Universitarias

Hacienda pone en vilo a universidades por nuevo decreto que limita transferencias

El nuevo decreto establece que las transferencias corrientes que realiza el Gobierno solamente podrán crecer un 0,5% cada año, durante 2021 y 2025.

Las universidades tienen algo más de que preocuparse. El decreto, que empezó a regir desde el 12 de enero y que pone límites al gasto, sí afecta las transferencias que se destinan al Ministerio de Educación Pública, dentro de las cuales está incluida la del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), con el cual se financia buena parte del presupuesto de las cinco universidades públicas.

La confirmación la hizo el viceministro de Egresos, Isaac Castro, al consultarle UNIVERSIDAD sobre el decreto 42.798-H, el cual se presenta como un complemento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9635).

Esta normativa busca “lograr una subejecución de las autorizaciones incluidas en las leyes de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República correspondientes”. La idea es que se reduzca el gasto corriente primario en 3,45 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) entre los años 2021 y el 2025; “procurando obtener al menos con estas medidas un 60% de dicho ajuste”, reza el documento.

“Es una lucha que tenemos muy clara”, Rector UCR

De este edicto se excluye explícitamente al Poder Judicial, al Legislativo y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); sin embargo, el pasado 11 de marzo, la Autoridad Presupuestaria (STAP) emitió un oficio en el que se aclara que tampoco aplica para las universidades estatales.

“El decreto sí aplica al Presupuesto Nacional, por tanto, las transferencias corrientes son rubros del presupuesto que están afectas a la aplicación del decreto”, respondió a este medio el viceministro Castro.

Consecuencias

Para el exviceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, el decreto provocará que el presupuesto de las universidades quede “prácticamente congelado” en los próximos cinco años.

Lo anterior debido a que el artículo 1 del documento establece que las transferencias corrientes que realiza el Gobierno solamente podrán crecer, entre 2021 y 2025, un 0,5% cada año, tomando como base de partida el 2020.

De esta forma, el límite superior para la ejecución de transferencias en 2021 será 100,5%; en 2022 será de 101%; en 2023 será 101,51%; en 2024 será de 102,02% y, en 2025, será 102,53%, siempre usando el año 2020 como referencia, indicó.

Se exceptúan las transferencias para el pago de contribuciones sociales, las devoluciones y reintegros y los pagos de contratos vigentes previos al decreto.

“Lo que está buscando el gobierno es que la relación de gasto con respecto al PIB con el tiempo vaya decreciendo, entonces la economía nuestra sigue creciendo y las transferencias casi que se quedan congeladas”, explicó Rodríguez.

Según el exviceministro, esta situación se puede explicar como una simple cuestión de aritmética:

“Si el presupuesto de las universidades no crece, pero la economía sí, el porcentaje que ese presupuesto de las universidades representa en términos del tamaño de la economía —en términos del PIB— cada vez va siendo menor y eso entonces le da chance al gobierno de ir haciendo espacio en la parte de gasto para poder reducir el déficit fiscal”.

Para Rodríguez, también economista, esta normativa abre una brecha en términos reales, o sea, una pérdida de poder adquisitivo en las universidades.

“Suponiendo una inflación de 2% para el 2021 y de 3% para los años 2023 a 2025, la diferencia entre el crecimiento reconocido y el que debería darse para mantener el valor real del FEES es de casi 10 puntos porcentuales, lo cual significa que en 5 años las universidades serán 10% más pobres”.

Tampoco se podrá dar un ajuste en gasto real, ya sea por incremento en matrícula estudiantil, o para otorgar mayor cantidad de becas.

Para aumentar el presupuesto universitario solo se podría hacer sacrificando otras partidas de transferencias como programas sociales, como pensiones con cargo al presupuesto, lo cual Rodríguez estima imposible.

Además, estima que las universidades están sujetas a aumentos de precios de servicios públicos, que no puedan ser cubiertos con recursos propios.

Sin firmas no hay paraíso

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez; el rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Luis Paulino Méndez; y el rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Francisco González, afirmaron que en una reunión en la Comisión de Enlace, durante el mes de enero, el ministro de Hacienda, Elián Villegas, les expresó que el FEES no se vería afectado por el decreto 42.798-H. El jerarca aún no les ha enviado un documento firmado que así lo diga.

“Estamos a la espera de los acuerdos de Comisión de Enlace firmados por don Elián. Don Elián no sé en qué andará y no ha querido firmar, pero pronto lo va a tener que hacer o decir que no. Entonces tendremos que ver qué hacemos para declarar el decreto inconstitucional”, manifestó Méndez.

El rector del TEC sostuvo que en reunión con Villegas, él explicó que el edicto aplica sobre “el gran total de las transferencias del Estado” y que “si el FEES aumenta por algún motivo, alguna otra transferencia se tiene que disminuir, para cumplir con ese decreto”.

El presidente del Conare respondió que “las universidades sí están exentas de la aplicación del decreto 42.798-H pero el Ministerio de Educación Pública (MEP) no”.

González, rector de la UNA, explicó que la transferencia del FEES “está incorporada entre otras varias dentro el presupuesto MEP, razón por la cual corresponderá a ese ministerio ajustar el monto global de las transferencias presupuestadas”, siempre respetando el monto que se haya acordado para la asignación del FEES, detalló.

Para Rodríguez la única forma de que se respete esa asignación del FEES sería reducir las transferencias sociales que hace el Estado.

“No veo a ningún gobierno tratando de reducir transferencias sociales para darle más plata al FEES. Aparte de que políticamente eso es un suicidio, pone a las universidades en una situación muy comprometedora porque entonces para exigir más se lo tienen que quitar al resto de programas”.

Según el rector de la UCR, el único documento que les han entregado es el oficio que STAP envió el 11 de marzo al vicerrector de Administración, Oldemar Rodríguez, en el cual se señala que el decreto no aplica a lo interno de las universidades.

“La carta se refiere al trabajo operativo dentro de la Universidad con el FEES que ya tenemos. […] Estamos hablando de como manejamos los recursos ya a lo interno de la Universidad”, manifestó Rodríguez.

De hecho, el viceministro Castro reconfirma esto en la respuesta enviada a este semanario:

“El decreto no aplica en la ejecución del presupuesto de las universidades, no obstante, insta a aplicar las medidas de contención de gasto del mismo decreto…”, destacó.

El vicerrector Rodríguez responde que “sería muy preocupante que en un decreto limiten el FEES. No es de recibo, no es válido”.

Ante las preocupaciones y diversidad de criterios, el rector Gutiérrez anunció que solicitarán una cita al Ministro de Hacienda para que les aclare el tema y lo ponga por escrito.

“No nos da la cara, está totalmente desaparecido el ministro. Para mí es muy claro que Hacienda no quiere más diálogo con las universidades públicas, lo cual es muy lamentable”, acotó.

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