Dos pruebas de fuego deberá superar el acuerdo de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) alcanzado el martes 22 de octubre entre el Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y la representación estudiantil: el primero, la aprobación de la Contraloría; el segundo, la del Congreso.
Los términos negociados dependen de que la Contraloría General de la República apruebe la reclasificación de las partidas presupuestarias propuesta por los rectores, tendiente a liberar los ₡35 mil millones destinados, por interpretación de las autoridades de Hacienda, a gastos de capital (infraestructura y equipos) y que las universidades buscan redirigir a gastos corrientes (salarios, becas, programas).
En la cláusula quinta del convenio del FEES, las universidades estatales se comprometen a destinar al menos ₡70 mil millones de colones en inversión de gastos de capital. Mientras las universidades interpretaron que esos recursos saldrían de los superávits de sus presupuestos, la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, definió que saldrían de los recursos provenientes del FEES.
La Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa redujo la cifra de ₡70 mil millones a ₡35 mil millones, tras aprobarse una moción del diputado oficialista, Enrique Sánchez.
El acuerdo logrado el martes anterior pretende cambiar el destino de las partidas destinadas a gastos de capital y que sean interpretadas como gastos corrientes para no afectar fondos destinados a fines ya comprometidos, según los rectores. Entre ellos, los programas de acción social, inversión en sedes universitarias, becas y cursos.
La primera barrera que deberá superar esa negociación será la aprobación por parte de la Contraloría, que en diciembre próximo presentará las objeciones al presupuesto, ya presentado por la universidades, sin las reclasificaciones propuestas en el acuerdo.
Esta prueba por superar genera mayor expectativa, luego de que la propia Contraloría envió la semana pasada un informe en el cual se pedía una sanción de suspensión por un mes, sin goce de salario, contra la exministra Aguilar, por haber destinado partidas, que ya tenían un fin específico, para cubrir el faltante fiscal de alrededor de ₡800 mil millones, sin contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa. Aguilar renunció en desacuerdo por la disposición.
El rector de la Universidad de Costa Rica y presidente del Conare, Henning Jensen, aseguró que están preparados para los ajustes técnicos que solicite Contraloría a los cuales calificó de “comunes y frecuentes” para todos los presupuestos.
“No hay una razón poderosa por la que puedan suceder escenarios contrarios a nuestros intereses”, agregó Jensen.
Una expectativa igual de positiva tiene José Carlos Chinchilla, presidente del Consejo Universitario de la Universidad Nacional, quien considera que “contra la Asamblea Legislativa, las universidades no tienen nada, lo que suceda ahí va a suceder, y el riesgo de la Contraloría, de alguna forma el Gobierno está comprometido a resolverlo”.
Por el contrario, el exviceministro de Hacienda y docente de la UNA, Fernando Rodríguez, ve un escenario de mucha incertidumbre porque la Contraloría podría tanto rechazar como aceptar la reclasificación de partidas.
En su opinión, no necesariamente lo que las universidades presenten como reclasificación de partidas de capital para transformarlos como gastos corrientes podría responder a la normativa con que se rige el ente contralor.
“La Contraloría puede decir que no, que están queriendo meterle gato por liebre, porque las universidades no pueden inventarse una clasificación, para eso hay normativa”, comentó el economista.
Plenario como comisión
El rector Jensen, también sopesó la viabilidad política de solucionar la condición presupuestaria impuesta por el Ministerio de Hacienda en el plenario legislativo durante la negociación del acuerdo.
“Es una Asamblea (Legislativa) de la cual recibimos ataques constantemente, no tenemos una incidencia política profunda”, dijo Henning, quien no descarta que una diputada como Paola Valladares presente una moción de reiteración para que la totalidad de los ₡70 mil millones condicionados inicialmente sean considerados gastos corrientes.
El otro escenario es que se solicite de acuerdo con el artículo 137 que la totalidad del plenario se convierta en una comisión para analizar las mociones al presupuesto, para lo cual se requiere los votos de 38 diputados.
Sin embargo, el camino posible para el presupuesto en la Asamblea Legislativa es complejo y “riesgoso” tanto para las universidades como para las diferentes bancadas políticas en el plenario, según el diputado Enrique Sánchez.
“Una vez que se abre esta posibilidad se puede discutir sobre todo el presupuesto, y a la misma Comisión de Hacendarios no le interesa que el trabajo que se hizo ahora esté sujeto a que se cambie por completo en el plenario”, explicó Sánchez, quien descarta la posibilidad de que se consigan los 38 votos necesarios para abrir la comisión.
El ex viceministro Rodríguez comparte el criterio sobre lo poco viable y riesgoso de que se abra la discusión en plenario, debido a que podría generar opciones que den marcha atrás la recuperación de los ₡35 mil millones.
La moción que redujo en ₡35 mil millones el presupuesto condicionado por el Ministerio de Hacienda para gastos de capital, propuesta por Sánchez, fue aprobada solamente con apoyo de la fracción del PAC y de los diputados de Restauración Nacional.
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Wagner Jiménez, quien, en conjunto con el resto de la representación de su fracción, votó en contra, dijo basarse en las recomendaciones del Ministerio de Hacienda.
Para Jiménez “era explícito en la cláusula quinta del acuerdo de la Comisión de Enlace que la partida iba a ser de capital”; sin embargo, coincide con el legislador Sánchez en que no tiene conocimiento de que ningún diputado tenga interés de revertir el presupuesto aprobado en la Comisión de Hacendarios.
Ante la posibilidad de que se presente una moción de reiteración que permita discutir de nuevo la liberación de la totalidad de los ₡70 mil millones aprobados, aseguró que tendría que abrirse una discusión dentro de la fracción y que por el momento se limitará a considerar que el escenario es “incierto”.
Los diputados Gustavo Viales y Ana Lucía Delgado, ambos del PLN, son de la tesis de que el acuerdo firmado no tiene una incidencia dentro de la Asamblea y que, por el contrario, demuestra que las universidades tenían la capacidad de resolver su situación presupuestaria a lo interno.
“Solamente el plenario legislativo podría modificar el destino de los recursos contenidos en dicha transferencia”, recordó Delgado.
La legisladora oficialista, Laura Guido, lamentó la tardanza con la que actuaron los rectores, al presentarse “literalmente” el último día de sesión de la Comisión de Hacendarios, en la que se abordaba este tema.
