La división de criterios que vive el país entorno a la aprobación de una nueva reforma fiscal, mediante el proyecto de Ley 20.580 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, también ha generado diversidad de criterios en Universidad de Costa Rica (UCR), donde expertos de diversas áreas han manifestado sus argumentos sobre los beneficios y desventajas de esa iniciativa.
La UCR ha tomado en las últimas semanas un rol activo para generar discusión, análisis y toma de acciones en el marco de la discusión fiscal, pero lo cierto es que las posiciones han sido en muchas ocasiones encontradas y presentan diversos escenarios.
Una muestra de ello es que, desde la Administración, el rector Henning Jensen en sus diversas intervenciones ha sido enfático al afirmar que el país necesita una reforma fiscal y que en muchos rubros del estado costarricense se debe contener el gasto social, pero no coincide con que se toque el área de educación.
Así lo ha manifestado en diversos foros y conversatorios en los cuales han participado él y otros jerarcas universitarios, en los cuales han explicado las implicaciones y alcances del proyecto para la sociedad costarricense y, específicamente, para las universidades públicas.
Por ejemplo, la Escuela de Trabajo Social desarrolló un conversatorio donde participaron el rector Henning Jensen; el presentante de la Federación de Estudiantes, Renato Franco Rodríguez; la secretaria general del Sindicato de Empleados de la UCR, Rosemary Gómez; y el vicerrector de Administración, Carlos Araya.
En esta, como en otras que se han realizado, Jensen fue enfático en que tanto la UCR como el Consejo Nacional de Rectores han llevado a cabo esfuerzos para eliminar del proyecto las cláusulas que afectan a las universidades públicas; sin embargo, no han contado con apoyo político.
El Rector comentó que este proyecto impone a las universidades estatales la obligatoriedad de tributar un 2% por la compra y venta de bienes y servicios. Además, señaló que se incluye dentro del presupuesto de educación al Instituto Nacional de Aprendizaje y a la Red de Cuido, así como el impulso de reformas constitucionales, lo que podría conducir a una “lesión profunda” de la sociedad por afectar la educación.
“Con este proyecto se deroga la ley que asigna recursos al Recinto de Paraíso, y es importante que se entienda que la UCR utiliza parte de esos recursos en sus proyectos de regionalización, lo cual apoya la función de la democratización de la educación superior”, argumentó Jensen en dicho foro.
Sedes preocupadas
Hay sectores que muestran una mayor preocupación por la opción de que se apruebe el proyecto como está. Tal es el caso del Consejo de Área de Sedes Regionales de la UCR, cuyos miembros anunciaron la suspensión de todas las actividades de carácter evaluativo en las sedes regionales, incluyendo recintos.
Precisamente, desde las sedes regionales ha existido una preocupación porque el proyecto 20.580 podría afectar el programa de regionalización de la UCR, específicamente el Recinto de Paraíso de Cartago, como explicó Jensen, por la reducción de su presupuesto.
Así lo confirmó Francisco Rodríguez, director de Occidente y coordinador del Consejo de Áreas, quien indicó que, además del recinto de Paraíso, la Sede Pacífico vería afectado su presupuesto en ¢110 millones, con lo cual se pagan salarios de funcionarios que desempeñan labores administrativas; entre ellos, oficiales de seguridad y personal de apoyo.
“También se afectaría la sede Guanacaste, que perdería de ¢19 a ¢26 millones, derivados de la Ley de Pesca y Acuicultura, recursos que se utilizan para el nombramiento de funcionarios, y estos recortes incidirán de manera directa y negativa en el funcionamiento de las Sedes Regionales”, argumentó Rodríguez.
Un mal necesario
No obstante, hay otros grupos que sostienen que es urgente que el proyecto de ley se apruebe y desmienten que la afectación llegue a niveles de empobrecimiento para la población costarricense.
Tal es el caso del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas, el cual emitió un pronunciamiento a favor del proyecto 20.580, donde reconocía la urgencia de que se apruebe la reforma y explicó que hay mecanismos, establecidos en la Ley, que protegerían a las poblaciones vulnerables.
Según Carlos Palma, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, las diferentes escuelas han hecho el análisis para emitir el pronunciamiento, que tiene un enfoque técnico, y determinaron que, aunque la reforma no es la solución perfecta, se debe avanzar en este tema para atender las demandas de los compromisos internacionales.
“La reforma fiscal es una necesidad para que el país pueda cumplir con compromisos internacionales y no se vaya a caer en una crisis económica difícil, y lo que nosotros consideramos es que no se puede sacar de la corriente legislativa, sino que se le hagan todas las modificaciones posibles al análisis del proyecto”, indicó Palma.
Los especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas que emitieron el pronunciamiento advirtieron que el déficit fiscal es insostenible y para enfrentarlo se necesitan tanto medidas que aumenten los ingresos como medidas que reduzcan el crecimiento del gasto.
Con respecto al movimiento social que se gesta en las últimas semanas contra la reforma fiscal, el Consejo de Facultad aseguró no apoyar la continuación de la huelga, ni los actos que impiden el libre tránsito o afectan los activos del Estado y la población en general.
Pero hay otros sectores que sí apoyan esta lucha que emprendieron los trabajadores hace ya tres semanas. De hecho, el Consejo Universitario llamó a un paro activo para todas las unidades académicas y administrativas de la UCR, y nombrará una comisión que analice y recomiende a Rectoría las acciones a tomar en el marco de esta lucha.
Rodrigo Carboni, director del Consejo Universitario, indicó que el paro activo no implica que se esté en paro de labores o huelga, sino que los funcionarios y estudiantes deben mantenerse alerta para participar en el momento en que se convoquen actividades con respecto a la reforma fiscal.
“La comisión estará integrada por un representante de la Rectoría, de la Federación de Estudiantes, del sector Administrativo, Docente y del Sindicato, así como dos personas del Consejo Universitario. Esta comisión será la que plantee las acciones a seguir y será la Rectoría el encargado de aprobar dichas propuestas y facilitar los permisos para que la comunidad universitaria participe”, dijo Carboni.
La participación de la comunidad universitaria en la coyuntura que vive el país es esencial, y es vital que exista transparencia e información oportuna sobre el impacto real que tendrá dicho proyecto para toda la sociedad costarricense y las consecuencias de que no se apruebe.
Mientras tanto, desde las diversas unidades académicas se impulsa la discusión en foros, conversatorios y análisis de la temática, a los cuales se pueden integrar todas las personas interesadas.
