Por conflicto con siete de los artículos reformados en la nueva Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y la Ministra de Salud, Karen Mayorga, decidieron vetarla el pasado lunes 30 de abril. Así lo comunicó Casa Presidencial a la Presidencia de la Asamblea Legislativa.
En los argumentos del veto, el Ejecutivo expuso que algunas de las reformas planteadas suprimen la rectoría del Ministerio de Salud, limitan oportunidades para mejorar la atención médica y afectan a otros profesionales del área de la salud.
Además, los firmantes recalcaron que, aunque los colegios profesionales pueden ser privados, su titularidad en potestades administrativas los convierte en entes públicos no estatales, por lo que toda la normativa que emanen debe ser oficializada por el Poder Ejecutivo.
Por ello, el Ejecutivo objetó los artículos 5, 17 y 19 de la reforma a la Ley Orgánica, dado que pretendían eliminar la obligación actual del Colegio de Médicos y Cirujanos de oficializar su normativa por medio del Ejecutivo, y, en cambio, realizarla por medio de la Junta de Gobierno del Colegio.
El artículo 8 de la Ley planteaba que la Junta de Gobierno del Colegio podrá autorizar a las personas médicas de nacionalidad extranjera “el ejercicio temporal de la medicina dentro del territorio nacional, con fines académicos y de investigación, hasta por un año”.
Según el Ejecutivo, este artículo cierra la posibilidad de brindar atención médica a la población en otras circunstancias.
“Se cierra de esta manera la posibilidad de brindar atención médica a la población, por ejemplo, en campañas de salud que se puedan llevar a cabo en el país, para disminuir listas de espera en la Seguridad Social y para llegar a lugares con barreras de acceso a los Servicios de Salud, lo cual implicaría perder una oportunidad y mecanismo del que hoy se dispone”, expone el veto.
Por medio del artículo 39, el Colegio de Médicos planeaba que, para que un profesional de las ciencias médicas pudiera ser docente en cualquiera de las universidades nacionales, debía estar inscrito como integrante del Colegio o ser autorizado por este.
Sin embargo, el Ejecutivo considera que “se le estaría dando una potestad excesiva al Colegio de Médicos al volverse este el ente competente para autorizar la docencia de profesionales farmacéuticos, microbiólogos, odontólogos, enfermeras y nutricionistas, pese a que todos estos poseen un colegio profesional, que les regula y fiscaliza su ejercicio profesional en las distintas modalidades”.
Finalmente, el artículo 40, uno de los más polémicos, planteaba que ninguna persona médica podrá prestarle servicios remunerados al Estado en más de dos cargos y que únicamente podría desempeñarlos cuando no exista superposición horaria. Es decir, los médicos que enseñan a estudiantes del área de salud por medio de rotaciones en los hospitales o clínicas ya no podrían hacerlo más.
Tanto para el Ejecutivo como para Lizbeth Salazar, directora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR), este artículo es uno de los más conflictivos, puesto que los estudiantes residentes no podrían recibir la formación que actualmente reciben.
“Este limitante podría ocasionar un descenso en la formación de nuevos médicos, o bien una disminución en la calidad del profesorado disponible para los alumnos, dada la importancia del conocimiento práctico en quienes imparten cursos docentes en las ciencias médicas”, expresó el Ejecutivo en el veto.
Ahora, esta reforma a la Ley Orgánica deberá regresar a la Asamblea Legislativa, donde serán las nuevas curules quienes decidirán si acatan las sugerencias realizadas por el Ejecutivo o la aprueban tal y como está, aunque para esto necesitarían al menos 38 votos a favor.
En el Colegio de Médicos lamentan el veto a la reforma, puesto que consideran que les ayudaría “a cumplir aún mejor la labor fundamental de la institución de estar al servicio de la salud y del país”.
El presidente del Colegio, Andrés Castillo, indicó que en la próxima sesión de la Junta de Gobierno se “analizará el alcance del veto y, junto con el Departamento Legal, se decidirá el camino a seguir con relación al proyecto y subsanar los aspectos señalados en la carta presidencial, respetando siempre el proceso legislativo que deba cumplirse”.
Lizbeth Salazar, una de las principales opositoras a la reforma planteada por el Colegio, expresó alivio por el veto del Ejecutivo.
“Es importante para nosotros, desde la Escuela de Medicina, este veto, sobre todo, del artículo 40, porque permite la formación de nuestros médicos tanto generales como de posgrado con superposición horaria, que es vital para la formación médica en todo el mundo”, aseguró Salazar.
No obstante, mantiene preocupación por el artículo 7, el cual aún no ha sido denunciado y que plantea que la equiparación de títulos sería potestad del Colegio de Médicos y no de la Universidad de Costa Rica, como ha sido hasta el momento.
“La entidad que ha sido reconocida y que ha hecho siempre la labor de reconocimiento y equiparación de los títulos es la Escuela de Medicina de la UCR. La Universidad, con todos sus atestados, garantiza que la persona que hace ese proceso tenga los conocimientos básicos para el ejercicio profesional en beneficio de la salud costarricense, que es nuestra gran preocupación”, expresó Salazar.
A pesar de las diferencias, aseguró que buscarán acercamientos con entes competentes a la reforma y el veto para que se tome en cuenta la posición de la Universidad y la Escuela de Medicina, y “se respete la autonomía universitaria y los temas académicos en la formación en medicina”.
“Creo que vamos a trabajar en conjunto el Colegio de Médicos, especialistas, la Escuela, etcétera. Esto va a ser un trabajo en conjunto con todos los entes relacionados, como tuvo que haber sido la primera vez”, finalizó Salazar.
El proyecto de reforma de la Ley Orgánica había estado nueve años en la corriente Legislativa, pero fue aprobada el pasado 21 de marzo en la Comisión Plena Primaria de la Asamblea Legislativa por los diputados Óscar López, Aracelli Segura, Laura Garro, Gerardo Vargas y Steven Núñez.