Universitarias Nota asegura que universidades quedan fuera del decreto 42.798-H

Oficio de Hacienda tranquiliza a universidades sobre decreto que limita más el gasto

En un foro en la UCR expertos expresaron que el decreto podría limitar aún más el uso de recursos en las universidades.

Autoridades de varias universidades estatales esperan que con la nota enviada por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda (STAP) queden por fuera de la aplicación del decreto 42.798-H, que impone más límites a las inversiones y gastos de las instituciones del sector público.

Este decreto, que entró en vigor el 12 de enero, se presenta como un complemento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9635) y busca “lograr una subejecución de las autorizaciones incluidas en las leyes de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República correspondientes”. La idea es que se reduzca el gasto corriente primario en 3,45 puntos porcentuales del PIB entre los años 2021 y el 2025; “procurando obtener al menos con estas medidas un 60% de dicho ajuste”.

El texto contiene medidas para el control y reducción de gasto en diferentes partidas, como: transferencias corrientes, adquisición de bienes y servicios, servicios especiales, suplencias y remuneraciones eventuales.

El edicto excluye al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa, con los respectivos órganos de cada uno, así como al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), pero no a las cinco universidades estatales.

 “Nosotros hemos levantado la bandera de respeto a lo que dice la Constitución Política”, Rodrigo Arias, rector de la UNED.

Posibles consecuencias

En un conversatorio en línea, organizado por la Universidad de Costa Rica (UCR), el pasado jueves 11 de marzo, el exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, lanzó la voz de alerta de que el decreto sí plantea una reducción en el gasto en transferencias corrientes.

Existen una serie de órganos desconcentrados, que reciben mediante transferencias,  recursos provenientes del Gobierno Central, como son los girados a las universidades públicas, los del Fondo Nacional de Asignaciones Familiares (Fodesaf), destinado a programas sociales, o los del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), cuyo objetivo es la construcción y mantenimiento de carreteras nacionales.

En opinión del economista Rodríguez esas transferencias en el caso de las universidades “no van a crecer más que casi medio punto porcentual anual con respecto al 2020, que ya era un año donde hubo bastante restricción en materia presupuestaria”.

Rodríguez expuso que entre las consecuencias que tendría este decreto están:

  • Genera una pérdida de poder adquisitivo en las universidades.
  • Dificulta la posibilidad de tener un porcentaje anual de crecimiento mayor, a no ser que se reduzca el de otras partidas de transferencias como la de Fodesaf.
  • No hay espacio para ningún ajuste en gasto real, ni por incremento en matrícula estudiantil, ni para otorgar mayor cantidad de becas.
  • Deja a las universidades expuestas ante aumentos de precios de servicios públicos, que no puedan ser cubiertos con recursos propios.

Johanna Alarcón, directora de la Oficina de Planificación Universitaria (Oplau) de la UCR, dijo en ese encuentro que “es relevante esta parte de las transferencias corrientes porque es precisamente en donde se encuentra el sistema de becas”.

Confianza en Hacienda

A pesar de que las universidades no están excluidas explícitamente dentro del decreto, autoridades de la UCR, de la Universidad Nacional (UNA), del Tecnológico de Costa Rica (TEC) y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) no mostraron mayores preocupaciones sobre su aplicación, tras ser consultadas por UNIVERSIDAD.

La razón responde a que el pasado 11 de marzo la Autoridad Presupuestaria emitió el oficio STAP-0493-2021 en el que se señala que: “Al ser la Universidad de Costa Rica una Institución Descentralizada no Empresarial, no le correspondería la aplicación del Decreto de cita”.

“Recientemente recibimos una notificación donde se deja claro que el decreto no aplica para las instituciones autónomas como las nuestras”, afirmó Francisco González, rector de la UNA.

González, también presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), aclaró que, desde enero, la Comisión de Enlace se había reunido con el Ministro de Hacienda, Ellián Villegas, quien manifestó no tener la intención de que el ámbito de aplicación del decreto incluyera a las universidades.

Por su parte, el vicerrector de Administración de la UCR, Oldemar Rodríguez, informó que una reunión con el viceministro de Egresos, Isaac Castro, donde se abordó el tema, le permite concluir que se respetará el oficio que indica la no aplicación del decreto a estos centros de educación superior.

“Tenemos la gran confianza de que sí (se respete el oficio) porque es una nota directamente de una reunión con el viceministro y que nos manda su principal asistente. Nosotros tenemos una gran fe —todas las universidades— de que esto tenga que aplicarse, porque por primera vez lo tenemos por escrito”, comentó el Vicerrector.

Luis Paulino Méndez, rector del TEC, dijo no tener ninguna preocupación y se remitió al oficio, así como a conversaciones con el Ministro de Hacienda para considerar que el mandato no afecta a las universidades, ni al Fondo Especial de Educación Superior (FEES).

Igual confianza externó el rector de la UNED, Rodrigo Arias, quien explicó a este semanario que el oficio de Hacienda responde a una manifestación de la legalidad.

“Consideramos que la nota de STAP se apega totalmente a la legalidad y todos debemos de respetar la legalidad. Si en algún momento no lo hacen nos obligarían nuevamente a ir a plantear las acciones correspondientes al juzgado que sea necesario”, aseveró.

Nota no frenó obligación

A mediados de 2019, en el contexto de la aprobación de los presupuestos de las universidades para el 2020, la Autoridad Presupuestaria (STAP) había estipulado que las universidades debían presentarles los presupuestos, para que esta entidad velara por el cumplimiento de la regla fiscal, establecida en la Ley No. 9635.

Las universidades se manifestaron en contra de esa disposición, lo cual dio lugar a que el entonces viceministro de Egresos, Rodolfo Cordero, emitiera un oficio que estipulaba que “queda a criterio de dichos centros de educación superior acreditar el cumplimiento de la Regla Fiscal directamente ante el órgano competente, bajo el entendido de que corresponde a la Contraloría General de la República verificar si se cumple o no con la regla fiscal”.

De esta forma, se resolvió la situación y las universidades no presentaron los presupuestos para el 2020 a STAP.

No obstante, el 19 de diciembre de 2019, la Contraloría determinó que los presupuestos debieron presentarse ante la STAP, tras lo cual archivó los documentos y las casas de enseñanza tuvieron que remitirse en 2020 a las mismas cifras que en 2019. Eso implicó que la realidad económica de las universidades se tuviera que ajustar a la del año anterior.

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