El nuevo reglamento de acción social propone los servicios, que incluye las asesorías y las consultorías como una modalidad más de hacer acción social. Esta concepción preocupa a diversos sectores de la Universidad de Costa Rica (UCR).
En la nueva propuesta, la venta de servicios se independiza y se convierte en una forma más de acción social, al mismo nivel de la extensión docente, cultura y patrimonio, y los TCU. Los servicios en el nuevo reglamento se conceptualizan como:
“Una manera de vínculo con la sociedad que responde a términos de referencia precisos y a resultados singulares (…) Su rasgo distintivo es el intercambio de conocimientos de naturaleza disciplinar, interdisciplinar o tecnológica, y cuyo propósito es atender las necesidades de personas, comunidades, colectivos y organizaciones públicas o privadas”.
En el reglamento anterior, los servicios se incluían en la normativa de vínculo remunerado y no como una forma más de acción social, al mismo nivel que el resto de modalidades, que son cultura y patrimonio, educación continua, educación permanente, trabajo comunal universitario (TCU) e iniciativas estudiantiles.
“Lo que nos ha preocupado más es la profundización del discurso de modelo de universidad que vende servicios, más que una universidad crítica y comprometida con las comunidades del país”, Jose Antonio Mora.
La preocupación que tiene la comunidad universitaria respecto de esta inclusión de la venta de servicios como una función más es que no se delimita bien qué es la venta de servicios y qué se entiende por cualquiera de las otras modalidades de acción social.
Isabel Avendaño, decana de la facultad de Ciencias Sociales, comentó que el problema con los servicios es que “las modalidades no están bien definidas, ese es el problema, no es que aparezcan. Son imprecisas, contradictorias, la definición de cada una de ellas no es clara y se anteponen los servicios a otras formas de hacer acción social, como si hacer cultura y patrimonio no pudiese pasar por los filtros de los servicios”.
Además, también existe la preocupación de que esta inclusión de los servicios implique una puerta hacia un modelo universitario mercantil, donde la acción social, que es el vínculo más notable que tiene la Universidad con la sociedad, se ponga en venta.
“Lo que nos ha preocupado más es la profundización del discurso de modelo de universidad que vende servicios, más que una universidad crítica y comprometida con las comunidades del país”, mencionó Jose Antonio Mora, coordinador del programa Kioskos Socio-ambientales.
Tanto Mora como Avendaño resaltaron que, en esta nueva propuesta, se desdibuja cuál es la función de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), ya que sus funciones recaerían en las decanaturas, direcciones y consejos científicos, y las Comisiones de Acción Social (CAS) pasarían a convertirse también en “mini VAS”, lo que fragmentaría a la VAS y su funcionamiento en el accionar universitario.
Otro aspecto que resaltó Mora, es que los programas de la VAS, que incluyen los Kioskos Socio-ambientales, los Centros Infantiles Universitarios (CIUS), el Programa de Educación Abierta (PEA), el Programa Institucional en Discapacidad (Prodis), el Programa Institucional Osa-Golfo Dulce (Piosa), el Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM), el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (Pridena), y el Programa para el Desarrollo de la Economía Social Solidaria (Proess), podrían desaparecer, según el nuevo reglamento.
Esto porque pasarían a ser unidades especiales, pero no se da una definición de qué es una unidad especial; por lo tanto, se pone en peligro la continuidad de estos programas.
Aparte de estos motivos, se estaba solicitando que se ampliara el plazo de consulta de este reglamento, porque la comunidad universitaria en su totalidad no ha sido parte activa del quehacer universitario en el periodo en el que el reglamento estaba en periodo de consulta.
De enero a abril cuando se hizo el proceso para recoger criterios sobre el reglamento, gran parte de la comunidad universitaria, en particular la docente, se encontraba de vacaciones; los docentes en su mayoría tampoco estaban nombrados, en el caso de los interinos. Esta ausencia de la comunidad universitaria provocó que la consulta y la disconformidad con el reglamento fuese poco conocida.
El 30 de abril, día que finalizó el periodo de consulta, se entregó una carta abierta al Consejo Universitario (CU) en la que se exponen los motivos por los que diversos grupos de universitarios estimaron que se debería de ampliar el plazo para recoger opiniones de la comunidad universitaria.
La carta contaba con 123 firmas de representantes provenientes de varias unidades académicas, incluyendo personas que trabajan en los proyectos de acción social, asistentes de proyectos, estudiantes y personas de las comunidades.
Isabel Avendaño, así como todos los integrantes de las CAS de Ciencias Sociales, esperan que se abra un proceso de diálogo con la comunidad universitaria sobre este reglamento, para que represente de una forma fiel a todos los actores universitarios que realizan acción social. Ella estima que esta es una oportunidad de oro para que la UCR cuente con una normativa institucional de calidad.
PIE DE FOTO: El reglamento vigente de la Vicerrectoría de Acción Social se modificó por última vez en 1980. Es un reglamento que, aunque funcional, sí necesitaba una reestructuración más adecuada a la realidad actual. (Foto Grettel Rojas Vásquez)
