Los expertos en materia de libertad de expresión y regulación, el español Ángel García Castillejo y el uruguayo Gustavo Gómez Germano, expusieron sus principales observaciones sobre la importancia de regular la concentración de medios en favor de la pluralidad y la democracia.
Los invitados internacionales visitaron la Universidad de Costa Rica (UCR) el pasado 17 de marzo, en donde participaron en un conversatorio organizado por el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi).
En la actividad, los expertos expusieron sus puntos de vista sobre temáticas como la carencia de marcos legales en Costa Rica y situaciones regulatorias en América Latina, como el caso de la “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” en Argentina.
Ambos cuentan con un amplio recorrido en el estudio de los medios de comunicación y las telecomunicaciones y, además, fueron parte de procesos como el de la digitalización y el de la legislación de medios en sus países.
García es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y consultor de distintos organismos internacionales y de derechos humanos; mientras tanto, Gómez se desempeña como profesor de la Universidad Católica de Uruguay (Ucudal) y como director general del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom).
Para García Castillejo, los países democráticos deberían preocuparse, con especial atención, por la carencia de marcos legales que promuevan la pluralidad, ya que la concentración de medios en pocas manos supone una menor capacidad de que otras personas se expresen en el espacio público de los medios.
“Es un imperativo democrático que los gobiernos y parlamentos promuevan marcos jurídicos que garanticen el ejercicio de la libre expresión, para el conjunto de la ciudadanía y para su pluralidad”, dijo García.
Por su parte, Gómez Germano destacó que es necesario que la población comprenda que la regulación es necesaria para evitar que los medios queden “en manos de pocas personas” y que en esta lucha es necesario señalar que la regulación en este campo no es nueva, sino que busca mejorarse.
“Lo que pasa es que si todos los medios son de una misma orientación y todos representan un mismo grupo social, entonces el Estado tiene que entrar a regular”, advirtió Gómez en torno a legislar para evitar la concentración de medios y favorecer el pluralismo.
El caso de Costa Rica
García Castillejo, quien es consultor en materia de comunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), actuó recientemente como parte de este organismo para la elaboración de la Hoja de Ruta para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Costa Rica, por lo que conoce este contexto.
El proceso de la digitalización del espectro radioeléctrico en Costa Rica empezará en setiembre del 2017, cuando el “apagón analógico” conlleve nuevas oportunidades en el campo de las telecomunicaciones, tales como generar una mayor cantidad de transmisiones de televisión por medio de las mismas frecuencias que ya existen.
Para García, este proceso por el que pasará Costa Rica es la oportunidad para una nueva forma de dividir el espectro y aprovecharlo de mejor manera, de forma que se amplifique la cantidad de personas y grupos sociales capaces de representarse en ellos.
“Sigo estando convencido de que el proceso de transición a la TDT no debería ser solo un proceso de carácter tecnológico; la tecnología digital nos abre posibilidades de introducir modificaciones y cambios en el sistema de medios”, comentó.
No obstante, para García Castillejo, a pesar de que Costa Rica no ha logrado implementar la creación de una nueva ley, las posibilidades del país para abrir el espacio a nuevos actores en los medios de comunicación podrían encontrar un buen punto de partida en el planeamiento del proceso de transición a la televisión digital.
“Lo idóneo sería que esto se viese acompañado del proceso de una reforma de la ley, pero incluso, sin la ley y solo con la planificación del proceso de transición y la división del espectro, podríamos introducir modificaciones sustantivas en el sistema, con mayor pluralidad y menos concentración”, agregó.
A su parecer, al día de hoy, principalmente en Latinoamérica, los medios representan una especie de “oligopolio”, en el que las frecuencias pertenecen solo a quienes pueden comprarlas. Por ello, insiste en que el Estado debe regular, para garantizar una mayor representación social en el uso de las frecuencias.
El caso argentino como ejemplo
En el caso de Gustavo Gómez Germano, fue director Nacional de Telecomunicaciones y Servicios del gobierno de Uruguay entre 2010 y 2011, y desde 2011 es asesor de la Secretaría de Presidencia de Uruguay, en regulación y políticas públicas de servicios de comunicación audiovisual y telecomunicaciones, por lo que conoce a la perfección los procesos de generación de leyes en materia de medios.
Desde su experiencia en materia de regulación, uno de los pasos más importantes para propiciar este tipo de reglamentación es comprender que esta no es nueva, sino que viene a reemplazar intentos de legislación obsoletos, como el de la Ley de Radios costarricense, que data de 1954.
“Lo que estamos disputando en estos momentos no es empezar por primera vez a legislar y regular la comunicación, sino que estamos cuestionando críticamente cómo se ha legislado hasta ahora, para regular mejor”, expresó Gómez sobre el caso costarricense.
Eso sí, Gómez cree que las leyes por sí solas no representan seguridad de buenas prácticas en el ámbito de la comunicación y que eso se puede ejemplificar con el caso actual en Argentina, que en el 2009 promulgó una “ley de medios” que no se tradujo en resultados palpables y que hoy está siendo reformada vía decretos por el nuevo presidente, Mauricio Macri, y su gobierno.
“Les adelanto que siendo tan difícil aprobar una ley democratizadora y que cambie la situación actual, esa es solamente una de las metas. La siguiente etapa es aplicar y defender la ley y si los gobiernos no tienen voluntad de aplicarla, en realidad no tiene mucho sentido”, advirtió Gómez.
En su opinión, un ejemplo claro de lo anterior fue la repartición que en Argentina asignó un 33% del espectro a medios comunitarios y no logró aplicarse. Al día de hoy, esa propuesta parece que no podrá sostenerse ante el embate del gobierno entrante y sus nuevas reformas, que han beneficiado de nuevo a la concentración de medios.
“Quitaron los límites a la concentración de propiedad, quitaron la prohibición de que se pudieran vender y comprar las frecuencias de radio y televisión, cambiaron al organismo regulador”, señaló Gómez, como resumen de las principales reformas que Argentina ha realizado en los últimos meses.
Lamentó que por “la falta de ánimo” gubernamental de aplicar la ley que aprobó en 2009, se desperdició una “gran oportunidad”.
“Durante seis años no se consolidó este avance”, recordó Gómez, sin olvidar hacer alusión a que, si bien la de Argentina fue una lucha social de la que hay mucho que aprender, una de las lecciones que dejó fue que las leyes son solo un paso más y no un fin en sí mismas.
Así, el asesor de Uruguay, país que a finales de 2015 promulgó su propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no dudó en indicar que es una obligación de los gobiernos garantizar el pluralismo en los medios de comunicación y su justa repartición, mediante una buena redacción de las leyes y su adecuada implementación.