Las universidades públicas no aceptarán la propuesta de acuerdo para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2024, tal y como fue presentada por el Gobierno, debido a que incluye varias cláusulas que chocan con la autonomía de las casas de enseñanza:
“En ese documento, todo lo que atente contra la autonomía universitaria, todo lo que tenga una posición de verticalización es una situación que nosotros no podríamos aceptar”, dijo el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Emmanuel González, sobre el borrador enviado por el Ejecutivo, al que UNIVERSIDAD tuvo acceso y que incluye varios puntos relacionados con la toma de decisiones universitaria.
En el texto, el Gobierno también ofrece un incremento por inflación en el FEES 2024 de 1,9%, con lo cual, las universidades recibirían ₡575.522 millones. Sobre este punto, las casas de enseñanza no han tomado una decisión definitiva.
“Ellos fueron explícitos y dijeron: si no se acepta el 1,9%, va el 1% a la Asamblea”, Emmanuel González, presidente del Conare.
Al respecto, González manifestó que ese porcentaje de incremento se acerca a la propuesta que las universidades habían presentado, no obstante, insistió en que el 1% pendiente de negociar en 2023 no fue agregado en la base de cálculo: “Esa parte es la que no nos ha satisfecho; pero, si no fuese por ese 1%, nos parece que se estaba ajustando a lo que dice el Artículo 85 (de la Constitución)”.
Por su parte, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), Karen Marín, indicó que “no es viable un 1,9%” para que las universidades sigan realizando sus actividades actuales, sumadas al cumplimiento de los indicadores que se han acordado en la Comisión de Enlace y la agenda de cooperación propuesta por el Gobierno.
La representante estudiantil también señaló su desacuerdo con que no se contemple el 1% pendiente de 2023: “Yo no he escuchado al ministro de Hacienda diciéndome por qué no es viable económicamente. Se lo he preguntado varias veces y lo que me dice es que, en definitiva, el Gobierno de la República no tiene forma de dar ese 1%, pero yo necesito también saber por qué, si, por otro lado, hemos escuchado que las finanzas del país han mejorado en muchos niveles”, destacó.
Tanto Marín como González indicaron que el Gobierno advirtió a las centros de educación superior que, si no aceptaban ese 1,9% de aumento, entonces, enviarían el presupuesto a la Asamblea Legislativa reconociendo un ajuste de solo 1%: “Básicamente es, lo aceptan así, en este momento, o se van con menos”, fueron las palabras de la estudiante para describir la postura del Ejecutivo, mientras que el rector apuntó: “Ellos fueron explícitos y dijeron: ‘si no se acepta, va el 1%, no el 1,9%, a la Asamblea’”.
Ante la posibilidad de llevar la discusión con los diputados, el presidente del Conare se mostró reticente: “Es un panorama incierto y demasiado riesgoso”, aunque no descartó ese camino y aseguró que las universidades llevarán una contrapropuesta este martes.
Sobre este tema, la presidenta de la FEUCR se mostró más optimista e indicó que, si bien existe un “panorama complejo” en el Congreso, se puede “entablar diálogo” con los legisladores, igual que se hizo en las negociaciones con el Gobierno.
Cláusulas de disenso
Además de las lejanas posturas sobre la parte económica, el Ejecutivo incluyó una serie de cláusulas que causan preocupación en las casas de enseñanza.
Entre estas, el borrador dispone que el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (Planes) 2021-2025 debe alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2023-2026, este último formulado por el Gobierno.
“Nosotros no tenemos que vincularlo, debemos considerarlo. Eso es lo que dice el Artículo 85. Obviamente eso no lo vamos a aceptar, eso ya lo hemos puesto hasta por escrito”, apuntó el presidente del Conare, mientras que la presidenta de la FEUCR agregó que “eso es atentar contra la autonomía universitaria”.
Además, el documento señala que “los criterios, compromisos, acciones e indicadores establecidos en la negociación del FEES 2024 orientarán la ejecución de los recursos presupuestarios” del Fondo y establece que “los indicadores universitarios de desempeño y la publicación de sus resultados constituirán el instrumento oficial de rendición de cuentas al país por parte de las instituciones de educación superior universitaria estatal”.
Sobre estos temas, la representante estudiantil dijo que “no está acorde” con lo conversado en las sesiones de negociación que se han mantenido: “Me deja con un gran sinsabor”. Además, recordó que “las universidades no realizan actividades únicamente en esos 25 indicadores” y que los centros de educación superior no le tienen que rendir cuentas al Gobierno, sino a la población costarricense.
Otro punto de preocupación en el acuerdo es que compromete a las universidades a desarrollar nuevas formas de financiamiento; por ejemplo, a través de aumentar el costo de la matrícula y los cursos para estudiantes en el quintil más alto de ingresos.
Para Marín, esto podría ser “una forma para empezar con la privatización de la educación superior pública” y “le quita la razón de ser a la educación pública, que no es cobrarle a la gente para que estudien, sino brindar oportunidades a toda persona”.
En este sentido, González recordó una vez más que las universidades tienen autonomía para este tipo de decisiones: “En el autogobierno nosotros generamos nuestras propias políticas. No estamos sujetos a que nos digan qué es lo que va a suceder”.
La propuesta también plantea que las universidades ejecuten una serie de investigaciones, establecidas por el Ejecutivo: “Yo esperaría que, para generar una agenda de cooperación, primero tengamos claro cuál va a ser el financiamiento y, segundo, que sea una cuestión construida conjuntamente”, dijo la presidenta de la FEUCR sobre este tema y añadió que no es “óptima” la forma en que se está proponiendo.
“No toma en consideración de ninguna forma a las universidades y, en efecto, pareciera que es más como: ‘Necesito que me haga esto, me lo cumple’. Tampoco se pone en discusión cuánto costaría cumplir eso, en términos económicos”, acotó Marín.
