El que no se cumpla con destinar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) establecido en la Constitución Política para la educación pública, ha generado una fuerte reacción de rechazo en un sector del movimiento estudiantil, como es el caso de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR).
Al respecto, el presidente de esta instancia federativa, Gregory Garro, aseguró en entrevista con UNIVERSIDAD que la discusión ha trascendido, al punto de representar una lucha por la educación en general más allá de simplemente el Fondo Especial para le Educación Superior (FEES).
En esta línea, el representante asegura que -si bien el estudiantado entiende que el país se encuentra en una situación complicada- la lucha debe realizarse, pues los problemas de liquidez tienen causas estructurales que van más allá del peso económico de los compromisos estatales.
Por este motivo, Garro señaló que el movimiento estudiantil luchará en todas las vías políticas y civiles que considere necesarias, de forma que se garantice el giro de recursos que por ley corresponden al sector educativo.
Para Garro, no alcanzar un 8% del PIB para la educación es una salida fácil ante un sistema tributario ineficiente e insuficiente y, sobre todo, “un incumplimiento en detrimento de un derecho”.
Sobre este y muchos otros temas, UNIVERSIDAD conversó con Garro, quien comentó sobre las posturas y las acciones estudiantiles en la materia.
En otra entrevista, usted decía que desde la FEUCR analizaban llevar esto a la Sala Constitucional. ¿Eso se piensa hacer?
– Todavía no lo hemos hecho porque estamos coordinando las acciones con todos los distintos sectores, las federaciones de estudiantes como la de la Universidad Nacional (UNA). Así las cosas, lo que estamos haciendo ahora es unificar una propuesta para acudir con una sóla y que no sean varias que se presenten por distintos lados.
En distintos contextos, se han tomado muchas medidas, pero oficialmente desde la FEUCR, ¿Cuál ha sido el marco de acción?
– Ayer fue el momento más importante que hemos tenido en este proceso, que fue la audiencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde tuvimos la oportunidad de plantear cuáles eran nuestras preocupaciones fiscales sobre el tema. A partir de ahí han surgido otras acciones, pero ese ha sido el antes y el después.
Ahora, plantean acciones en la Asamblea Legislativa y en la Sala Constitucional, pero ¿Son excluyentes o el recurso dependerá del accionar en el congreso?
– Pienso que estas son situaciones que hay que llevar a todos los niveles políticos. Es decir, a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial y al Ejecutivo, todos están involucrados y para nada es una discusión excluyente. En la Asamblea Legislativa es una discusión más política y técnica, que nos ayuda a plantear cuál es el impacto que esto puede tener en el futuro de nuestro país. Por otra parte, la medida en la Sala Constitucional es para hacer notorio el incumplimiento en detrimento de un derecho, la educación.
Hay muchos movimientos como los de ayer (la toma de la dirección de la Sede Occidente y el bloqueo de la calle principal en San Pedro), pero ¿Hasta qué punto se relaciona la Federación con estas medidas?
– Son movimientos estudiantiles que de alguna u otra forma también han impulsado medidas concretas. Todos los debates y todas las posturas salieron de la Asamblea General que tuvimos en la Plaza 24 de Abril con una importante afluencia y ahí se discutió el fondo, qué era lo que sostenía el movimiento estudiantil. A partir de ahí, se han comenzado a tomar ciertas acciones en sedes y recintos.
La Federación de Estudiantes ha tenido esta última semana el objetivo directo de acudir a la Asamblea Legislativa, entonces en las otras acciones no hemos estado presentes como tal. Sin embargo, nosotros siempre hemos dado todo el apoyo que se ha podido a los movimientos, principalmente desde las asociaciones de estudiantes.
Ahora el movimiento ahora se centra en el 8% del PIB para la Educación, más allá del FEES. Al menos eso es lo que se expresa…
– Pues ese es precisamente el objetivo. Lo que decimos es que la educación es un derecho y que, como derecho, se tiene que garantizar. Una condición socioeconómica no debería ser impedimento para que las personas tengan acceso a una educación digna y de calidad y, para que esto se cumpla, tienen que existir los recursos necesarios. Ahí es cuando inicia la discusión, qué rol queremos del Estado en la formación de personas.
Cuando hacemos la defensa del presupuesto, no estamos defendiendo únicamente el presupuesto universitario, sino también de la educación preescolar, la educación primaria y secundaria porque algo tan básico como los comedores estudiantiles, que benefician a niños y niñas que dependen de esa alimentación, dependen de que esto tenga presupuesto.
Entonces, los resultados de que el presupuesto no sea suficiente no se van a ver en dos años, sino en unos veinte, cuando esas personas que debieron haber tenido un apoyo, tengan que vivir con el rezago de que finalmente no lo tuvieron. Eso es lo que discutimos en este momento.
El ambiente está muy convulso y a veces cuesta identificar cuál es el meollo del asunto. ¿Cómo lo describiría de manera concisa?, ¿Cuál es la prioridad estudiantil?
– En este momento, lo que queremos es que nos demos cuenta de que esto es un asunto estructural. Esta negociación y esta aprobación no es únicamente un asunto del 2017, sino que -si seguimos así- el próximo año vamos a estar en las mismas condiciones hasta que no se apruebe un presupuesto de calidad y justo.
Lo que tiene que estar en el centro de la discusión aquí es cuál es nuestro modelo, quiénes son los que tienen que pagar impuestos. Lo que nosotros decimos es que los impuestos los deben pagar las personas que no están cumpliendo sus responsabilidades y que tienen la posibilidad de hacerlo.
A partir de ahí, se empiezan a desplegar otro montón de temas y debates, pero el centro es ese.
Entonces ustedes plantean que la visión del Estado es errónea porque la situación fiscal no corresponde al gasto, sino a su estructura tributaria…
– Pues sí, el Gobierno tiene falta de liquidez y eso tiene un motivo que no es el gasto, al menos principalmente. El Gobierno no tiene ingresos suficientes, pero esto es porque no se le está cobrando a las personas que realmente tienen que pagarlos.
Por ejemplo, nosotros decimos que se tiene que aplicar la reforma fiscal progresiva (que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres), la renta global, el impuesto de venta diferenciado a los artículos de lujo y todos estos asuntos que nutrirían las arcas del Estado para cubrir otras necesidades.
Lo que decimos desde la Federación es que la inversión en educación no es una inversión en instituciones, sino en personas que luego le devuelven lo invertido a la sociedad con sus conocimientos. Si el Gobierno no tiene recursos, tiene que empezar a cobrarlos, pero deberían calcular mejor a quiénes lo hacen.
