticias falsas y la desinformación imposibilita el diálogo democrático y crea desconfianza en los actores políticos, en el gobierno y en el propio sistema político”.
Discusión sobre legislación
Por otra parte, a partir de un análisis jurídico sobre la libertad de expresión, acceso a la información pública, transparencia administrativa y la simplificación de trámites a nivel nacional, el autor del tercer capítulo, Jorge Córdoba, consolidó que “la legislación costarricense sigue siendo muy dispersa y poco uniforme”.
Por tanto, el investigador apoyó la aprobación de la Ley General de Acceso a la Información Pública (N.° 20.799), al plantear que en Costa Rica “no existe una ´Ley Marco´ que regule el derecho de acceso a la información pública, ni sus límites”. Sin embargo, dicha ley fue vetada por el expresidente de la República, Carlos Alvarado.
Riesgos del periodismo
“En el país, el 67.3% de los periodistas encuestados conoce amenazas a los medios de comunicación, el 46.5% considera que se presentan frecuentemente, y cerca de la mitad se han sentido expuestos, al menos a una situación, de hostigamiento, amenaza o vigilancia”; de acuerdo con el capítulo de autoría de Lidieth Garro y Lilliana Solís.
Según la investigación, a pesar de que las organizaciones internacionales consideran que “en el país no se presentan graves violaciones a la libertad de expresión”, dichas manifestaciones están normalizadas por los periodistas.
Encima, las autoras recopilaron que la confidencialidad de las fuentes y la autocensura corresponden a aspectos sensibles en la valoración de la libertad de expresión, dado que los periodistas lo aplican por temor a ser enjuiciados, hostigados o por las represalias.
Violencia mediática y política contra las mujeres
A través de entrevistas a mujeres en el ejercicio político partidario y político administrativo, la investigadora Yanet Martínez recopiló las experiencias que tienen las mujeres al ejercer su profesión, así como las manifestaciones de violencia de género que se desprenden del uso de las redes sociales.
Con el análisis, la autora identificó que las mujeres entrevistadas establecen parámetros de seguridad al utilizar sus redes sociales, y también distinguió un tipo de violencia sobre “el cuestionamiento de la presencia de las mujeres en espacios políticos basado en sus habilidades para la gestión, la dirección de procesos y la pertinencia para ocupar puestos de liderazgos”.
Periodismo de calidad
Diego Pérez, el autor del último capítulo del Informe, realizó un análisis de la calidad de la producción periodística digital en medios nacionales, para descubrir si el periodismo digital se ha visto afectado en términos de calidad por una crisis de financiamiento.
A partir de un “instrumento de calidad”, el autor recolectó que, en 2017, bajo condiciones económicas adversas, La Prensa Libre y CRHoy.com “fallan en brindar la calidad periodística necesaria para el sano debate democrático”, mientras que La Nación “solo cumple parcialmente”.
Pérez añadió que la calidad del periodismo debe entenderse como un derecho ciudadano, ya que su “incumplimiento” tiene una afectación social. Esto, porque los medios “son fundamentales para que la ciudadanía tenga acceso a la información que le permita tomar decisiones en el contexto de una sociedad democrática”.
La presentación del III Informe del Estado de la Libertad Expresión en Costa Rica contó con la participación de Yanet Martínez, directora del CICOM, e Isabel Avendaño, decana de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), así como del presidente de la Corte Suprema de Justicia y el magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro.
“Se requiere la definición política de otros temas relacionados con los mass media, especialmente las distorsiones que provoca su concentración ilimitada y el debilitamiento del pluralismo informativo, así como la vulnerabilidad del comunicador frente a los propietarios de los medios”, finalizó el magistrado sobre los derechos comunicativos.
