Estudiantes, docentes, funcionarios y personas beneficiarias de nueve programas institucionales de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica (UCR) se manifestaron este martes 3 de diciembre frente al Consejo Universitario, para demandar participación en el debate del “Reglamento de Programa Institucional” que se realiza actualmente en esa instancia.
La discusión poco participativa que se ha dado del tema, la posible limitación del plazo de funcionamiento de estas iniciativas a cuatro u ocho años y su adscripción a la Rectoría son las principales críticas que sostienen.
Es por eso que solicitan al Consejo “habilitar un proceso amplio de consulta, que incluya la participación de todos los programas de la Universidad y que se extienda hasta el mes de junio del 2020”, lo cual incluiría agendar una audiencia y “solicitar a la administración, no tomar acciones de fondo que continúen afectando los programas institucionales, hasta que se termine la consulta y la aprobación final del reglamento”.
La agenda del Consejo Universitario para este martes atendía en su quinto punto la discusión del Dictamen CIAS-8-2019, en el cual la Comisión de Investigación y Acción Social presenta una propuesta de reglamento para programas institucionales, en respuesta a una solicitud del plenario realizada en 2006.
Teresita Cordero, directora del Consejo Universitario, y Guillermo Santana, también integrante de este órgano, recibieron en el pasillo frente a la sala de sesiones a una delegación de personas vinculadas a los proyectos.
Este grupo entregó una nota en la que detallan sus preocupaciones y solicitudes, firmada por los coordinadores de Centros Infantiles Universitarios (CIUS), Programa de Educación Abierta (PEA), Programa Integral para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM), Programa Institucional en Discapacidad (Prodis), Programa Kioscos Socio-ambientales, Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Pridena), Programa Institucional de Inclusión de Personas con Discapacidad Cognitiva a la Educación Superior (Proin), Programa para el Desarrollo de la Economía Social Solidaria (Proess) y Programa Institucional Osa-Golfo Dulce (Piosa).
“Nada para nosotros, sin nosotros”
La principal molestia que expresaron los representantes de los diferentes programas es que no se les ha llamado a contribuir en el proceso de construcción de la norma. “En discapacidad se dice siempre ‘Nada para nosotros, sin nosotros’, y aquí se aplica igual. Se hicieron consultas hace más de una década. Las cosas han cambiado, como el quehacer cotidiano, y debería actualizarse esa propuesta conforme a la actualidad”, dijo Gabriela Campos, coordinadora del Proin.
Marisol Rapso, quien está a cargo del PIAM, indicó que el dictamen recoge toda una trayectoria de consultas, pero que “es muy anterior y no se conecta con la realidad de los programas”. Por eso, dijo, no solamente se manifestaron docentes o estudiantes, sino también las poblaciones beneficiarias, que consideró también deben tomarse en cuenta.
“Estamos con los integrantes de algunos de los programas, porque los programas no son papel, son personas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, de educación abierta. Los programas no son algo abstracto, son la respuesta de la Universidad a una sociedad a la que se debe. Eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de definir qué es un programa institucional; no desde un escritorio, sino en conjunto con quienes trabajan y se benefician de ellos”, dijo.
El reglamento propuesto define un programa como “una iniciativa desarrollada por varias unidades académicas de docencia e investigación, que unen esfuerzos para coordinar actividades de carácter multi e interdisciplinar, que tenga como fin investigar a profundidad y proponer soluciones a una problemática coyuntural, estratégica y de impacto nacional y, eventualmente, internacional, en las tres áreas sustantivas de la Universidad. De tal manera que genere resultados tangibles mediante una propuesta país que se convierta en referencia nacional y contribuya a su avance y desarrollo”.
Además, establece que serán “de carácter temporal, con una vigencia mínima de cuatro años, prorrogable hasta un máximo de ocho años” y que “todo programa institucional estará adscrito a la Rectoría”. Incluso, define la forma en que la Rectoría hará la convocatoria para la presentación de propuestas, basada en “temas previamente definidos por esta instancia, o bien a propuesta de la comunidad universitaria”.
Mario León, jubilado y usuario del PIAM, comentó que “decapitar con un reglamento obsoleto los programas institucionales es decapitar una de las áreas sustantivas del quehacer universitario como es la acción social”.
José Alberto Cañas, estudiante del Programa de Personas con discapacidad, se sumó a la manifestación en defensa del proyecto porque a él y sus compañeros les “brinda espacios donde nosotros podemos expresar las habilidades que tenemos y ningún otro programa nos ofrece eso. El Proin es para que uno se suelte, para que no dependa de papi y mami. Aprendemos manejo de dinero, aprendemos a leer, a escribir; son cosas que nos brinda y no hay ningún otro programa para eso”.
Teresita Cordero aclaró al grupo que presentaría la carta al plenario para su discusión y trataría “de expresar sus inquietudes, su necesidad de participación en la discusión de la normativa”. También, agregó: “A veces nos metemos en lo normativo y tratamos de resolver temas así, pero son ustedes los que tienen que decir hacia dónde vamos; esto no está escrito en piedra y si algo me queda claro es que tiene que haber un proceso de participación”.
Santana afirmó: “Yo agradezco que vengan, que nos hagan ver sus necesidades, que son las de la UCR, que nos resalten la falta de claridad que tenemos en nuestra organización universitaria. Me comprometo por supuesto a ayudar en esta iniciativa que nos presentan hoy, porque los programas lo merecen, lo valen y hay que hacerlo”.
Cordero indicó que tras la discusión en el plenario, la resolución se sometería a consulta a la comunidad universitaria, para recoger observaciones y pasar a la preparación del dictamen final y posterior aprobación.
Tras la reunión, Mauricio Álvarez, el coordinador de Kioscos Socio-ambientales, dijo estar satisfecho pues “le estamos marcando un poco la cancha a un proceso que parecía que iba a ser muy expedito y en momentos sumamente delicados: en la pausa de fin de año. Ahora seguiremos levantando los puntos más críticos del reglamento. Por ahora nos hemos referido solo a la forma, no al fondo. Vamos a verlo esta semana que viene y a empezar a hacer observaciones. Estamos ante un escenario de discusión de presupuesto en que se habla de recortes, es un momento delicado para definir el rumbo de la acción social en la Universidad”.
