Procuraduría señala que rebajo al FEES viola la Constitución

Órgano fue claro en que hubo exceso en potestades de los diputados

La Procuraduría General de la República emitió un criterio, dirigido a la Sala Constitucional, en el cual señala que el recorte de ¢10.000 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa llevaron a cabo, es ilegal e inconstitucional.

Para el presupuesto del 2019, la Comisión de Enlace, que incluye a las instituciones de educación superior universitaria estatal y los Ministros de Educación, Hacienda, Planificación y Ciencia y Tecnología, fijó el monto para el FEES en ¢511.154,72 millones, el cual integraba el 3% como inflación estimada para este año, por parte del Banco Central.

A criterio del Procurador Julio Jurado, dicho acuerdo violentó el artículo 85 de la Constitución Política, el cual establece que el FEES es definido en el seno de la Comisión de Enlace, en una negociación que se lleva a cabo entre el Poder Ejecutivo y el Órgano coordinado de la Educación Pública Estatal, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y que solo en caso de diferendo, que no se diera acuerdo entre las partes, se recurriría a los diputados.

Pese a esta norma, los diputados de la Comisión de Hacendarios se atribuyeron la potestad de hacer el rebajo, sin tomar en cuenta el acuerdo previo tomado en la Comisión de Enlace, y la reducción fue refrendada por mayoría en Plenario Legislativo en noviembre pasado.

El Procurador señaló que hay suficientes elementos para concluir que las universidades públicas tienen la razón, al indicar que la Asamblea Legislativa no podía rebajar este monto.

En su respuesta, la Procuraduría señaló que “el derecho de enmienda del legislador presupuestario también aparece limitado por lo dispuesto en el artículo 85 de la Carta Política, cuyas facultades para variar la partida asignada al FEES en el proyecto de ley de presupuesto queda condicionada a que se plantee un diferendo entre el Gobierno y las universidades públicas; lo que no ocurre en la especie, según se puede comprobar del acuerdo suscrito por la Comisión de Enlace que las accionantes adjuntan como prueba, ocasionando que la rebaja llevada a cabo por la Asamblea Legislativa sea, en criterio de la Procuraduría, ilegítima y por ende, inconstitucional”.

De acuerdo con el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, el criterio de la Procuraduría es muy importante, tiene peso jurídico y respalda la posición del CONARE, además de ser un insumo para el criterio que finalmente deberá emitir la Sala Constitucional, instancia que tiene la última palabra.

“Considero de gran relevancia este paso, pues es sin duda crucial para nuestra vida institucional y para recuperar nuestro marco jurídico definido por la Constitución Política”, concluyó Jensen.


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