La creación de una nueva Área de Ciencias Económicas en la Universidad de Costa Rica (UCR) tendría un costo inicial de ₡90.956.000, según información suministrada por la Oficina de Planificación Universitaria (Oplau) a UNIVERSIDAD.
Esta cifra corresponde a las estimaciones actualizadas para 2022, luego de que la Oplau emitiera en 2017 un documento donde el monto calculado ascendía a ₡166.390.994. Este último dato, no obstante, fue calculado con un error de digitación en el rubro de equipamiento, situándolo en ₡20 millones en lugar de ₡2 millones.
En octubre de 2021, la Comisión de Estatuto Orgánico del Consejo Universitario (CU) solicitó una aclaración a la Oplau sobre esa estimación del rubro de equipamiento, además de una revisión en el costo del proceso de elección, cifrado en ese momento en ₡15 millones.
“Fragmentar disciplinariamente la Universidad no tiene sentido”, Patricia Fumero
Posteriormente, en diciembre de 2021, la Comisión de Estatuto Orgánico presentó un dictamen de minoría sobre el proyecto de creación del Área de Ciencias Económicas, donde realizaron un nuevo cálculo, excluyendo los rubros que estaban en objeto de revisión y el costo del coordinador de área (en la práctica no se define), lo cual dio como resultado ₡100.233.354.
Ahora, en las nuevas estimaciones, la Oplau corrige esos rubros y además se actualizan otros montos “considerando la normativa vigente, la cual con las variaciones más recientes ha desacelerado el crecimiento salarial”.
Sobre las estimaciones actualizadas, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), Leonardo Castellón, volvió a cuestionar algunos puntos como el salario estimado para el representante, el rubro de equipamiento y los dos representantes de la Comisión de Régimen Académico: “Mi sensación, mi olfato me diría que sería menor a eso todavía”.
Castellón sostuvo que “el análisis tiene que ir en el costo marginal”, lo que significa que el cálculo debería realizarse teniendo en cuenta lo que costaría reemplazar a la persona que sería elegida para el CU: “Muy posiblemente no va a ser sustituido por una persona que tenga el mismo salario, sino que muy posiblemente va a ser sustituido por una persona cuyo salario es menor”.
Más allá del costo
La representante ante el CU por el Área de Artes y Letras, Patricia Fumero, manifestó a UNIVERSIDAD que la propuesta debe ser analizada más allá del tema económico:
“Si nos quedamos solo en los aspectos financieros caemos en la misma trampa que hemos venido viendo de los neoliberales, que todo solo lo están midiendo a partir de parámetros económicos y que no son suficientes para justificar decisiones que van a ser tan trascendentes para el desarrollo institucional”, manifestó Fumero, quien en su momento votó en contra de llevar la iniciativa a segunda consulta con la comunidad universitaria.
La representante manifestó que “fragmentar disciplinariamente la Universidad no tiene sentido” e indicó que, si se habla de representatividad, darle un asiento en el CU a la FCE supondría que queden “aún más subrepresentadas las sedes (regionales)”:
“¿Cómo podemos hablar de representatividad, si más bien va a estar todavía más sobrerrepresentada la Sede Rodrigo Facio? Entonces deberíamos darles un asiento más bien a las regiones”, comentó la académica.
Fumero agregó que la FCE quiere que su voz sea escuchada y su forma de análisis visibilizada, sin embargo, en la actualidad ellos mismos no se visibilizan: “Tampoco vemos que en la esfera pública la misma escuela lleve la vanguardia de la discusión en asuntos económicos y financieros, entonces, si realmente quieren oír su voz, creo que deberían empezar a darse a conocer y dar sus opiniones en una forma proactiva y sistemática en la esfera pública también”.
La representante añadió que en la parte económica “también es un sinsentido” porque se estaría creando “todo un aparato burocrático nuevo” y aseguró que la aprobación de la iniciativa sería un mal mensaje, tanto para la comunidad universitaria como para la nacional:
“Eso no es lo que quiere la comunidad costarricense y es un pésimo mensaje, porque estamos creando más estructura administrativa y no estamos enfatizando en fortalecer la docencia, entonces, mejor creemos plazas docentes, creemos más edificios para poder tener más alumnos, más infraestructura, que sea en beneficio de la sociedad, no en beneficio de una sola área disciplinaria”, concluyó.
Por su parte, Castellón también manifestó que no hay que enfocarse solo en el costo: “Vamos a tener, por ejemplo, mayor representación de una parte de la comunidad universitaria, vamos a tener mejores procesos de toma de decisión, mayor pluralidad, mejor visión en los diferentes órganos en los que está presente el área”.
El decano también manifestó que otro beneficio sería la creación de un nuevo Centro de Asesoría Estudiantil (CASE), lo cual descongestionaría el actual que tiene el Área de Ciencias Sociales, al llevarse a la población de la FCE: “Desde nuestra perspectiva en esta ecuación de costo beneficio, el beneficio es mayor que el costo y consideramos importante que la Universidad pueda avanzar en la línea que nosotros estamos proponiendo”.
Para esta información se intentó contactar a todos los miembros del CU que votaron a favor de llevar la iniciativa a segunda consulta, así como al rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez, no obstante, no fue posible obtener declaraciones de ninguno de ellos, por diversos motivos:
En el caso de Carmela Velásquez, Miryam Badilla y María José Mejías indicaron que no tenían comentarios u observaciones al ser un caso abierto en estudio y por estar esperando los resultados de la segunda consulta a la comunidad universitaria.
Por su parte, Eduardo Calderón manifestó que considera prudente reservarse su posición, debido a que el tema se encuentra en análisis por parte del CU, mientras que Carlos Araya indicó que no tiene criterio para emitir al respecto, por no formar parte de la Comisión de Estatuto Orgánico que analiza el caso.
Además, Carlos Palma había comentado con anterioridad, sobre la iniciativa en cuestión, que “existe iniciativa de la FCS de que debo inhibirme de conocer ese tema, razón por la cual no debo exponerme”.
En el caso de Germán Vidaurre, director del Consejo, señaló que no puede adelantar criterio porque entiende que la iniciativa está en la etapa de recolección de insumos por parte de la comunidad para posteriormente dictaminar.
El asesor en comunicación del rector Gustavo Gutiérrez externó que no iba a referirse porque “se trata de no sesgar el proceso de la comisión de Estatuto Orgánico donde está representado (el rector) por la Vicerrectora de Acción Social”.
En el caso de la representante administrativa Stephanie Fallas no respondió los mensajes enviados, aunque estos aparecen con confirmación de lectura.