Dirigentes de los gremios del Magisterio Nacional señalaron la grave problemática que atraviesa la educación pública costarricense, a causa de la aplicación de la regla fiscal, establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), que limita el gasto que pueden hacer las instituciones públicas en programas claves como comedores escolares y becas.
“La regla fiscal es la amenaza más grande en este siglo de la institucionalidad educativa; es la amenaza más grande de lo que llamamos nosotros educación, que es el motor de desarrollo de un país”, indicó Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), en un foro organizado por la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“No es posible hablar de conectividad a una población estudiantil que no tiene que comer”, presidenta de APSE.
En el encuentro también participaron la presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilda Montero; así como la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Ana Doris González. El espacio fue moderado por la decana de la FCS, Isabel Avendaño.
“No entendemos por qué siempre el sistema educativo es el que ha sufrido y seguirá sufriendo, si no seguimos levantando la voz, el tema del dinero y los recortes presupuestarios y no es que se dañe a los docentes, se está dañando a las poblaciones más vulnerables como son los niños y los jóvenes que requieren mejores oportunidades de estudio”, apuntó la presidenta de APSE.
De igual forma, recalcó que el problema fiscal no tiene por qué traducirse en un golpe para la educación pública costarricense:
“Lo que se requiere es hacer reajustes, planificación, buena administración, que sea operativa, que sea eficiente; eficiencia para gastar el dinero. El presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) es la solución a los problemas. La solución no es recortando los programas de equidad que necesita el pueblo”, apuntó González.
“No es que no hay dinero”
El presidente del SEC también manifestó que el problema que enfrenta la educación no es la falta de dinero, sino más bien la estricta aplicación de la regla fiscal, que impide la utilización de los recursos, a pesar de que estos se encuentren disponibles: “¿Qué pasa con la regla fiscal? No es que no hay dinero, sino que te dan dinero y dicen, tome téngalo ahí guardadito, pero no lo toque”.
La aplicación de la regla fiscal se verifica tanto en lo presupuestado como lo ejecutado, de modo que el límite de crecimiento (1,96% en 2022) ocasiona en muchas instituciones que el presupuesto de un año pueda ser mayor al máximo ejecutable, con lo que al cierre del ejercicio quedan recursos sin utilizar:
“Mientras se mantenga esta situación de que el crecimiento del presupuesto va a depender de lo gastado con la inoperancia, con la mala planificación, con la mala distribución, con la mala ejecución del presupuesto, siempre vamos a tener los problemas y de aquí a 15 años el resultado es catastrófico. Entonces, resulta que en este momento que cumpliremos 4 años de aprobada la ley, en este momento, que ya sentimos el golpe del congelamiento salarial, nosotros estamos absolutamente convencidos de que si no hay voluntad política para resolver este problema de la planificación y ejecución del presupuesto, va a ser desastroso”, dijo González.
Asimismo, Montero explicó que con las posibilidades presupuestarias actuales no es posible realizar mejores capacitaciones a los docentes, pese a que existen muchos temas retadores en la educación pública: “No creo que esta regla fiscal venga a solucionar estos problemas, difícilmente la imposición de la regla fiscal en el tema educativo permita desarrollar mejor la política educativa y la política curricular”.
Por su parte, Díaz coincidió en que no se va a lograr “salir adelante con la educación” mientras que no haya “presupuesto que lo cubra”: “Hoy lo que nos preocupa a nosotros, la amenaza es que se aprovechen de esto para dar un camino de dirección a la privatización de la educación, porque a eso es lo que llevan estas limitaciones”.
Devolver la dignidad a los docentes
La presidenta de la ANDE indicó que no se puede decir que la problemática viene de los salarios que se pagan a los docentes, sino que más bien hay que poner atención al tema de la evasión fiscal: “No ha sido necesariamente la clase trabajadora la que ha llevado la crisis económica, sino más bien la elusión y la evasión fiscal”.
Montero también señaló que “es necesario devolver la dignidad al docente costarricense y ayudarlo a ocupar ese espacio tan importante como constructor de una historia política y social que hemos vivido durante 200 años de vida independiente”.
González apoyó la posición de la presidente de ANDE, al indicar que “no es cierto que el dinero no está alcanzando porque se gasta en los salarios de los empleados públicos”, al tiempo que señaló que la situación es tan complicada “al punto de que el MEP en estos momentos no tiene ni combustible para hacer giras”.
Por su parte, el dirigente del SEC fue enfático en que no se puede dejar de lado la responsabilidad que tiene el Estado con la educación costarricense: “¿Qué dice la Constitución Política? Una educación pública, gratuita, financiada por el Estado”.
El dirigente sindical señaló que el Estado Social de Derecho “lo han venido cortando a pedacitos”, lo cual les genera una gran preocupación:
“La regla fiscal está irrespetando todo este Estado Social de Derecho. Aquí estamos hablando solo de educación, pero está afectando a todas las instituciones públicas”, finalizó Díaz.
