Las dos últimas minutas de la Comisión de Enlace muestran el enfrentamiento entre las universidades públicas y el Gobierno, después de que este último pusiera sobre la mesa una propuesta que, a la postre, se materializó en un recorte en términos reales al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2023.
UNIVERSIDAD tuvo acceso a las minutas realizadas el 24 y 25 de agosto de 2022 en la negociación del FEES 2023, pese a que el Ministerio de Educación Pública (MEP) no las entregó, aún cuando la Sala Constitucional se lo ordenara así en múltiples ocasiones, tras un recurso de amparo interpuesto por este Semanario.
En los documentos se refleja la inflexible posición de los ministros, así como los infructíferos esfuerzos de los rectores para contener el recorte, gestado a través del no reconocimiento en el FEES de la inflación oficial, que se estimaba en ese momento entre el 8,52% y el 11,48%.
1% por costo de vida
La propuesta en la que se plantó el Ejecutivo para el FEES 2023 fue mantener la base de 2022 (₡559.199 millones) y agregar un 1% por concepto de inflación (₡564.791 millones), pese a que ningún indicador oficial cifraba en ese porcentaje el aumento del costo de vida. También que se destinaran ₡15 mil millones a gastos de capital; esto último fue aceptado rápidamente por los académicos.
Entre líneas, se empezó a dibujar la tensión entre las partes, cuando el entonces presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias, lanzó que la oferta del Ejecutivo carecía de una “base sólida” y no se apegaba al artículo 85 de la Constitución Política, que señala que el FEES no puede disminuir y se debe ajustar según “la variación del poder adquisitivo de la moneda”.
“Conare no está en condición de aceptar el 1%; no hay forma de aceptarlo y cumplir con el mandato constitucional”. (Rodrigo Arias, rector de la UNED, en la negociación del FEES 2023)
Acto seguido, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez; el de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González; y el representante estudiantil José Antonio Ugalde acuerparon la posición de Arias.
El entonces rector del Tecnológico de Costa Rica (TEC), Luis Paulino Méndez, marcó la diferencia sobre el tema de la inflación y pidió un receso de 10 minutos para analizar la propuesta, mientras que el rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y actual presidente del Conare no tuvo mayor participación hasta más adelante, cuando manifestó que “no se puede violentar el mandato constitucional”.
Tras esto comenzó a ganar intensidad el carrusel del Ejecutivo, con la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, anunciando que el 1% propuesto saldría de otras instituciones del sector educación y que “es imposible otorgar más”.
Recibió el centro Nogui Acosta, ministro de Hacienda, que entre una y otra jugada optó por avisar que, si no se concretaba el acuerdo, el terreno de juego sería la Asamblea Legislativa, lo cual podía “provocar un enfrentamiento que no es conveniente”.
Volvieron a tomar la palabra los rectores: el de la UNA pidió valorar que el Ejecutivo buscara el dinero de otra parte que no afectara al MEP y el de la UNED señaló que la Constitución no establece que el monto que se reconozca por inflación sea “simbólico” y reiteró que ese 1% no tiene “sustento oficial”.
Entre los siguientes intercambios, Acosta y el entonces jerarca de Ciencia y Tecnología (Micitt), Carlos Alvarado, sacaron bajo la manga sus interpretaciones de derecho constitucional: “El mandato constitucional habla del reconocimiento de la inflación, pero no de un 100%”, dijo el primero y “el costo de la vida debe calcularse sobre lo ejecutado y no sobre lo presupuestado”, indicó el segundo.
También puso su parte el ministro a.i. de Planificación, Marlon Navarro, subrayando que “es respetuoso” de la Constitución, pero que es necesario “cuestionarse qué procede cuando la situación financiera dicta que no hay más presupuesto disponible”.
Después de un breve receso, los universitarios plantearon reconocer 3% de inflación y postergar algún monto para cumplir con la Carta Magna. Obtuvieron otra negativa de los ministros, con el aviso de Acosta de que “desde el punto de vista práctico el Ministerio de Hacienda no tiene ninguna deuda con las Universidades”, probablemente en referencia a los más de ₡60 mil millones el Gobierno adeuda a las casas de enseñanza, aunque la minuta se queda corta en describirlo.
Volviendo al baile de la inflación, Arias dijo que “Conare no está en condición de aceptar el 1%; no hay forma de aceptarlo y cumplir con el mandato constitucional”, por lo que el Ejecutivo, otra vez, trajo a la mesa enviar el asunto a los diputados, en forma de acuerdo parcial.
Tampoco hubo acuerdo sobre el desacuerdo, porque Gutiérrez dijo que “o se firma completo o no se firma”, lo cual no complació a la ministra, que no quería llegar a la Asamblea con las manos vacías.
Tras otra serie de intercambios, el rector de la UNA pidió que se reconociera al menos un 2%. Y pese a que la primera propuesta de las universidades era que se reconociera un 8,71%, Müller volvió a negarse: “No hay condiciones de incrementar en este momento al tener que reducirlo de otra parte del presupuesto destinado a los niños”.
El consenso (aparente) llegó cuando el mismo González propuso que se asignara el 1% abanderado por el Ejecutivo en primera instancia y se estableciera la posibilidad de incorporar otro 1% en el primer presupuesto extraordinario de 2023.
Bajo protesta
Al día siguiente, Müller hizo una lectura del acuerdo supuestamente alcanzado el día anterior y preguntó “si alguien tiene algo más que agregar”. Sin fortuna para la ministra de que la interrogante fuera solo protocolaria, el rector de la UCR levantó la mano y señaló que firmaría “bajo protesta” porque el acuerdo “incumple” con la Constitución. Pidió entonces que esto fuera consignado en una nota.
Se contagió de ese espíritu el representante estudiantil y luego los demás rectores. Después de esto, la minuta marca un receso y, luego, los académicos habían desistido de la idea de incluir la nota propuesta por Gutiérrez.
Arias pidió que se hiciera constar que el Conare estaba en desacuerdo con que “no se respete actualmente el 8% del PIB para el sector educación”. Los tres párrafos siguientes y últimos, solo registran algunas declaraciones inocuas de los rectores, como si después de la pausa citada hubieran estado hablando ellos solos.
Estas minutas fueron levantadas más de seis meses después de que las reuniones se realizaran, según los metadatos de los archivos. Ante la consulta de UNIVERSIDAD, el MEP señaló que “no existen audios de las sesiones de la Comisión de Enlace”. Anteriormente, el ministerio también se contradijo sobre la existencia de los documentos.
