Este miércoles 20 de enero el gobierno de la República anunció que “en estricta aplicación del principio de legalidad y reserva de ley” revertiría su decisión de mantener los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en la Caja Única del Estado, respetando la exclusión de las universidades estatales del ámbito de aplicación de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
En una misiva firmada por Elian Villegas, Ministro de Hacienda, el gobierno indicó que conforme a la solicitud de las casas de enseñanza se realizaría la devolución de los dineros que actualmente se encuentran en dicha caja.
No obstante, el documento reiteró las bondades del mecanismo y manifestó la disponibilidad del Ejecutivo de seguir dialogando “para que se pueda viabilizar la propuesta de la Contraloría General de la República, con la finalidad de brindar el servicio de caja única del Estado, a todas las universidades, siempre dentro del espíritu de generar mecanismos para mejorar el ejercicio de liquidez de las finanzas del Estado”.
Los esfuerzos de la Contraloría en favor de la aplicación del mecanismo, indicó Villegas, “son consistentes con lo esgrimido por la Contraloría General de la República y se constituyen en una iniciativa para dotar de mayor transparencia, eficiencia y fiscalización a la administración de los fondos del erario público”.
Las universidades, reza el documento, “no están impedidas de utilizar la caja única del Estado, además, su uso voluntario no compromete en modo alguno la autonomía universitaria, y constituiría además una muestra adicional del compromiso de las universidades con la salud fiscal del Estado costarricense”.
No obstante, rectores y representantes estudiantiles manifestaron en días pasados su absoluto rechazo a la medida, pues representaría una afrenta a la autonomía en términos de organización y autogobierno, así como un precedente peligroso para que se apliquen desde el gobierno de turno restricciones o condicionamientos para acceder a dicho presupuesto.
Francisco González, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), celebró el reconocimiento del marco legal por parte de la administración Alvarado. “Por dicha el gobierno se dio cuenta de que no puede violentar la legalidad, el respeto a la ley es un pilar fundamental de la gobernanza en una democracia”.
Agregó que al momento se reintegraron ya la mayor parte de los fondos y esperan que la situación no se repita, pues las universidades siguen considerando que el mecanismo amenaza la autonomía constitucionalmente otorgada.
Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica dijo estar complacido con que se revirtiera la decisión que calificó de “arbitraria y unilateral”, y aseguró que es un alivio para su administración poder contar con los fondos por las vías definidas por la legislación.
El jerarca destacó la importancia de las gestiones del Conare, que a pesar de que la medida no se comunicó oportunamente por parte del gobierno, reaccionó “con la mayor celeridad, consenso y fuerza” para interponer sus objeciones, que según dijo, resultaron en la reversión de la decisión.
A partir de este momento las universidades públicas podrán acceder a sus recursos por la vía comúnmente utilizada, a través de sus cuentas en el Banco Central de Costa Rica.
