Los nuevos legisladores, elegidos en las elecciones nacionales del 6 de febrero, heredarán de la actual Asamblea Legislativa un proyecto de ley que busca reformar la Constitución Política para que el principio de equilibrio financiero prevalezca sobre las autonomías garantizadas a nivel constitucional.
Así lo explicó el diputado electo por el Frente Amplio (FA) y actual asesor legislativo, Jonathan Acuña, quien indicó que la iniciativa busca reformar el artículo 176 de la Constitución Política e implicaría “subordinar cualquier autonomía constitucionalmente garantizada, por ejemplo, la autonomía de las universidades o de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), al principio de equilibrio financiero”.
El futuro legislador, también economista, manifestó que este “principio de equilibrio financiero”, ya incorporado en la Constitución, lo que busca es que los gastos presupuestados no puedan exceder los ingresos probables, no obstante, el problema es que ahora el proyecto tiene el objetivo de hacer que este prevalezca sobre el principio de autonomía que tienen algunas instituciones:
“Este proyecto abre un frente claro para que gobiernos puedan incidir y debilitar la educación superior pública en Costa Rica”, Gustavo Gutiérrez
“Es decir, derechos fundamentales como el derecho a la educación, en el caso de las universidades, o el derecho a la salud, quedarían subordinados al principio de equilibrio financiero, diciéndole a la ciudadanía, «si no tenemos recursos para cumplir con sus derechos a la salud, a la educación, entonces, ustedes no tienen derecho a la salud y la educación porque vamos a limitar las autonomías constitucionales que se encargan de blindar el acceso efectivo a ese derecho»”, añadió Acuña.
Según el texto original del proyecto de ley, este “pretende fortalecer el principio de equilibrio financiero y evitar que se continúe con la práctica de crear instituciones y programas en el sector público con recargo al presupuesto nacional, sin antes verificar si estos cuentan con contenido presupuestario suficiente”.
Al respecto, el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias, dijo que en este momento el proyecto queda descontextualizado, ya que incluye proyecciones de la situación fiscal costarricense que han cambiado a día de hoy.
“Hay una serie de limitaciones fiscales que se han venido trabajando de otra manera sin necesidad de una reforma constitucional como la que se está planteando acá, en la cual se pone un principio contra otro, en este caso, el de equilibrio financiero que se quiere que prevalezca sobre principios de autonomía constitucionales, como la garantía de la autonomía universitaria, perfectamente contenida en el texto de la Constitución; yo creo eso es inconveniente”.
Arias señaló que considera “muy peligrosa” para el país una reforma de este tipo, puesto que la división de poderes y las autonomías de la Carta Magna “responden a un modelo de país que no se puede poner a cuestionarlo en relación con la asignación o no asignación de los recursos para el funcionamiento adecuado de estas instituciones”.
Además, para el rector otro elemento de peligro es que la creación de instituciones y programas se condicione a la aprobación de la Contraloría General: “Si eso hubiera sido así, muchas de las instituciones de enorme beneficio para la ciudadanía, que prestan servicios públicos de mucho valor a diferentes sectores del país, no existirían”.
Por su parte, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez, manifestó que el proyecto es preocupante, puesto que “refuerza la tesis de que el Estado Social de Derecho está subordinado a la voluntad de una política fiscal”.
Se abre el portillo a otras afrentas
Acuña explicó que, con intención o sin ella, una reforma como esta abre las puertas a “quienes tienen la intención de meterle mano a la educación pública superior”:
“Están diciendo que es posible limitar la autonomía constitucionalmente garantizada que tienen las universidades. En el sentido más amplio, esto implica hasta libertad de cátedra, etc. Toda esa autonomía que tienen las universidades: administrativa, de funcionamiento y más puede quedar subordinada al principio de equilibrio financiero y eso es dar herramientas para que futuros gobernantes autoritarios digan que, en nombre del principio de equilibrio presupuestario, pueden meterse a decir a las universidades cómo enseñar”.
El frenteamplista citó de ejemplo que un gobernante de turno podría estar en desacuerdo con el pensamiento generado en las universidades, por lo que podría amenazar con recortar los presupuestos al no coincidir con sus ideas.
Asimismo, Gutiérrez señaló que esta iniciativa no solo amenaza a la docencia, sino el “invaluable aporte” de otras partes de las universidades públicas, como las investigaciones médicas y la formación de especialistas que han destacado en la atención de la pandemia o los proyectos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).
El presidente del Conare indicó que precisamente la autonomía de las universidades fue pensada en la Constituyente del 49, por Rodrigo Facio y otros legisladores, para que la universidad pública “no esté supeditada a los caprichos de los gobernantes de turno, para que no tenga que alinearse con un pensamiento o ideológico determinado del partido que esté gobernando o para que no tenga que ajustarse al pensamiento de las personas que están directamente vinculadas con la asignación de los recursos para el funcionamiento de las diferentes entidades del Estado”
Arias aseveró que se debe defender a las universidades de acciones como esta, “que buscan poner en manos del Ejecutivo o del Legislativo una herramienta para limitar la asignación de recursos en el futuro y que sería muy peligroso para la sostenibilidad de la sociedad más adelante”.
Universidades deben estar atentas
El rector de la UNED aseguró que, desde que tuvieron conocimiento de la iniciativa, han estado preocupados del avance de la misma y que aún hoy se mantienen atentos a su evolución, además de la reacción que puedan tener los nuevos diputados ante este proyecto, el cual actualmente no ha tenido mayores avances en el Congreso.
Arias también agregó que los rectores se han estado reuniendo con diputaciones de las diferentes provincias para recuperar espacios de diálogo y que esperan tener comunicación permanente con la Asamblea: “Creo sinceramente que el panorama va a ser mejor que el hemos enfrentado en estos últimos cuatro años”.
Por su parte, Gutiérrez advirtió que no solo las universidades deben estar preocupadas por este proyecto, sino toda la ciudadanía que reciben servicios públicos a través de instituciones autónomas, “ligadas directamente a derechos constitucionales como la salud, la vivienda, la vida digna o la protección del medio ambiente”.
“En América Latina el papel de las universidades públicas en la formación y defensa de la democracia ha sido fundamental, por lo que dar herramientas a que cualquier gobierno la debilite es un peligro para el propio Estado Social de Derecho”, sentenció el rector de la UCR.
