Exámenes orales evaluados con criterios subjetivos y sin respaldo, decisiones arbitrarias permitidas por la normativa, y súbitos cambios en los tipos de nombramientos de las personas involucradas, son algunos de los portillos legales que habrían aprovechado docentes del Programa de Posgrado en Especialidades Médicas (PPEM) para castigar a estudiantes que denunciaron casos de acoso.
Este uso de mecanismos legales, pero anómalos, habría sucedido en al menos cuatro casos de estudiantes que compartieron sus historias con UNIVERSIDAD. Estos residentes aseguran que realizaron denuncias de acoso —académico, laboral y sexual, dependiendo del caso— y en consecuencia fueron separados definitivamente del proceso de especialización médica.
En mayo de este año, se dieron a conocer los casos de María y Ana, una residente de Ortopedia y otra de Dermatología, quienes señalaron prácticas de acoso sexual, machista y laboral en sus respectivas especialidades, previo a ser separadas de sus puestos
Ahora, a estos casos se suman el de una estudiante de Cirugía Cardiovascular Torácica, a quien llamaremos Melissa, pues pidió a este semanario reservarse su nombre, y el de un residente de Neurología a quien, por la misma razón, nos referiremos como Carlos.
En los cuatro casos, según afirman los estudiantes y se lee en sus expedientes, la separación se dio después de que se aplicó un examen oral del que no hay evidencia, el cual tuvo un tribunal a cargo con vínculos cuestionables, cuyas preguntas cambiaron a medio camino o bien, se ignoró un dictamen médico para aplicar una evaluación, la cual resultó en una mala nota y sirvió para la expulsión.
Un infierno de acoso sexista y sexual
María, de acuerdo con su propia narración, soportó cinco años de un “infierno de acoso sexual” por parte de compañeros, quienes estaban protegidos por los docentes. Cuando ya no pudo más y denunció, “usaron la nota de un examen oral para bajarme la nota” y así, la echaron del posgrado.
En el 2019, Diario Extra dio parte de una denuncia anónima interpuesta ante diversas instancias universitarias, instancias judiciales, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y otras instituciones, por comportamientos asociados con pedofilia por parte de residentes de Ortopedia en el Hospital de Niños.
A pesar de que María niega haber sido quien dio parte a las autoridades, sus compañeros asumieron que había sido ella y, entonces, el acoso recrudeció. A pesar de estar en su último semestre y tener la tesis aprobada, un examen oral —que asegura fue aplicado de forma anómala por dos docentes familiares de una de las personas investigadas por los casos de pedofilia— le bajó suficientemente la nota como para perder el semestre.
El Reglamento del Programa de Posgrado en Especialidades Médicas no solamente permite pruebas orales, sino que además deja la puerta abierta para que estas se realicen sin dejar evidencia. El texto indica que: “Las pruebas orales que no dejen constancia material deben efectuarse en presencia de un tribunal de profesores de la disciplina por evaluar, cuya conformación y fecha de realización deberá ser conocida con ocho días hábiles de antelación por los y las estudiantes. Los miembros del tribunal evaluador deberán indicar al estudiante los objetivos y criterios por evaluar, al inicio de la realización de la prueba”.
Además, indica que al estudiante se le debe indicar la posibilidad de grabar el examen y se le debe notificar la calificación de conformidad con los criterios evaluados. No obstante, en el caso de María y de otros estudiantes, algunas de estas laxas condiciones ni siquiera se alcanzaron.
De acuerdo con el Reglamento General del Sistema de Estudios de Posgrado, los estudiantes deben mantener un promedio superior a 8.0 para permanecer en el proceso, pero se permiten excepciones “en casos debidamente justificados” e incluso, se autoriza un semestre de prueba. En el caso de María, estas medidas no se aplicaron, pues la comisión correspondiente así lo decidió.
A pesar de haber interpuesto repetidas medidas cautelares, procesos administrativos e incluso, abrir un proceso en tribunales y ante la Sala Constitucional, actualmente, la médica no ha podido reincorporarse y sigue a la espera de que la UCR resuelva su caso.
El 9 de abril María ganó parcialmente un recurso de amparo y la Sala ordenó a la directora del Sistema de Posgrado en Especialidades, Lydiana Ávila, y al decano del Sistema de Estudios de Posgrado, Olman Quirós, que “en el plazo máximo de dos meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, resuelvan y notifiquen lo que corresponda a la amparada en cuanto a la denuncia por hostigamiento sexual planteada en agosto de 2019”.
Este plazo venció el 9 de junio y según dice, no recibió respuesta alguna, por lo que interpuso un proceso por desacato contra la UCR.
UNIVERSIDAD consultó a la Sala Constitucional sobre el proceso interpuesto por la médica, a lo que su vocero, Alonso Mata, respondió: “Ante la gestión de desobediencia presentada por la tutelada; la Sala emplazó a la autoridad pública condenada a brindar un informe sobre el supuesto incumplimiento de la sentencia. La autoridad condenada emitió el informe. Ahora la Sala deberá evaluar si este fue entregado en plazo, así como los elementos de fondo, para luego emitir una resolución”.
Una rotación médica sin rotación
En el caso de Ana, el acoso vino de parte de seis docentes en la especialidad de Dermatología. Estos profesores no solamente le impidieron rotar en distintos hospitales, como es usual, sino que, según alega se le impidió disfrutar días de asueto, se le prohibió ir de gira, se les negó el acceso a los baños para asearse y hasta a una muda de ropa después de una guardia (que normalmente excede las 24 horas).
A raíz de estas situaciones, su salud mental empezó a sufrir y se afectaron sus notas. En 2018, perdió un semestre. Presentó una revocatoria, alegando la condición que la afectaba, con el respectivo dictamen, y como el proceso estaba en espera, continuó sus estudios.
En los siguientes semestres, obtuvo buenas notas, lo que dice “evidencia lo mucho que amo esta carrera, porque no es fácil sacarse un 90 en un examen que te aplica tu acosador.
Sobre su caso, la primera audiencia se fijó para el pasado 15 de abril, pero al docente convocado le modificaron el nombramiento en marzo y pasó a estar ad honorem, explica, “para que no tuviera que apersonarse”.
Dos años después de ese semestre fallido, la comisión le notificó que no se aceptaba su revocatoria y la separó definitivamente de la carrera, negándole incluso el mencionado semestre de reposición. La estudiante aún espera respuesta de las autoridades y está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias legales.
“Yo lo único que quiero es que me dejen demostrar que fui acosada. Tengo mucho miedo de que vayan a declarar prescrito mi caso, porque este proceso en que la Universidad ha acuerpado y protegido a mis acosadores y me ha maltratado tanto, me ha afectado aún más que el mismo acoso”, dijo la joven entre sollozos.
Evaluaciones sin relación impactaron notas
Melissa, una residente de Cirugía Cardiovascular Torácica también fue separada de su puesto en la especialidad y hoy se encuentra sin trabajo, según dice, por denunciar irregularidades en el proceso y situaciones de acoso sexista y académico.
Desde su ingreso al posgrado, comentó, los médicos a cargo en el Hospital San Juan de Dios (HSJD) manifestaron que no querían residentes ni rotantes, ya que no lo consideraban necesario. “Esto, aunado a constantes burlas, denigración, críticas, un mal trato tanto en sala de operaciones como en los salones con pacientes presentes y personal del HSJD, ha sido la práctica cotidiana de los médicos especialistas del servicio de cirugía cardiaca del HSJD”, cuenta.
A lo largo de la carrera, reportó en varias ocasiones irregularidades en los cursos y evaluaciones que, asegura, estaban impactando sus calificaciones, pues no tenían correlación. La respuesta que recibió por parte de los responsables del programa fue un reclamo, ya que esa situación había sido tolerada por ella y por otros médicos residentes. “Para ellos era yo la que tenía que denunciar el incumplimiento de una obligación académica del Posgrado, cuando lo correcto era cumplir con la obligación”, dijo.
Más adelante, reportó ante los doctores Luis Carlos Pastor y Flory Morera las carencias bibliográficas, organizacionales, estructurales y las evaluaciones parciales escritas, finales orales y las rotaciones mensuales, ausencia de lecciones, recargas laborales fuera de horas asignadas, y falta de supervisión por parte de los tutores y de igualdad de oportunidades en la formación, a causa “de amistad y machismo por parte de los profesores del posgrado”.
En 2018, finalmente, se dictó la recomendación de separación del posgrado por obtener una nota de 7 en el último semestre de 2017 y, a pesar de los recursos legales que presentó, se le separó definitivamente en 2019. Hoy, la médica no ha podido continuar con el proceso legal, pues a falta de ingresos carece de representación legal.
Discriminación capacitista
El caso de Carlos es distinto, aunque en palabras de su abogada —cuyo nombre también nos reservamos pues el proceso aún está abierto y puede llevar a la identificación del denunciante— “Esto es un modus operandi de la universidad. Usan los exámenes, las notas, se deshacen del estudiante alegando bajas calificaciones, pero hay un trasfondo del por qué no lo quieren, que es la razón real”.
En su caso, dice, en la especialidad de Neurología decidieron “que no lo querían” por ser una persona con espectro autista. A pesar de haber ingresado con honores a la residencia y tener buenas calificaciones a lo largo de la carrera, una vez que empezó la especialización los profesores de neurología y especialmente, el director del programa, se ensañaron con él, cuenta.
Según el joven, aunque cuando cursaba la carrera aún no tenía diagnosticada su condición, sus profesores sabían y más bien, constantemente le insistían en que acudiera donde un especialista para certificar la misma.
Pero al no tener acceso a un dictamen, y aunque pidió no hacer examen oral, le aplicaron la prueba que califica como un “examen irregular”. Según dice, se trataba de un caso clínico del Hospital Calderón Guardia en el que ni los doctores a cargo tenían un criterio unificado, que se aplicó a todos los estudiantes independientemente del nivel y de si conocían el caso de previo.
Adicionalmente, el tribunal se conformó el mismo día, incluyendo a un médico que no estaba nombrado, y de la prueba no quedó evidencia alguna, además de que el joven asegura que le cambiaron datos cruciales del caso a medio examen.
A causa de este examen, el joven decidió acudir donde un profesional que certificó su condición, para poder solicitar que no se le volvieran a aplicar exámenes orales y apelar la prueba, pues obtuvo un 55. De igual manera, a pesar de los recursos interpuestos para apelar la nota de ese semestre y pedir un período de prueba, fue separado de su puesto y su caso está aún en vías judiciales.
Las respuestas
*Este recuadro fue actualizado el 13-7-21.
UNIVERSIDAD remitió una serie de consultas a la Oficina de Divulgación e Información, con copia a la Rectoría universitaria y el PPEM sobre este caso.
La directora de la Oficina de Divulgación e Información (ODI), Lidieth Garro, aseguró que no recibió el correo con las consultas.
Por su parte, la Rectoría de la UCR envió la siguiente respuesta:
“Con respecto a la nota publicada por el Semanario Universidad del pasado 6 de julio, sobre supuestas situaciones de acoso hacia estudiantes de especialidades médicas del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), la Rectoría aclara que no puede pronunciarse al respecto debido a que las investigaciones aún se encuentran en curso.
No obstante, manifestamos nuestra preocupación por el contenido de las denuncias y reafirmamos el compromiso para que todos los procesos disciplinarios concluyan oportuna y satisfactoriamente. Seguiremos tomando acciones para garantizar el cumplimiento de la normativa institucional y la construcción de espacios universitarios seguros y libres de hostigamiento sexual y discriminación”.
En el caso del Posgrado en Especialidades Médicas, envió un Derecho de Respuesta que será publicado próximamente.
Sobre cada uno de los casos abordados en este reportaje y las medidas tomadas en cada uno de ellos, se consultó:
- Contemplando la normativa existente, ¿Qué expectativas de resolución tienen los casos de acoso, sea académico, sexual o capacitación en el SEP? ¿Cuándo podrían esperar respuestas finales estos estudiantes?
- Siendo que ya son varios casos que se acumulan en la entidad, ¿se tomarán medidas en el Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) para evitar que esto siga pasando o se considera que todo ha sucedido a derecho?
- ¿Qué medidas se han tomado para resolver estos casos y que estos estudiantes puedan retomar sus carreras, o no existe esa posibilidad?
- En el caso de exámenes orales, ¿existen excepciones?, ¿Cómo deben registrarse?, ¿por qué no se registran?, ¿no se ha contemplado lo frágil del mecanismo ante criterios subjetivos?
- ¿Considera la Universidad que hay oportunidades de mejora en el SEP con respecto a estos temas?
