Un informe del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, solicitado por la diputada liberacionista Rosaura Méndez, recomienda a los legisladores aprobar una ley especial que determine los indicadores utilizados para el ajuste del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.
El artículo 85 de la Constitución Política establece que el FEES debe ser ajustado de esa forma, sin embargo, en el texto no se define el método exacto que se debe utilizar para lograrlo.
Lo anterior ha provocado que, a lo largo de los años, este ajuste se haya calculado de formas distintas. Además, desde la llegada del gobierno de Rodrigo Chaves, este reconocimiento ha generado importantes episodios de tensión entre las universidades públicas y el Ejecutivo.
En el 2023, cuando el Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyectaba una inflación de 3% (+/- 1%), las casas de enseñanza y el Gobierno acordaron un aumento de solo 1% y otro 1% opcional, que el Ejecutivo finalmente decidió no otorgar.
“(…) Un mecanismo de reconocimiento de la inflación y que entonces sea un mecanismo que impida una decisión antojadiza, una decisión extremadamente política y sobre todo una decisión recortista”, Francisco González, rector de la UNA.
Para 2024, después de diez sesiones de negociación, se pactó un crecimiento del FEES de 2% y adicionalmente se estableció una cláusula para incorporar recursos adicionales si en agosto la inflación acumulada supera el porcentaje otorgado.
Seguridad en la negociación
Los rectores de las universidades estatales indicaron que la fijación de un mecanismo para reconocer el costo de vida ayudaría a tener un panorama más certero sobre las negociaciones del FEES.
Al respecto, el rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias, indicó que la determinación de la referencia que se utilice puede ser un proceso que envuelva tanto al Ejecutivo como al Legislativo, en conjunto con las universidades: “Ese costo de vida tiene muchos indicadores y me parece que la mayor seguridad jurídica sería definir uno en concreto que siga utilizándose de aquí en adelante”.
Arias agregó que “mucho se simplificaría” si todo lo que indica el informe legislativo se lograra atender con el desarrollo normativo correspondiente.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González, explicó que establecer un mecanismo para reconocer el costo de vida impediría que los ajustes provengan de “una decisión antojadiza, una decisión extremadamente política y sobre todo una decisión recortista”.
González afirmó que ese reconocimiento debe ser en “un sentido amplio”, por lo que no debe supeditarse solamente al indicador de la inflación, sino combinarse con otras referencias como el producto interno bruto (PIB).
“Tendríamos que trabajar (en) un mecanismo que esté anclado a una relación de crecimiento del PIB vs. el porcentaje correspondiente al sector educación o a las universidades, —como se tuvo en algún momento—, con una aspiración en relación con el crecimiento del PIB, entonces, eso posibilita un reconocimiento adicional al mero costo por inflación”, agregó González.
También, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez, manifestó establecer un indicador específico “permitirá tener más claridad al momento de las negociaciones” del FEES.
“Coincidimos con el informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es el que determina con mayor precisión la variación en el poder adquisitivo de la moneda”, añadió.
La rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada, coincidió con Gutiérrez en que el IPC es el que “mejor refleja la variación en el poder adquisitivo de nuestra moneda”.
UNIVERSIDAD consultó sobre este tema al presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), Emmanuel González, pero expresó que el documento fue acogido por las universidades y está en análisis por parte de las divisiones jurídicas de las casas de enseñanza, para “definir una ruta”.
Este Semanario también envió las consultas sobre el tema al Ministerio de Hacienda desde el 18 de septiembre, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
