La Procuraduría de la Ética Pública resolvió este viernes rechazar una denuncia recibida contra el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, en la que se le señalaba una presunta responsabilidad en los casos de irregularidades en los proyectos de edificios financiados por el Banco Mundial.
En la denuncia, sobre la cual la procuraduría no identifica a la persona denunciante, se señalan casos específicos como el del Ciclotrón, el edificio de Tecnologías en Salud, el Edificio del Centro de Investigación en Cirugía de Cáncer, entre otros.
La persona denunciante señaló la presunta responsabilidad de Carlos Araya al haber sido vicerrector de Administración y rector interino cuando se desarrollaban estos proyectos.
Sin embargo, la Procuraduría constató que estos temas ya habían sido objeto de investigación e informes por parte de la Contraloría Universitaria sobre los mismos hechos.
“Así las cosas y, luego de un análisis exhaustivo de la situación planteada, esta representación concluye que el reclamo que nos ocupa resulta improcedente ante esta sede”, dice la resolución.
La Procuraduría explicó que su labor consiste en llevar a cabo una investigación de los hechos denunciados y si como resultado de esa pesquisa se evidencia la comisión de una falta, se remite el informe a la autoridad competente.
“Retomando la denuncia que nos ocupa, es evidente que no procede la realización de una investigación preliminar por parte de esta Oficina, al haberse comprobado que la Oficina de la Contraloría Universitaria de la institución inmiscuida, ha realizado ya varias investigaciones relacionadas con las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de edificios universitarios, siendo que la fecha se han emitido un total de seis informes y, que en relación con la temática general de la queja planteada ante la PEP, existen dos causas penales en trámite”, apunta el documento.
La PEP añade que “la atención que esta Procuraduría podría eventualmente conceder a la formulación propuesta en su acción, únicamente vendría a duplicar sin sentido, contribución o justificación técnica alguna, los esfuerzos realizados por la Administración inmiscuida”.
Al respecto, el rector Carlos Araya comentó que este fallo de la Procuraduría de la Ética Pública refleja el valor del Estado de Derecho, la importancia del respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
«La resolución confirma lo que consistentemente hemos sostenido en el sentido de que en ninguna de las investigaciones realizadas por los órganos de fiscalización se ha determinado eventuales responsabilidades de mi parte en relación con las obras de infraestructura construidas con el empréstito del Banco Mundial», expresó Araya.
