El objetivo del proyecto de Juliana Martínez, designada como Catedrática Humboldt 2021, es analizar las respuestas de distintos países centroamericanos ante la crisis generada por el Covid-19 para entender su trayectoria en términos de redistribución de la riqueza.
En principio, admite la socióloga -especialista en política social comparada, desigualdad socioeconómica y de género- los indicios no son positivos, y en el caso de Costa Rica las medidas gubernamentales apuntan a mayor concentración de la riqueza y las oportunidades, mientras que las acciones de los movimientos sociales empujan en otra dirección.
La pertinencia del proyecto y la trayectoria de la académica, quien cuenta con una maestría y un doctorado de la Universidad de Pittsburgh, además de una licenciatura de la Universidad de la República de Uruguay, sumaron para la designación, explicó Ana Mercedes Pérez, directora del Doctorado en Ciencias y Coordinadora Académica de la Cátedra Humboldt.
Para profundizar en los alcances y enfoques del proyecto, así como en la situación actual, UNIVERSIDAD conversó con la docente. A continuación un extracto de esa conversación:
“No podemos pedirle a la crisis del COVID-19 que cambie de pronto las condiciones de desigualdad, pero sí podríamos esperar que cambie la trayectoria redistributiva”
¿Cuál es el enfoque del proyecto seleccionado para la Cátedra Humboldt?
_ El proyecto se enfoca en las respuestas que los países centroamericanos han dado en materia social al COVID-19 y a las posibilidades de que estas respuestas generen trayectorias más o menos redistributivas que las que habían antes de la declaratoria de la emergencia en marzo del 2020.
La igualdad de las personas en una sociedad depende no solamente de la política social, sino también de cómo se distribuyen las tierras, el trabajo y la remuneración del mismo, así como el capital y la riqueza en general, pero también depende en buena parte de una segunda ronda de redistribución que el Estado hace a través de los impuestos y de las transferencias monetarias o servicios.
Hay literatura que dice que las crisis generan oportunidades para cambiar esas trayectorias. El asunto es que la literatura no es uniforme sobre si ese cambio tiende a mejorar o empeorar la redistribución. De hecho en ocasiones plantea que las crisis asociadas a pandemias en el pasado han acentuado la concentración de la riqueza y las oportunidades.
Hasta ahora lo publicado sugiere que más bien las respuestas al virus tienden a desigualar más a las sociedades latinoamericanas, pero eso es lo poco que sabemos por lo reciente de la situación.
Lo que yo quiero hacer es mirar los seis meses que siguieron a la declaratoria de la emergencia, enfocándome en Costa Rica, El Salvador y Guatemala, y así, ver cuáles fueron las respuestas a la crisis en dos grandes asuntos: garantizar ingresos a la población en el contexto de un desplome del mercado laboral, y la respuesta en materia de salud pública y de acceso a los servicios de salud.
Además, vamos a tener un ojo puesto sobre lo que pasó en temas de cuidados, porque si algo puso en evidencia esta pandemia es la fragilidad con la que están organizados los cuidados de niños y niñas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, etc. Fue evidente que esos cuidados dependen de las familias, en particular del trabajo femenino, y esa organización está basada en supuestos que en general no se cumplen, ejemplo de ello, que las mujeres como malabaristas pueden dedicarse muchas horas a ser madre, maestra, psicóloga, animadora, recreadora de los hijos e hijas al tiempo que generan ingresos para mantener a sus familias.
¿Cuál es el contexto en la región que hace tan relevante esta investigación?
_ En el conjunto de América Latina en el comienzo del siglo XXI por primera vez se registró una mejor distribución del ingreso con excepción de Costa Rica y Nicaragua. En promedio la región se movió de forma positiva, siendo la región del planeta con la peor distribución del ingreso. Esto se debió a dos factores: una mejor y mayor regulación de las relaciones laborales, y mayor inversión social.
Eso tuvo lugar en el contexto de crecimiento económico. No obstante, en el siglo XX también hubo momentos de crecimiento que no generaron una respuesta redistributiva. A principios de este siglo influyó el llamado giro a la izquierda, en la medida en que propuestas redistributivas fueron moviendo el centro político hacia un lugar de mayor redistribución.
La región tiene una historia de exclusión social, pero a partir de los años noventa se vivieron transiciones económicas y políticas. El inicio del siglo trajo esfuerzos a favor de un Estado más amigo de la gente y una cosa que quedó clara: hay países con economías parecidas y características similares que hacen esfuerzos muy distintos.
Esto evidencia la importancia de analizar la política social y la política de redistribución, lo que implica entender la política fiscal y qué se hace con los recursos que se recaudan.
¿Qué han podido observar hasta ahora y de qué depende el resultado final de la crisis?
_ No podemos pedirle a la crisis del COVID-19 que cambie de pronto las condiciones de desigualdad, pero sí podríamos esperar que cambie la trayectoria redistributiva, pero por ahora los indicios no son muy alentadores.
Las respuestas dependen de la arquitectura de la política social y si permiten hacer ciertas cosas, eso opera en conjunto con las preferencias de la élite y su mayor o menor dependencia de mantener el consumo de la población. También influye la fortaleza del Estado, si puede operar con independencia social y la presión de los grupos sociales, de eso depende el resultado que genere la crisis.
En América Latina en general los Estados son muy débiles frente a una élite económica muy pequeña, pero muy poderosa económica y políticamente. Muy difícilmente vamos a encontrar reformas favorables hacia la redistribución progresiva, pues solo sería posible con esas condiciones.
¿Hacia dónde va Costa Rica?
_ Por un lado, el Estado tuvo buen empuje con el tema de transferencias, pero luego no logró la cobertura ni en cantidad de población, ni durante tiempo necesario. Teniendo un sistema de información muy potente que permitió identificar población que normalmente no requiere asistencia estatal, medio millón de personas identificadas como elegibles no recibieron el Bono Proteger.
Se permitía a los empleadores sostener jornadas reducidas y contratos suspendidos, la gente estaba en sus casas con salarios reducidos o nulos sin prestaciones, y las personas que lograron recibir el bono fue solo por tres meses. Muchas otras personas ni siquiera lo recibieron, esto apunta a que vamos a un escenario de mayor concentración, de mayor desigualdad.
Por otro lado, lo que ocurre en términos de acción colectiva de distinto tipo, incluyendo la calle, pero también otras manifestaciones podría estar indicando otras posibilidades, detrás de lo que se ve como la punta del iceberg, eso también lo estamos analizando: ¿está hoy la élite en Costa Rica más o menos cohesionada ahora que antes de la crisis?, ¿qué tal en Guatemala y El Salvador?, ¿es hoy la acción colectiva más o menos fuerte? Eso queremos saber.
