El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) reafirmó a la Universidad de Costa Rica (UCR) su “absoluto respeto a la autonomía universitaria”, al tiempo que afirmó que no había recibido una «comunicación oficial» de la Universidad sobre su solicitud de que sea suspendido el Régimen Salarial Docente (RSD), según un comunicado de este miércoles.
La aclaración se da luego de que UNIVERSIDAD informara sobre el dictamen “OJ-108-2025” emitido por la Oficina Jurídica, en el que se indica que esta Universidad “no estará (ni está) sometida a la autoridad o rectoría de Mideplan, ni de los órganos que forman parte del Sistema General de Empleo Público”.
Este dictamen fue emitido a solicitud del Consejo Universitario como un criterio frente a la petición de la ministra de Planificación, Marta Esquivel, de suspender el Régimen Salarial Académico (RSA) de la institución.
De acuerdo con el comunicado, el Mideplan “no ha recibido comunicación oficial alguna” por parte de la UCR o del Consejo Nacional de Rectores (Conare) sobre el criterio señalado en la publicación.
Respecto de la solicitud de información y documentación oficial, el ministerio indicó que sí ha solicitado información oficial sobre el RSA. Sin embargo, no especificó si la solicitud fue realizada directamente a la UCR, sino que mencionó atender el oficio N.°OF-CNR-53-2025, remitido por el Conare, el cual fue analizado con el apoyo de la Dirección General de Servicio Civil y cuyos resultados fueron comunicados al Consejo de Rectores.
UCR a Marta Esquivel: la Universidad “no estará (ni está) sometida a la autoridad o rectoría de Mideplan”
La Oficina Jurídica indicó a la ministra de Planificación que la solicitud de suspender el Régimen Salarial Académico es una gestión simple y no una orden de su jerarquía.
La autonomía no es una excepción a la ley, según Mideplan
Asimismo el ministerio indicó que, aunque reafirma el respeto a la autonomía universitaria, “esa autonomía no puede interpretarse como una excepción al cumplimiento de las leyes de la República”, debido a que la Ley marco es de aplicación general para todas las instituciones del sector público. Por lo que, es el deber de la institución “velar porque se cumpla a cabalidad, brindando acompañamiento técnico siempre que sea requerido”.
Por su parte la ministra indicó no estar “imponiendo criterios arbitrarios ni extralimitando funciones”. Expresó que lo que ha señalado, a través de sustentos técnicos, son posibles inconsistencias que deben ser revisadas para asegurar la legalidad y la eficiencia en la gestión pública.
Dijo que una vez que el Mideplan reciba el dictamen emitido por la Oficina Jurídica estará en disposición de brindar las aclaraciones que correspondan a través del diálogo respetuoso y constructivo.
“De igual forma, de identificarse situaciones que constituyan un incumplimiento de la Ley Marco de Empleo Público, este Ministerio procederá conforme corresponde, incluyendo la remisión de las denuncias respectivas ante las instancias competentes”, concluyó la ministra.
