Los recursos propios generados por las universidades que queden sin ejecutar al cierre del ejercicio presupuestario de cada año se acumularán en superávits inutilizables, a la espera de que la regla fiscal permita su uso.
Así lo afirmó el viceministro de Egresos, Isaac Castro, quien agregó que la regla fiscal no distingue entre el origen de los recursos, a la hora de limitar el gasto: “Las entidades, al no poder utilizar esos superávits, los acumularán hasta el momento en que la regla fiscal les deje espacio para poder hacer uso de ellos”.
El vicerrector de Administración de la Universidad de Costa Rica (UCR), Roberto Guillén, expresó que esta situación no tiene razón de ser.
“Eso es algo irracional, irracional totalmente. No tiene sentido. Dentro del marco de la aplicación de la regla fiscal, de los objetivos de la regla fiscal, no tiene ningún sentido porque eso no incide para nada en el déficit fiscal. Son recursos totalmente separados que no vienen del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), no vienen de impuestos, no vienen de fondos públicos”.
En ese sentido, el viceministro señaló que “el determinar si es lógico o justo que la regla fiscal también se aplique sobre los recursos propios de las universidades, no es un asunto que pueda resolver este Ministerio”.
“Posiblemente quien hizo el proyecto no pensó en el efecto que podría tener esto o tal vez lo hicieron con alevosía pensando en destruir el aparato estatal”, Roxana Morales.
Por su parte, la vicerrectora de Administración de la Universidad Nacional (UNA), Roxana Morales, comentó a UNIVERSIDAD que, de parte de las autoridades gubernamentales, “no hay voluntad para aceptar que el diseño actual de la regla fiscal tiene debilidades que se deben corregir, particularmente pensando en que la inversión es fundamental para reactivar la economía”.
Morales explicó que los recursos propios no se pueden devolver al Estado, además de que la regla fiscal no los regula, ya que son superávits específicos:
“Las instituciones podemos tener los recursos ahí esperando que nos quede un campito en el presupuesto para poder ejecutarlos, pero eso es un sinsentido; no podría tener ninguna justificación técnica hacer esto. Pareciera más bien que la política es destruir al aparato estatal, porque no perseguiría un objetivo de controlar el gasto o controlar el déficit, sino más bien destruir las instituciones o más bien forzar a una reducción en la calidad o cantidad de servicios que se brindan”.
En la misma línea se posicionó Guillén: “No tiene para nada ningún sentido y si afecta la operación y el cumplimiento de resultados y el crecimiento de las capacidades de desarrollo científico y tecnológico”.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Rectores, Francisco González, comentó que son recursos que no solo les ingresan por prestación de servicios, sino por otras actividades.
“…En muchas ocasiones se generan por convenios y donaciones, en consecuencia, es una práctica que definitivamente lo que hace es minar y sobre todo restringir la posibilidad de seguir haciendo universidad pública”.
Más problemas
Una de las preocupaciones de las autoridades universitarias es que los recursos propios generalmente tienen fines específicos que se definieron como fruto de una relación contractual, de modo que, al no poder utilizarlos, quedan en riesgo de incumplir esos compromisos.
“Sobre todo si es materia de vínculo externo, porque el vínculo se genera porque hay compromisos contractuales con entidades, empresas u organizaciones que esperan resultados y si ya uno no ejecutó en el periodo, por X o Y razón, eso no quiere decir que no se requiera o que no se vaya a necesitar. Entonces, eso pondría en peligro realmente poder cumplir con los compromisos establecidos contractualmente”, dijo el vicerrector de la UCR.
Guillén explicó que esos recursos además sirven para que las unidades fomenten la investigación, la ciencia y la tecnología, por lo que “se disminuiría esa posibilidad de crecer y también de lograr los objetivos específicos”.
“La Comunidad Económica Europea te contrata un proyecto, te da un fondo. Vos comenzás a hacerlo en octubre y puede ser que te den un 30% de los recursos, pero eso te tiene que aguantar hasta junio del próximo año, ese 30% mientras vos hacés los trabajos, los estudios o las investigaciones que haya que hacer. Y después te dan el resto, pero si en diciembre hay que hacer un corte y una parte de ese 30% no se ejecutó, iría al superávit. ¿Entonces cómo seguís vos en el siguiente año?”, ejemplificó el académico.
El Vicerrector explicó que para que la regla fiscal permita que se utilicen esos recursos, la deuda pública tendría que ser menor al 60% del producto interno bruto (PIB), y no se vislumbra que eso vaya a cambiar pronto: “Vamos a estar acumulando 6 o 7 años recursos que debimos haber utilizado durante esos años para cumplir objetivos”.
Por su parte, Morales expresó que es contradictorio el hecho de que se limite las posibilidades de las instituciones para captar recursos o utilizar sus propios superávits, ya que la regla fiscal es para controlar las finanzas públicas y “esto no tiene ninguna relación”.
Para la Vicerrectora de la Una, esta situación provocará que algunos servicios que las universidades dan, comiencen a reducirse: “Nosotros jamás vamos a pensar en reducir matrícula, pero otros servicios que brindan las instituciones, posiblemente sean los que se vean afectados de primero. Jornadas de investigación o proyectos. Al final las universidades aportan tanto al desarrollo de las comunidades y eso es lo primero que se ve afectado”.
Concluyó que la regla fiscal principalmente debilita a las instituciones, en vez de beneficiar las finanzas públicas.
“Al final uno podría decir, “sí, puede ser un poco más eficiente, pero junto con la eficiencia lo que está haciendo es reducir el tamaño del Estado”. Entonces si lo que querían con la regla no era controlar el crecimiento del gasto sino reducir o eliminar instituciones, era mejor que lo dejaran claro así, porque en realidad ese es el objetivo que está teniendo”.
