El economista Luis Zárate Montero propuso ante la Comisión Técnica de Diagnóstico Salarial la conversión de entre mil y dos mil puestos administrativos, ocupados ahora por investigadores que también dieron clases, a plazas en docencia, lo cual resolvería un eventual cese de docentes frente a una reducción en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) hace este planteamiento con el fin de mantener las actividades sustanciales de la institución ante la posibilidad de que este año se experimente un recorte presupuestario, que implique despidos de educadores en condición de interinazgo, los cuales el especialista estima son entre 5000 y 6000 en total.
“Esta es una reforma que tiene que ver con la masa salarial, solo que desde el punto de vista organizacional, pues ve a la Universidad como un todo”, explicó el investigador del IICE.
“La propuesta se puede utilizar ante el eventual problema presupuestario de la Universidad. Cuando se vean dañadas las actividades sustantivas de la UCR, tenemos como solucionarlo internamente”, Luis Zárate Montero.
Con este modelo, la posible disminución en el personal docente podría reponerse con administrativos que se trasladen a dar clases. “Es simplemente movilizar horizontalmente recursos para subsanar”, afirmó Zárate.
La Comisión Técnica de Diagnóstico Salarial deberá presentar varios modelos salariales en agosto, para que posteriormente se elabore una propuesta final de estructura salarial dentro de la Universidad de Costa Rica (UCR), que elimine las desigualdades internas en las remuneraciones.
La UCR planteó al Gobierno la presentación de una nueva estructura salarial, frente a la inminente aprobación de la Ley de Empleo Público, la cual pretende establecer el salario global, eliminar la autonomía universitaria, municipal y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para así contratar, evaluar y despedir personal, una labor que en su lugar asumiría un gran Ministerio de Planificación.
El Gobierno espera que se apruebe en junio la ley, pese a la negativa de sindicatos, universidades y municipalidades que la consideran una amenaza, pues repartiría puestos públicos como “botín político”. Según el Poder Ejecutivo, esta ley es requisito para que se logre la aprobación de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1750 millones.
La Comisión abrió a la comunidad la presentación de propuestas, de las cuales forma parte la de Zárate junto con la de docentes, interinos y el Sindeu.
La propuesta en detalle
Lo planteado por Zárate gira en torno a lo que él denomina “flexibilidad de conversión de puestos”, que trata sobre mover a las personas investigadoras del sector administrativo que hayan dado clases.
Según sus cálculos aproximados, se trata de un tercio de todos los administrativos en propiedad, o sea algo equivalente a mil o dos mil personas. Sin embargo, es una aproximación personal, debido a que afirma que no ha recibido los datos finales.
Datos de la Comisión de Personas Interinas de la UCR sobre la cantidad de docentes interinos en la institución educativa revelan que a septiembre del 2018 había 4228 docentes interinos.
¿Es posible suplir con 2000 puestos los más de 4000 docentes interinos que pudieran ser cesados por los recortes presupuestarios? Zárate responde que esos datos hablan de personas como tal, pero puede haber casos donde un docente solo trabaja un cuarto de tiempo, mientras que en el caso de una plaza administrativa que pase a docencia, se estaría refiriendo a un tiempo completo.
El economista planteó que si existiese el escenario donde los fondos del FEES no se giraran por alguna razón en particular, la Universidad tendría problemas para pagar su planilla, por lo cual debería abocarse a mantener la actividad sustancial docente con menos presupuesto. “No hay de dónde más rebajar”, concluyó.
Actualmente existe la posibilidad de convertir una plaza administrativa a una docente, pero son tantos los obstáculos y desventajas que resulta desestimulante para cualquier persona, señaló.
Citó de ejemplo que un nombramiento de una persona administrativa en propiedad, para transformarse a docente a lo máximo que puede aspirar es a ser licenciada interina.
Si la UCR pudiera eliminar esas trabas, afirma Zárate, lograría que los funcionarios administrativos que lo deseen puedan movilizarse con el mismo salario durante un tiempo razonable.
Se daría un período de 3 a 5 años para presentar sus atestados ante la Comisión de Régimen Académico para que después se conozca en qué rango le correspondería estar, ya sea con un mayor o menor salario.
¿Cuáles plazas administrativas?
Zárate afirma que el sector administrativo de la UCR es extremadamente heterogéneo, pues hay desde jardineros hasta investigadores, lo cual significa un desafío mayor a la hora de proponer un modelo para tantas diferencias.
En consecuencia su propuesta se enfoca en la gente que hace labores de investigación y que están nombradas como administrativos en alguna escuela. “Usualmente las personas que hacen investigación dan clases”, afirmó.
El economista afirma que las personas que se dedican a actividades administrativas de investigación, usualmente dan clases un cuarto de tiempo adicional a su jornada completa, por lo que todas ellas pasarían al sector docente, y ese cuarto de tiempo quedaría dentro de su jornada laboral ordinaria.
Debido a que los centros de investigación no son unidades académicas, no se permite nombrar a profesores en propiedad en esos lugares. Sin embargo, estas mismas unidades de trabajo han resuelto este inconveniente de manera “informal” (no normada), pero efectiva.
Lo que hacen es conseguir a unidades académicas afines, en las cuales el funcionario queda nombrado en propiedad. Esta conversión implica que el investigador será parte de la Asamblea de Escuela de esa unidad académica, o sea ahora será docente y administrativo, pero se mantendrá (a tiempo completo) en la relación de puestos del centro de investigación.
El motivo de la propuesta
“Aquí lo único que estamos haciendo es intentar salvar lo que produzca ese potencial impacto en las finanzas. ¿Y cómo se salva? Pues moviendo empleados de un lado a otro”, explicó Zárate.
El economista comentó que en caso de que ese escenario no ocurra, su modelo sigue teniendo algunas ventajas, por ejemplo: aumentar la oferta docente, hacer crecer las sedes regionales y homogeneizar al sector administrativo
