Aunque haya sido notoria la agresión física o el ataque de forma virtual, la mayoría de las personas periodistas de Centroamérica consideran que en su país no se da una respuesta legal ante los ataques recibidos desde distintos grupos, organizaciones, empresas o figuras de poder en sus países.
Esta es una de las principales conclusiones dadas a conocer el anterior martes 22 de noviembre en la Sala de Sesiones del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR, donde se presentó el Informe del Estado de la Libertad de Expresión y la Seguridad del Ejercicio Periodístico en Centroamérica 2022.
El documento fue presentado por Johanna Rodríguez y Fernando Martínez, investigadores del Programa de Libertad de Expresión de la UCR, quienes mostraron datos relevante sobre un estudio que consiste en una descripción comparada entre las naciones centroamericanas en lo referente al ejercicio periodístico, así como el rol de cada Estado en garantía de este derecho.
“Tenemos que ver cómo salvar a los periodistas y con esto salvar al periodismo, hay que analizar cuántas personas han abandonado el ejercicio, por temas de seguridad y de economía”.
La investigación fue realizada con una propuesta de análisis documental y un análisis de noticias relacionadas con la violación de la libertad de expresión como derecho humano. Como enfoque cualitativo, aplicaron una encuesta a personas que ejercen actividades periodísticas en Centroamérica mediante correo electrónico.
La exposición del informe fue abordada como un espacio de diálogo a partir de ciertos ejes, que permiten realizar un diagnóstico con el fin de colaborar para que las personas periodistas no se conviertan en un blanco de agresiones.
El primer eje del informe se denominó: Condiciones del ejercicio periodístico. El siguiente de los ejes temáticos se relaciona con la percepción de la censura y la autocensura. Se tratan temas como la impunidad, protección de fuentes y seguridad personal.
Es así como la investigación muestra que el 83% de las personas periodistas encuestadas estimaron que en su país existe impunidad en relación con casos vinculados con agresiones físicas y virtuales y se vulneran derechos comunicativos como la libertad de expresión, derecho a la información o libertad de prensa. Además mostró que el 60% ha tenido que dejar la cobertura de algún tema por temor a despidos, reducción de jornada, persecución legal, o ataques físicos.
Óscar Parra, periodista y coordinador del proyecto “Rutas del Conflicto” sostiene que es complicado pelear contra un Estado que quiere silenciar a un periodista, o que no hace nada para evitar la violencia contra los mismos. “Tenemos que ver cómo salvar a los periodistas y con esto salvar al periodismo, hay que analizar cuántas personas han abandonado el ejercicio por temas de seguridad y de economía”, concluyó Parra.
Periodistas víctimas de hostigamiento en redes
El tercer apartado mostró también datos preocupantes sobre los riesgos del ejercicio periodístico, puesto que el 40% de los comunicadores indicaron desconocer los mecanismos de protección que poseen sus medios, en tanto que 72.5% señaló haber sido víctima de hostigamiento y violencia por redes sociales.
Lucía Lagunes, periodista especializada en perspectiva de género y derechos humanos, señala que este informe muestra y saca a la luz pública las agresiones que específicamente viven la mujeres periodistas. Para Lagunes, es importante recordar el deber del Estado de garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el periodismo libre e independiente.
Mencionó que “Se dice que la calidad del debate social depende mucho de la calidad informativa, si somos atacados quienes hacemos periodismo libre e independiente, la calidad del debate se va a haber afectada al haber mucho menos información importante”.
“Si la libertad de expresión y el periodismo independiente se ven amenazados, la democracia se ve amenazada, los gobiernos que atacan el periodismo crítico son el verdadero riesgo de la democracia”, finalizó Lagunes, quien añadió que si no se aborda esta realidad por parte del Estado se alimenta la impunidad y la desigualdad.
Influencia en contenido editorial
Sobre el rol del Estado, partiendo de la independencia editorial, el 65% de las personas aseguraron que el gobierno y otros órganos del Estado buscan influir en el contenido editorial que se publica. De la misma manera, identificaron un rechazo a la hipótesis de que el gobierno respeta la independencia editorial y busca influir en el contenido editorial.
En torno a la percepción sobre la libertad de expresión se valoró si son comunes las amenazas contra los medios de comunicación y la existencia de procesos de estigmatización o discursos de odio. Allí el estudio identificó como principales actores responsables a los gobiernos, órganos del Estado, juzgados y grupos empresariales al tiempo que identificaron que la reducción de la pauta publicitaria, los discursos gubernamentales de estigmatización y otros más, son las principales amenazas experimentadas por los medios de comunicación.
Los expositores recomendaron para contrarrestar esta realidad dada en el contexto sociopolítico centroamericano, la urgencia de establecer una marcada división de poderes, el fortalecimiento de la cultura política, las regulaciones a la capacidad de vigilancia por parte de los gobiernos, la protección a periodistas, reformas en legislaciones y los mecanismos de coordinación con autoridades.
Jennifer Ávila, periodista graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, aseguró que la investigación es un aporte sumamente importante que tiene que hacer la academia para mostrar el estado de la región en materia de libertad de prensa.
“Es un reflejo de lo que estamos viviendo en nuestros países, estos retos y recomendaciones caen en un contexto complicado, pero es importante un periodismo que pueda tener independencia editorial y apostar por un modelo democrático”, concluyó Ávila.
Si usted desea leer el informe completo, está disponible en proledi.ucr.ac.cr/recursos
