Más del 50% de las personas deudoras de la Junta de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica (Jafap), cerca de 3.200 personas afiliadas, pidieron la devolución de las cuotas a sus préstamos, una moratoria concedida por esta entidad, que ya estudia otras alternativas para dar respuesta al impacto económico de la pandemia entre sus afiliados.

Esa moratoria implicó que, a las personas afiliadas que así lo solicitaron, no se le descontaban en sus créditos las cuotas correspondientes a abril y mayo.

El Consejo Universitario (CU) rechazó una nueva solicitud de prórroga para los créditos de las personas funcionarias de la UCR ante la Jafap, tras conocer el Informe técnico de viabilidad e impacto financiero, el cual fue realizado por la Gerencia y respaldado por la Junta Directiva.

La propuesta de aplazamiento en los pagos fue presentada en junio pasado a solicitud del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) para que se aprobara otros dos meses en los pagos de los préstamos de las personas deudoras.

“El informe es para la toma de decisiones del órgano colegiado, entonces ese informe ya quedará a disposición del CU si hacerlo público, pero lo mejor es que no se haga público por el material sensible que ahí se maneja”, justificó Gonzalo Valverde, gerente general de la Junta.

Según Valverde, hay información sensible que no pueden divulgar, pues aseguró que deben guardar la confidencialidad de los datos incluso por respeto a las personas afiliadas.

El órgano de ahorro y préstamo estimó que nueva devolución de dos cuotas implicará una salida de efectivo de aproximadamente ¢3.222 millones y eso eventualmente llevaría a cancelar inversiones que respaldan la reserva de liquidez.

De acuerdo con el reglamento de la Junta, los recursos pueden invertirse en préstamos a las personas afiliadas -personales o de vivienda- y, según Valverde, los dineros no colocados se depositan en títulos de garantía estatal.

Valverde agregó que el informe técnico lo que refleja es que la moratoria no es una solución integral para los afiliados, porque da una falsa expectativa de liquidez, aunque no significa que las finanzas de la Junta estén en riesgo por la salida de efectivo.

“Toda institución financiera debe tener reservas de liquidez adecuadas para atender su operativa. La salida de efectivo no viene a favorecer en gran medida a las personas afiliadas, la Junta debe contar con reservas adecuadas de liquidez y lo que no queremos es que se vean afectadas”, mencionó el gerente general.

El CU solicitó a la Junta que presente, en el plazo de dos meses, soluciones integrales con efectos prolongados en el tiempo.

Entre tanto, el secretario general del Sindicato de Empleados de la UCR (Sindeu), Trino Barrantes, dijo a UNIVERSIDAD que es de interés que la comunidad universitaria, y especialmente las personas afiliadas, conocer el informe técnico sobre el cual se fundamentó la decisión.

“Queremos saber de la manera más sencilla, no en un lenguaje técnico y sofisticado, cuál es la situación real de la Junta (…) si estamos aportando mes a mes grandes cantidades de dinero, por qué razón entonces dos meses más de moratoria tendría una incidencia tan grande como la que están manifestando”, dijo Barrantes.

En opinión de Barrantes, hasta que los datos del informe no se publiquen, la comunidad universitaria no creerá en los impactos que pueda tener la Junta e incluso hay quienes alientan a la movilización manteniendo los protocolos de salud.

Sin embargo, detalló que ha alentado a valorar y agotar todos los espacios posibles, especialmente en un momento donde las universidades públicas están en la mira.

El Sindeu está trabajando en propuestas prontas para presentar a la Jafap y esperan próximamente reunirse con el gerente general.

“Hay que repensar las propuestas y volcar los ojos a la gran masa de trabajadores que tienen salarios muy comprometidos”, agregó el secretario general del Sindeu.

En opinión de Valverde, la Jafap actúa de manera independiente con el CU, pero reconoce que el Sindicato se ha acercado para facilitar alternativas.

“Lo que está haciendo la Junta responde a una solicitud explícita del CU de buscar alternativas, pero eso no quiere decir que la Junta no haya estado tratando siempre de monitorear esas situaciones”, explicó.

En mayo hubo una contracción en la colocación de créditos y disminución en los ahorros voluntarios, aunque en opinión de Valverde la preocupación de la Junta es que la devolución de dinero a los afiliados no es un apoyo real ni una solución integral.