La incertidumbre por el vacío legal de la normativa universitaria impulsó a académicos y asesores legales a plantear sus criterios y propuestas ante el Consejo Universitario.
Magistrados acogieron para estudio el recurso de amparo en el que la funcionaria alega que la suspensión de las votaciones (debido a la emergencia sanitaria) violenta derechos de los electores.
