Un informe realizado por el departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa expone una serie de incongruencias, posibles inconstitucionalidades y limitaciones que contiene el proyecto de ley reguladora para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Esta iniciativa, que se tramita bajo el expediente 23.380, fue presentada por el Ejecutivo en octubre del 2022 y permitiría la injerencia de cuatro ministerios en la toma de decisiones de las universidades estatales, entre otras situaciones.
Para el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), Emmanuel González, este proyecto de ley responde a una “sumatoria de elementos” para afectar a las universidades públicas, después de la Ley 9635, la Ley de Empleo Público (10.159) y otros:
“Las inconsistencias y contradicciones (del proyecto 23.380) son evidentes y manifiestas y, efectivamente, esto consta en el informe de Servicios Técnicos”, Gustavo Gutiérrez, rector de la UCR
“Es una manera sistémica y ordenada de ver cómo desarticulan a las universidades estatales. Este proyecto al final es todo lo que no han podido hacer en uno solo. […] Es como si estuviera jugando ajedrez y aquí es el jaque mate para el sistema universitario costarricense”, agregó González.
Ahora, el análisis realizado por Servicios Técnicos como insumo para los legisladores, vuelve a poner de manifiesto un conjunto de deficiencias que contiene el proyecto 23.380:
“Efectivamente, no es responsabilidad de Servicios Técnicos declarar si una propuesta es o no constitucional, pero sí realizar estos señalamientos que son importantes porque evidencian groseros vicios que trae el proyecto de ley y que permite someter a las universidades a la voluntad de los gobiernos de turno”, comentó el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez.
Problemas en el proyecto
El informe legislativo señala que “en el caso de aprobarse esta iniciativa se encontrarían en vigencia dos Fondos Especiales para la Educación Superior”, debido a que la redacción no contempla la derogatoria del actual FEES, con el problema adicional de que el fondo que se pretende crear “no cuenta con los recursos para su financiamiento, al no establecerse en su articulado la fuente de sus recursos”. Según el texto, crear ese nuevo fondo “se torna innecesario y por ende carente de razonabilidad”.
Por otra parte, se indica que “el legislador al definir, limitar o direccionar el propósito de este fondo como se pretende en la iniciativa, podría eventualmente vulnerar los contenidos y principios constitucionales sobre la autonomía universitaria”, puesto que “son las autoridades universitarias las encargadas para efectos de definir libremente sus objetivos, planificar su gestión y autoestructurarse”.
“El propio informe ahonda en que las universidades estamos sujetas a procesos de planificación y principios generales aplicables a la administración pública, pero que dichos procesos no pueden ser impuestos”, señaló el rector de la UCR ante la consulta de UNIVERSIDAD.
Otro elemento importante en el análisis es que destaca la separación entre “patrimonio estatal” y “patrimonio universitario”, siendo este último “destinado a las finalidades y funciones universitarias, para las que resulta imprescindible la libertad e independencia”. En este sentido, Servicios Técnicos recomienda valorar la constitucionalidad del artículo 3 del proyecto, que traslada los excedentes presupuestarios a la caja única del Estado; esto a fin de “no violentar la autonomía patrimonial de las universidades”.
El documento también expresa que se debe observar, a la luz de las normas constitucionales, los criterios de distribución del FEES que establece la iniciativa, dado que los indicadores propuestos también podrían “vulnerar la autonomía universitaria”.
Por otra parte, el proyecto crea un “Consejo de Coordinación de la Educación Superior Estatal”, que estaría integrado por cuatro ministerios del Ejecutivo y el Conare, dejando por fuera las representaciones estudiantiles. A este nuevo órgano se le otorgan una serie de funciones que actualmente ostenta el Conare, lo que también debe ser analizado según las normas constitucionales —recomienda el informe—, “para efectos de no violentar el contenido de la autonomía universitaria y sus alcances en el modelo de gestión universitaria”.
Además, ese Consejo recibiría soporte administrativo de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), que, pese a que se le asignan nuevas funciones, en la iniciativa de ley no se aclara si “esa oficina utilizará los mismos recursos humanos y financieros” para realizarlas, advierte el análisis de Servicios Técnicos.
Para los rectores, el análisis realizado por el departamento legislativo logra dar un importante insumo a las diputaciones para el debate de esta iniciativa:
“Por la naturaleza del informe y la imparcialidad del Departamento de Servicios Técnicos creo que lo más destacable es que señala con claridad los aspectos en que este proyecto vulnera el diseño constitucional. Gracias a este informe, empezamos a ver que no es un invento de las universidades, sino que verdaderamente es una iniciativa que vulnera groseramente la institucionalidad pública y el Estado Social de Derecho”, indicó Gutiérrez.
Por su parte, el presidente del Conare manifestó que espera que este informe sea recibido por los diputados a partir de la razón y la lógica:
“Aquí tiene que haber una sensatez de que no pueden violarse los principios constitucionales. […] Por lo que nosotros hemos hablado con diferentes diputados de diferentes fracciones, claramente comprendemos que hay un apoyo para que el proyecto no se apruebe, pero en la Asamblea Legislativa entra una mariposa y sale un elefante; por lo menos si hemos sentido un apoyo a que el proyecto no tiene pies ni cabeza”, dijo González.
