La decisión de restringir ¢70 mil millones de los fondos del FEES para gastos de capital es una forma de delimitación presupuestaria obligatoria para las universidades públicas, coincidió Sofía Guillén, economista y consultora, con Fernando Rodríguez, economista y ex viceministro de Hacienda.
Rodríguez considera que “amarrar a las universidades las restringe pero podría ser positivo porque las obliga a buscar las necesidades de inversión”; sin embargo, asegura que puede ser un impacto diferente entre universidades y que depende de las necesidades de cada una.
“También obliga a evitar que la partida más grande de recursos se gaste únicamente en gasto corriente, y en esto las experiencias son complejas porque los salarios presionan mucho y han crecido muchísimo los últimos años”, agregó Rodríguez.
El economista considera que el Ministerio de Hacienda utiliza esta medida para evitar rozar con las obligaciones de gasto corriente establecidas en la regla fiscal porque aún no hay restricciones establecidas para el gasto de capital.
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“Lo cierto es que el hecho de que el gobierno tenga limitaciones para presupuestar implica que tiene limitaciones para presupuestar a las universidades” aseguró.
Guillén, por su parte, considera que aunque puede sonar bien usar los fondos en infraestructura para ser empleados estos recursos, las universidades necesitan tiempos de planificación y licitación. En caso de que no llegaran a utilizar los dineros, no pueden utilizarlo en necesidades más inmediatas como ampliación de cupos o becas.
“Si no se utilizan los fondos de capital pasa a estar retenido, como una especie de superávit. En la práctica funciona como un recorte”, agregó Guillén.
La economista argumentó que este podría considerarse un tercer recorte al FEES si se toma en cuenta que la base presupuestaria en la que se negoció ya había sido recortada en el 2019 y que Hacienda no contempló en el presupuesto del transitorio 14 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
En la reforma fiscal las universidades no quedaron exentas del impuesto del 2% de la venta y compra de bienes y servicios. Sin embargo, en el transitorio 14 de esta ley dice que en el caso de las universidades públicas el Ministerio de Hacienda reintegraría los recursos vía transferencia en el presupuesto de la República.
“El transitorio es porque, en la práctica, si le deja un impuesto a una universidad pública le está recortando presupuesto”, dijo Guillén.
Rodríguez, por su parte, dice que las implicaciones “todavía están por verse” porque están en disputa los recursos de las universidades en la Sala Constitucional, relacionados también con la regla fiscal.
En caso de que los ¢70 mil millones efectivamente se restrinjan, hay obligaciones ineludibles a considerar, según Rodríguez. Primero, los contratos laborales y comerciales; por ejemplo, las plazas permanentes, los salarios escolares y los alquileres contratados.
“También hay obligaciones de carácter legal como en el caso de Lanamme (Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales), que es un departamento que recibe recursos del impuesto a los combustibles y, por lo tanto, tendría que mantenerse”, explicó Rodríguez.
De acuerdo con Guillén, las universidades en efecto se habían comprometido a invertir los ¢70 mil millones en bienes de capital, pero considera que “no quedaba claro que existía un condicionamiento en el código presupuestario” y, por lo tanto, lo valora más como una interpretación de Hacienda.
Para Rodríguez, el comunicado de la Universidad de Costa Rica fue “extraño” por ser una “reacción tardía” a un presupuesto que se conoce hace mes y medio y que debió estar ampliamente discutido.
