El presupuesto de la Universidad de Costa Rica (UCR) entró en una etapa crucial con miras a obtener la aprobación del Consejo Universitario a más tardar a inicios de la próxima semana, según confirmaron las autoridades a UNIVERSIDAD.
La Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) ya expuso el plan de gastos para este año por un monto de ¢291.333 millones ante el Consejo Universitario, el cual deberá emitir rápidamente un dictamen, para proceder a la aprobación.
Al igual que las demás universidades públicas, la UCR ha tenido que trabajar durante estos primeros días de enero en el ajuste del presupuesto al monto que se tenía aprobado para el 2019, luego de que el pasado 19 de diciembre la Contraloría General de la República (CGR) rechazara el presupuesto con los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2020.
La Contraloría argumentó que para aprobar los recursos correspondientes al FEES, negociado el año anterior, las universidades debían presentar una certificación de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, donde se certificara el cumplimiento de la regla fiscal contenida en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La regla fiscal es un porcentaje que impone un tope al crecimiento de los presupuestos del sector público no financiero, que se calcula sobre la relación entre el porcentaje de la deuda pública y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el cual para ese año sería del 4,67%.
Sin embargo, las universidades estatales consideran que esta regla no les aplica, dada su autonomía de rango constitucional, punto que deberá aclararse en la Sala Constitucional cuando se resuelva el recurso.
Las universidades objetaron a mediados del año anterior el requerimiento de que sus presupuestos fueran certificados por la Secretaría de la Autoridad Presupuestaria, algo en lo que Hacienda cedió en su momento, pero que ahora la Contraloría lo vuelve a solicitar.
Presupuesto en proceso
Ante el rechazo de los presupuestos por la solicitud de la certificación de la Autoridad Presupuestaria, las universidades han trabajado en ajustarse al presupuesto del 2019, que solamente requiere del visto bueno de los respectivos consejos universitarios para entrar en vigencia.
La CGR confirmó a este Semanario que la condición de “archivo sin trámite” de los presupuestos 2020 de las universidades y del Consejo Nacional de Rectores (Conare) “implica que rige el presupuesto definitivo del año inmediato anterior ajustado”.
La respuesta del Área de Servicios Sociales de la Contraloría aclara que al presupuesto 2019 se le deben excluir los ingresos y gastos que, por su naturaleza, solo tuvieron eficacia para ese año.
“La Administración es la responsable de que el monto del presupuesto ajustado se incorpore al Sistema de Información sobre planes y presupuestos (SIPP), por rubro de ingreso, por partida presupuestaria de gastos y por programas, sea igual o inferior al presupuesto definitivo del año precedente”, indicó la CGR.
“Dicho presupuesto no corresponde ser aprobado por la Contraloría y deberá cumplir con el bloque de legalidad aplicable”, concluye la respuesta.
Según confirmó a UNIVERSIDAD el integrante del Consejo Universitario, Carlos Méndez, OPLAU ya hizo la exposición del proyecto, a lo que sigue la elaboración de un dictamen; en esta ocasión, no podrá pasar por la comisión correspondiente, pues las comisiones del Consejo aún no han sido instaladas este año.
Tras este dictamen, el Consejo Universitario en pleno podrá votar el presupuesto para que entre en vigencia antes de que termine este mes.
El rector de la UCR, Henning Jensen, confirmó su expectativa de que el plan de gastos de este año esté listo en los próximos días.
“Espero que se apruebe muy rápidamente. Lo que necesitamos es el dictamen solo del Consejo Universitario, no hay que pasar por la Contraloría General de la República, por lo que esperamos que esto se resuelva con prontitud”, comentó.
Respecto de los fondos de 2020, Jensen indicó que se mantendrán a la espera de lo que resuelva la Sala Constitucional; posteriormente, podrían incluirse esos recursos por vía de los presupuestos extraordinarios que usualmente se aprueban cada año.
