El Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José ordenó que Olga Brenes sea reinstalada en su puesto como miscelánea en la Universidad de Costa Rica -subcontratada por la través de la empresa Servicios de Limpieza a Su Medida (SELIME S.A)- pues el despido violentó del fuero especial que le concede su cargo como dirigente sindical.
Brenes trabaja en el campus universitario desde julio del año 2016 pero en abril pasado fue despedida con responsabilidad patronal pero sin cumplir el procedimiento especial establecido para casos en que la persona trabajadora se encuentra cubierta por un fuero sindical de protección.
El Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (Sitrasep), del que Brenes forma parte como secretaria de la mujer en la seccional de Selime, había denunciando que aunque el despido la trabajadora fuera con responsabilidad patronal, violaba su fuero sindical, un derecho “tutelado por la normativa nacional e internacional que protege los derechos sindicales de las personas trabajadoras”.
Ricardo Solís, del bufete Aequitas y representante de la sindicalista, explicó que el juez que vio el caso en primera instancia rechazó la solicitud de reinstalación como medida cautelar “con una argumentación completamente desapegada de la ley” pero que en apelación el tribunal sí la concedió, por lo que no sólo Brenes podrá volver a su puesto, sino que se le deben pagar los salarios caídos entre abril y noviembre.
Además, dijo, ya se realizó el juicio del caso en primera instancia pero aún no hay resolución y el proceso definitivamente seguirá a casación. “Si el juez resuelve a derecho nos lo va a dar y la empresa va a llevarlo a casación, pero si continúa resolviendo en la línea en que resolvió la medida cautelar no nos lo va a dar y nosotros entonces lo vamos a llevar a casación”, explicó.
Justamente contemplando que el proceso puede tomar años es que es importante que la mujer haya recuperado su trabajo, donde además puede continuar haciendo trabajo sindical en favor de una población que labora en paupérrimas condiciones que se han denunciado previamente en este medio (ver reportaje: «Selime: La invisible precariedad laboral que mantiene limpia la Universidad»).
Lo que sigue, dijo Solís, es plantear una ejecución de la sentencia para el cobro de los salarios caídos y garantizar que a brenes se le reinstale, como ordena la resolución, en el mismo lugar donde laboraba antes.
Este caso, explicó el laboralista es muy importante porque pone “a raya a los empleadores que están haciendo mal el trabajo” pero aún más porque “el sindicato ha venido hace mucho tiempo denunciando prácticas ilegales en la empresa y prácticas que no están conforme a derecho”, que quedan ahora en evidencia.
“Es inconcebible que el Estado en general y la UCR en particular no haga nada por esto. A la universidad, honestamente no le importa si la empresa cumple o no cumple con los derechos de sus trabajadores”, reclamó.
Ahora, según el abogado, este proceso sienta si las bases para que el sindicato “pueda seguir luchando por la afiliación” al tiempo que confirma y consolida los derechos que tienen las personas dirigentes sindicales.
