El Ministerio de Hacienda señaló que no está en disposición de cancelar la deuda del Ejecutivo con las universidades estatales, que asciende a los ₡62.590 millones, debido a que esos compromisos fueron asumidos en la administración de Carlos Alvarado.
Así lo indicó el ente a UNIVERSIDAD, tras enviarle una serie de consultas sobre la posición oficial de la cartera respecto a este tema, así como las posibilidades que existen para realizar el desembolso del dinero.
“La postergación de fondos que hizo el Poder Ejecutivo al FEES en años anteriores no fue una decisión de esta administración, por tanto, no puede ser asumida por ella”, fue la respuesta de Hacienda.
El ministerio hizo hincapié en que esto fue comunicado a los rectores de las casas de enseñanza superior pública, además de que el tema no fue discutido en el marco de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2024, que se realizan en la Comisión de Enlace, entre varios ministros y los rectores, junto con un representante estudiantil.
La deuda del gobierno con las universidades corresponde a una postergación de fondos del FEES en los años 2020 y 2021 de ₡35.000 millones y ₡27.590 millones, respectivamente. Esto se acordó así como una colaboración de las instituciones de educación superior hacia las finanzas públicas, en el marco de la pandemia por el COVID-19.
Sobre la posición de Hacienda, el rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González, manifestó que no es de recibo, ya que un acuerdo cerrado en la Comisión de Enlace “no es un acuerdo bilateral con un ministro en particular, sino con el Estado costarricense a través de la institucionalidad que representa”.
En la misma línea, el rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias, indicó que las instituciones públicas “trascienden” a las personas que están en un momento determinado:
“Es un desconocimiento absoluto del marco jurídico que nos rige, en el cual las autoridades son transitorias, pero las instituciones son permanentes, continuas y los compromisos siguen adelante en el tiempo con absoluta validez”, apuntó Arias.
Asimismo, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez, reforzó que, aunque la postergación de los fondos se haya hecho en el gobierno pasado, “es responsabilidad de cada gobierno de turno asumir la administración en su totalidad”.
Gutiérrez puso como precedente la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS): “La condena del Estado por la deuda con la Caja se origina en la década de los 90, no obstante, debe ser asumida por cada gobierno en ejercicio”.
¿Qué pasará si el Gobierno insiste en no asumir la deuda?
Los rectores manifestaron que pedirán una convocatoria de Comisión de Enlace para los próximos meses, ya que hay varios temas pendientes entre las universidades y el Gobierno que deben atenderse.
Entre ellos, se encuentra la revisión y aprobación de las últimas minutas de la negociación del FEES 2024, además de la coordinación de la agenda de cooperación, en la cual las casas de enseñanza brindarán apoyo estratégico al Ejecutivo. Según el rector de la UNA, la intención era que las autoridades se reunieran para construir esa agenda entre octubre y noviembre.
En estos encuentros es donde los centros de educación plantearán al Ejecutivo la situación de los recursos postergados, pese a la posición reticente que este ha mostrado anteriormente.
Si el Gobierno rechaza definitivamente pagar la multimillonaria deuda, entonces buscarían los mecanismos legales y judiciales que permitan recuperar esos recursos.
Los rectores destacaron que no buscarán un desembolso tradicional de los recursos, sino la utilización de estos en proyectos para atender dos ejes estratégicos a nivel país: reactivación económica y desarrollo regional. La iniciativa también tendría impacto en todos los niveles de la educación nacional.
El presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), Emmanuel González, señaló que, si las propuestas no reciben el visto bueno, entonces tendrían que llevar el tema a la vía judicial.
En este sentido, el rector de la UNED aseguró que “es hora de hacer válidos los dos acuerdos de la Comisión de Enlace y que veamos el proyecto que tenemos para recuperarlo en beneficio del país”.
Arias recordó que los acuerdos alcanzados en la Comisión de Enlace son de cumplimiento obligatorio y que, inclusive, la Sala Constitucional declaró inconstitucional la rebaja de ₡10.000 millones que la Asamblea hizo al FEES en 2019: “Ni siquiera los diputados lo pueden cambiar y menos lo puede desconocer un ministro”.
El rector de la UCR fue claro en que “el principal espacio” para resolver el tema es la Comisión de Enlace, donde los dirigentes universitarios esperan encontrar una solución mediante el diálogo, que a la vez tome en cuenta las posibilidades fiscales del país.
“De no ser posible encontrar una solución en este espacio, la Constitución habilita la posibilidad de solucionarlo en la Asamblea Legislativa. También, a partir de fallos de la Sala Constitucional, hemos analizado la posibilidad de acudir al tribunal contencioso administrativo”, añadió Gutiérrez.
Al cierre de edición, no fue posible obtener declaraciones de la rectora del Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada, para conocer su posición sobre el tema.
