El 8 de noviembre del 2012 se reunieron costarricenses de diversas zonas del país frente al edificio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), exigiendo acciones urgentes ante la falta de presupuesto en clínicas y hospitales. En un fatídico desenlace, la tensión entre Fuerza Pública y manifestantes culminó con 36 personas arrestadas.
De los detenidos, fueron cinco quienes posteriormente debieron ir a juicio: Luz Marita Arce Soto, Luis Diego Retana Solano (estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica), Adrián Jaén España, Mario Alberto Villalobos Arias (profesores universitarios) y Denis Solís Cruz (profesor de secundaria).
El juicio en su contra continuará este miércoles 17 de mayo en las Salas de Juicio del Primer Circuito Judicial, con altas probabilidades de que se programen audiencias jueves y viernes. Las únicas causas de posposición serían un compromiso mayor o incapacidad de alguno de los abogados. Se espera que el viernes se concluya el proceso penal, tras escuchar a los testigos de la defensa y posteriormente las conclusiones de los abogados.
Ese 8 de noviembre, con el transcurrir de las horas, los choques violentos entre manifestantes y policías aumentaron hasta el punto en que, finalizando la tarde, la Unidad de Intervención Policial (UIP) ordenó despejar la Avenida Segunda, lo que gestó la mayor gresca de la jornada y el arresto de 25 de las 36 personas detenidas en total.
“La gente que es experta en el tema policial dice que la UIP no debería estar en una manifestación”, apuntó Marcela Zamora, de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y el Colectivo Derecho a la Protesta Social, organización que ha asistido a los imputados durante el juicio y expresado su rechazo a la represión policial. “Es una unidad de choque, es para el narco, para acciones violentas”, aseveró.
Junto al Colectivo, otras entidades han mostrado su posición ante la cercanía del final del juicio, entre las que se encuentra la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social, que declaró por medio de un comunicado de prensa su solidaridad “con las personas luchadoras del 8N (…), especialmente con nuestro colegas Marita y Diego, porque pudimos ser cualquiera de nosotros y nosotras”.
Igualmente, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, en la sesión del 2 de mayo, expresó su rechazo por cuarta vez a la criminalización de la protesta, e instó “a las autoridades nacionales a que tomen las medidas necesarias para que se prohíba en el país dicha criminalización”.
Los acusados tienen en su contra el cargo de resistencia (de un mes a tres años de prisión), que consiste en intimidación o violencia contra cualquier funcionario público; asimismo, se les aplicarían cargos agravados (pena de uno a cinco años), por haber sido cometidos los hechos presuntamente por dos o más personas, por haber agredido físicamente a los policías y por ser los autores funcionarios públicos, según lo indican los artículos 312 y 313 del Código Penal.
“Si a usted lo declaran culpable sin agravar, puede haber ejecución condicional de la pena, o sea, no va a la cárcel”, explicó Zamora. No obstante, agregó que si se declaran culpables con cargos agravados, la sentencia podría ser mayor a tres años y los imputados irían a la cárcel.
Zamora resaltó, en defensa de la protesta, los votos de la Sala Constitucional que declararon con lugar recursos de hábeas corpus a favor de la libertad de manifestarse en el 2000, durante las marchas en contra del Combo ICE, y en el 2012 por la marcha de “Fotocopiando para estudiar” y la del mismo 8 de noviembre.
Otra destacada resolución estatal sobre el tema es la de la Defensoría de los Habitantes sobre los movimientos en Chomes del 2014 contra el retiro legislativo de la ley Tecocos, en la que recomendó al entonces ministro de Seguridad, Celso Gamboa, “realizar una evaluación civilista de la actuación policial (…) con el objetivo de identificar, limitar y rectificar algunos procedimientos policiales cuyo abuso sea causa de violación de los derechos y libertades de las y los habitantes”.
Entrevista:
“LAS PROTESTAS SON MÁS SILENCIADAS”
Marcela Zamora, de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos y el Colectivo Derecho a la Protesta Social, comentó la situación del juicio contra los manifestantes del 8N y su perspectiva sobre el estado actual de la protesta en Costa Rica, la cual considera se encuentra en condiciones complicadas para los movimientos sociales del país.
¿En qué etapa se encuentra actualmente el juicio?
-Está en una etapa intermedia, ya se hizo la identificación de los acusados, se vieron todos los testigos de cargo, en este caso la Fuerza Pública, eran seis testigos, ya pasaron todos. Son los testigos que más tiempo tardan porque tienen que ser interrogados por todos los abogados. El miércoles (10 de mayo) pasó la primera persona de la defensa, faltan 11 testigos de la defensa, y luego serían las conclusiones. Se calcula que los testigos de la defensa duran entre 45 minutos y una hora, entonces se supone que saldrían en un día y medio, probablemente. El otro día lo dejarían para las conclusiones.
¿Cuándo habría un veredicto?
-Eso depende de los tiempos judiciales. Sí estamos esperando que el 19 de mayo se acabe el juicio formalmente. Se van a haber visto todos los argumentos, los videos, ya habremos visto todo para ese día.
¿Qué expectativas tiene?
-El Colectivo les ha dado seguimiento a los acusados, es un acompañamiento, y creemos que van a salir inocentes, libres de todo cargo y culpa, porque los oficiales de Fuerza Pública no han podido identificar a los acusados. Un policía había identificado a uno de los acusados y lo identificó en un lugar diferente al que habían dicho inicialmente.
El expediente judicial tiene las declaraciones iniciales y el único que lo reconoce no concuerda con lo que había dicho antes.
¿Con el Gobierno de Luis Guillermo Solís el estado de la protesta se mantiene igual o empeoró con respecto al de Chinchilla?
-Empeoró, empeoró claramente. Ellos (el Gobierno) se jactan de que hay menos protestas, pero son más reprimidas. Nosotros tenemos un recuento de todos los casos. Las protestas son más silenciadas y más apoyadas por la prensa, es impresionante. Después de Chomes, que fue en febrero del 2014, hay una en Angostura, por vivienda, que fue fuertemente reprimida. La gente de los muelles de Limón, eso fue en este Gobierno también.
Celso Gamboa, como ministro de Seguridad, se jacta en la prensa y dice “en nueve minutos desmantelamos la huelga, 68 personas detenidas y hay gente esperando juicio”. Cuando usted ve las tomas, sí, la gente detenida, pero no iba haciendo nada, estaba en huelga.
¿A nivel de opinión pública, cómo cree que se percibe la protesta social?
-No podríamos decirlo con certeza, pero sí sabemos que hay una consciencia, y que la consciencia crece, que es un derecho que debe respetarse. Igual siempre aparece alguien que comente que somos revoltosos o chancletudos.
Pero también nos pasa, por ejemplo, tengo un compañero de Pérez Zeledón que hace unos años decía “es que no debió haber estado en la calle”, pero luego, cuando tienen el problema con la alcaldía, que vinieron a San José a reclamar un plebiscito para quitar al alcalde, él estaba incorporado ahí. A veces la gente no es coherente dentro de su reacción natural a protestar.
