Más de 200 mil hogares ticos viven aislamiento por COVID-19 sin Internet

Ante la emergencia nacional del coronavirus, la investigación académica demuestra que la virtualización en educación, servicios y puestos de trabajo es todavía una medida excluyente.

Deymer Moreno es un vecino de la comunidad indígena La Casona, de Puntarenas. Hasta hace una semana se dedicaba a estudiar Enseñanza en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y a trabajar como docente particular.

El 17 de abril, la UNED le notificó que sus evaluaciones se aplicarían de forma virtual para evitar contagios por el coronavirus.

“Me preocupa que, como yo, muchos estudiantes indígenas no tenemos computadora en la casa, ni Internet fijo y tenemos que ir al Centro Universitario, en el café Internet, para poder subir la tarea o realizar examen virtual”, le respondió a las autoridades universitarias, pero todavía no tiene respuesta.

Sin duda, ni Moreno ni el territorio indígena La Casona es el único afectado por la brecha digital. Más de la mitad de hogares costarricenses no tiene computadora y 215.000 no tienen Internet, según datos recolectados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2019.

Estos dos datos cobran relevancia en una situación en la que empresas, comercios y servicios de educación planean trasladar a entornos virtuales sus dinámicas, para paliar el aislamiento decretado por el Ministerio de Salud.

Costa Rica muestra avances importantes en el acceso a Internet y a la tecnología en los últimos años; sin embargo, edad, sexo, nivel educativo, zona en la que vive y cantidad de ingresos siguen siendo factores de exclusión tecnológica, describe el último informe del Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la UCR (Prosic).

“En el 2010, solamente 1 de cada 4 hogares costarricenses estaba conectado a Internet; en el 2018, son 3 de cada 4. Hay un avance muy positivo, pero aún así hay una cantidad importante de hogares que aún están desconectados”, afirmó Alejandro Amador, investigador del Prosic.

Esta investigación, realizada en el 2019, identificó que las principales razones por las cuales los costarricenses no tenían Internet eran que no lo consideraban necesario (45%) y que tenía un costo elevado (31%).

En el primer caso se considera, junto con un 13% que dice no tenerlo por no saber usarlo, casos de “analfabetismo digital”; es decir, es población que no ha tenido la oportunidad de aprender a usar las tecnologías en su vida diaria y, entonces, desiste de tenerlas.

Este mismo documento señala que es importante diferenciar las fuentes de Internet. Si bien la conexión por medio de teléfonos móviles ha permitido ampliar la cobertura, “este servicio tiene topes de descarga y, por lo tanto, limita la capacidad de navegación de los miembros del hogar”.

Deymer Moreno sí tiene Internet en su casa, desde su teléfono móvil, pero ni la señal ni los datos alcanzan para accesar las páginas web necesarias para estudiar o para dar clases virtuales a sus estudiantes, y el servicio de Internet por cable les resulta muy costoso.

Al igual que él, alrededor de 550.000 hogares solamente tienen acceso por medio de teléfonos móviles, es decir, un 40% del total con Internet, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) al 2019.

Por esta razón, Amador considera que la virtualización de los servicios y la educación es una buena estrategia, pero no puede ser la única durante la actual emergencia nacional, ya que sigue siendo excluyente.

“Una acción podría ser que, al igual que como hizo el ICE con el servicio fijo de Internet en los hogares, se dupliquen la cantidad de datos para el Internet en teléfonos móviles” propuso Amador.

Por ejemplo, en el caso de la UCR, Amador dice que la digitalización de los cursos es la mejor opción. Sin embargo, “la realidad es que hay gente que por sus condiciones socioeconómicas se quedan por fuera y la institución debe buscar métodos alternativos para ayudar a esta población”.

El pasado viernes, después de que la institución recibiera críticas por el desalojo de los estudiantes de Residencias, el rector de la UCR, Henning Jensen, anunció que las autoridades estaban trabajando junto con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en una solución para la población universitarias que no contaba con un acceso a Internet o computadores.

Adultos mayores están más aislados

El resultado de la alianza entre la UCR y el ICE podría llegar a funcionar con casos similares en el sector público y privado, pero hay otros tipos de exclusión que no son de acceso sino de “alfabetización digital”.

“Cuando hablamos de brecha digital, hablamos de las diferencias en oportunidades de acceso que tiene la población a la tecnología” explicó Alejandro Amador, investigador de Prosic.

Sin embargo, hay diferentes tipos de brecha digital, según Amador. Una persona puede no tener acceso, otra podría llegar a tener acceso y aún así no poder usar los dispositivos o el Internet.

Por ejemplo, los servicios digitales facilitan acceso a bancos o a pagar servicios esenciales como agua, luz y otros; no obstante, de estas prácticas virtuales terminan excluidas una de las poblaciones más vulnerables ante la actual pandemia: las personas adultas mayores.

“A las personas adultas mayores se les dificulta más el aislamiento ya que muchos no manejan los sitios virtuales y tienen que salir a hacer trámites. Al mismo tiempo, son la población más vulnerable de esta emergencia nacional”, recalcó Amador.

Ese es el caso del diputado Mario Castillo, el de mayor edad del plenario, y quien actualmente trabaja desde su casa para resguardar su salud.

Castillo dice tener poco descanso al día entre las llamadas virtuales y las videoconferencias, a las cuales se ha adaptado más rápidamente “por la necesidad” y con el apoyo de sus asesores más jóvenes y sus cinco hijos.

“Aunque yo me sienta el diputado más joven, yo soy una persona con 73 años y a esta edad es muy difícil aprender cosas. Sin embargo, hace poco estaba en una reunión virtual y hace unos meses eso yo nunca lo hubiera imaginado”, contó Castillo.

A la capacidad de uso de las tecnologías se le llama “nivel de alfabetización digital” y, al igual que con los adultos mayores, puede afectar a otras poblaciones con menores ingresos, educación o con capacidades especiales.

Muchas familias desisten de utilizar la tecnología porque no tienen la oportunidad de aprender a usarlas. En el caso de adultos mayores, solamente un 28% de los hogares constituidos por esta población tiene Internet, según el informe de Prosic.

Para Marisol Rapso, coordinadora del Programa Institucional de la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM), esto también se debe a que no todas las personas tienen la paciencia para apoyarlos en esta labor.

“Hay una gran inseguridad, principalmente entre las generaciones mayores, porque tienen que preguntar varias veces lo mismo y no les tienen paciencia”, comentó Rapso.

En esto coincide el diputado Castillo, quien se siente privilegiado de todo el apoyo que ha recibido en su adaptación al mundo digital y dice estar consciente de que muchos otros cercanos a su edad no tienen esta red de apoyo.

El diputado Mario Castillo, el de mayor edad en la Asamblea, trabaja desde su casa para resguardar su salud de la actual emergencia nacional por el coronavirus.

Rapso aseguró que las limitaciones de acceso y de alfabetización se han hecho visibles ahora que el PIAM debe trabajar de forma remota.

“Estamos hablando de que, a pesar de que la población del PIAM tiende a ser privilegiada en educación, ingreso económico y ubicación geográfica, hay estudiantes que no tienen acceso”.

Por esta razón, la recomendación de Rapso y de Amador es que las personas más jóvenes nos ocupemos de esta responsabilidad para ayudar a la población adulta mayor de cada familia a cuidarse en aislamiento o a prevenir que, por ejemplo, los servicios se venzan.

 

 

 

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