Todos los empleados de las universidades estatales y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) quedarán fuera del régimen de empleo que implemente el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) a partir de la Ley Marco de Empleo Público (10.159).
Lo anterior, debido a que las casas de enseñanza superior han declarado a su personal docente y administrativo en la categoría de “exclusivos y excluyentes”, lo que significa que todos los funcionarios realizan o están vinculados a labores esenciales para el cumplimiento de las competencias constitucionales de estas instituciones.
La primera universidad en tomar el acuerdo en su Consejo Institucional fue el Tecnológico de Costa Rica (TEC), el pasado 8 de marzo, mientras que los Consejos Universitarios de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN) lo hicieron el 9 de marzo.
“Desde el punto de vista constitucional, no hay forma de que el Poder Ejecutivo tenga injerencia sobre el personal de las universidades”. (Rodrigo Arias, rector de la UNED)
“No nos gobierna ni el Servicio Civil ni Mideplan. Obviamente la ley no nos excluye; nosotros tenemos que hacer un régimen que se ajuste a la Ley Marco de Empleo Público, entonces, ahí es donde las universidades estamos en ese tránsito ajustando reglamentos, normas y procedimientos porque muchas cosas se van a validar”, explicó el rector de la UTN y presidente del Conare, Emmanuel González.
En la Universidad Nacional (UNA), el rector, Francisco González, presentó al Consejo Universitario, el 9 de marzo, la propuesta que declara “exclusivos y excluyentes” todos los puestos, la cual será ratificada “de manera positiva” durante esta semana, según el académico.
“Nuestros funcionarios responden a un mismo objetivo y quehacer que es el desarrollo de la acción sustantiva: la investigación, la extensión y la docencia”, dijo González.
En el Conare, por su parte, los cinco rectores acordaron que todas las plazas estaban fuera de la rectoría del Ejecutivo desde el 26 de abril del 2022.
“Todos los puestos de las universidades, sin ninguna excepción, deben ser exclusivos y excluyentes porque no se puede separar el papel de una persona funcionaria en relación con la misión de la institución y menos en el caso de una Universidad”, indicó el rector de la UNED, Rodrigo Arias.
¿En qué se diferencian los empleados de las universidades del resto de entidades?
El pasado 2 de marzo, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, manifestó su molestia porque instituciones con autonomía como las universidades, el Poder Judicial o las municipalidades tienen la posibilidad de definir cuáles funcionarios quedan fuera de la rectoría del Mideplan.
“Ah no, porque ellos son diferentes para efectos de la Ley de Empleo Público y la política de remuneración. Eso es absurdo”, criticó en conferencia de prensa.
Al respecto, el presidente del Conare explicó que “la Universidad es un sistema que está integrado” y no se puede dividir: “Yo no puedo excluir un chofer, no puedo excluir un conserje, dentro de la autonomía universitaria todos ellos juegan un papel fundamental en el sistema que unifica una Universidad”, aseguró González.
Por su parte, el rector de la UNED explicó que el quehacer universitario se debe hacer con “absoluta independencia”, además de que las universidades se deben a una población particular, que es la comunidad universitaria, pero también a otros sectores de la vida nacional:
“Todos aportamos muchos granitos de arena para que se materialice la misión de la Universidad y ahí es donde estamos vinculados directamente con el cumplimiento de esos objetivos, fines y propósitos de la Universidad. Y esto, que creo que debe de ser claro para cualquier persona, el presidente debería tenerlo todavía más claro, sobre todo cuando partimos de lo que establece nuestra Constitución Política”, agregó Arias.
El académico también resaltó que la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que “ahora parece que es la que define las políticas públicas en Costa Rica” señala la importancia de mantener el talento humano de las universidades y recordó que las casas de enseñanza trabajan en su propio marco de empleo universitario.
Asimismo, el rector del TEC, Jorge Chaves, manifestó que las personas piensan que “las universidades somos únicamente casas de enseñanza superior”, cuando en realidad existen muchos procesos “propios de la actividad académica”.
En el proceso de formación de profesionales, el académico explicó que los estudiantes no solo aprenden en las aulas, sino en su vivencia en el campus universitario, con todos los funcionarios de la Universidad.
Pero también en procesos como acción social o investigación, “si bien es cierto lo hacen personas académicas, el resto de personas nombradas, que nosotros llamamos administrativos o de apoyo a la academia, coadyuvan a esas funciones y eso solo se hace en la Universidad”, mencionó Chaves.
El rector del TEC puso como ejemplo el caso de un transportista: “Los choferes de nuestras universidades tienen una serie de funciones distintas, propias de la actividad; desde transportar estudiantes, que es una gran responsabilidad, hasta asistir en algunas labores propias de la acción académica”.
Por su parte, el rector de la UNA ejemplificó con el caso de los guardias de seguridad, que deben velar por la población estudiantil y protegerlos dentro del campus: “Es absolutamente otra naturaleza de servicio”.
“En la narrativa antiuniversidad se van construyendo falacias de autoridad, de hecho. Una de ellas es que la naturaleza de la Universidad es general a cualquier otra, que no hay particularidad en el desarrollo de la gestión universitaria respecto a otras y es absolutamente falso”, agregó González.
Finalmente, el rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez, explicó que la diferencia también proviene de la existencia del sistema de pesos y contrapesos, para que el Ejecutivo no tenga “un poder absoluto e irrestricto”:
“El problema no es una relación laboral particular, sino que el Poder Ejecutivo pueda decidir sobre aspectos fundamentales del quehacer académico. Por ejemplo, imaginémonos que las encuestas que producen el CIEP, el Observatorio de Desarrollo o la Escuela de Estadística mostraran una baja popularidad de un gobierno y este pudiera sancionarlos”, advirtió Gutiérrez.
