A partir de una iniciativa impulsada por la representante del sector administrativo en el Consejo Universitario, la MTE Stephanie Fallas Navarro, un grupo de más de 1000 funcionarios y funcionarias de la Universidad de Costa Rica (UCR) suscribió un pronunciamiento en defensa de la universidad pública estatal y en contra del proyecto de Ley Marco de empleo público (Expediente 21.336).
En el documento, que será enviado a los diputados y a las diputadas de la República, se identifican una serie de repercusiones presentes para la educación superior en esta propuesta legislativa, entre las que destacan el debilitamiento de la autonomía institucional estipulada en la Constitución Política, la afectación del modelo de educación superior pública, los derechos laborales, así como la precarización de los salarios del sector público, la invisibilización de la convención colectiva como instrumento para resguardar los derechos de la clase trabajadora y la intromisión de los intereses políticos en el quehacer universitario.
Debido a esta situación, el personal administrativo de la UCR, en defensa de la educación superior pública y de los derechos de la ciudadanía costarricense, le solicitó a la Asamblea Legislativa que archive inmediatamente este proyecto de ley.
