Sin ninguna notificación o acuerdo previo con la Comisión de Enlace, encargada de negociar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el Gobierno de la República depositó los recursos destinados a financiar a las universidades públicas en la Caja Única del Estado administrada por la Tesorería Nacional, en vez de en las cuentas de las entidades en el Banco Central, como es usual.
Esta modificación en la administración del fondo, afirman autoridades universitarias y representantes estudiantiles, constituye no solamente una afrenta a las leyes y la Constitución, sino que amenaza los recursos de las entidades y pone en riesgo los pagos de salarios, becas y la cancelación a proveedores en próximas semanas.
La noticia llegó a los rectores de las universidades el 31 de diciembre, por la tarde, en plena pausa de fin de año.
“Con gran sorpresa, especialmente porque veníamos sosteniendo una buena relación con las autoridades, nos enteramos de que por primera vez en la historia desde que se creó, el FEES se depositó, por instrucción de Hacienda, en la Caja Única del Estado”, indicó Francisco González, rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Según González la medida puede responder a la falta de liquidez del gobierno. “No es lo mismo que yo le deba 100 colones y se los deposite, a que le diga que los pongo en una cuenta de la que los puede sacar en unos días, cumpliendo procedimientos y dando una justificación”.
Así, dijo, la directriz violenta lo establecido en la Constitución Política, no solo en referencia al financiamiento, sino en lo referente a la autonomía financiera y de autogobierno, a la vez que se contrapone a las leyes existentes, afirmó.
Un problema de legalidad
La Constitución Política establece en su artículo 85 que el “Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones. Además, mantendrá —con las rentas actuales y con otras que sean necesarias— un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal. El Banco Central de Costa Rica administrará ese fondo y, cada mes, lo pondrá en dozavos, a la orden de las citadas instituciones, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal”.
Asimismo, el Artículo 1 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, que regula el régimen de órganos y entes administradores que custodian los fondos públicos, excluye explícitamente a las universidades estatales de su ámbito de aplicación.
En respuesta a esta acción, comentó González, se solicitó una reunión de la Comisión de Enlace, para discutir la directriz unilateral brindada por Hacienda en el espacio en que participan representaciones de todas las universidades, así como de varios ministerios.
En esa reunión, que tuvo lugar el pasado 12 de enero, las autoridades de los centros de estudio presentaron su argumentación legal de rechazo total a la medida. Ese mismo día, la Comisión tomó dos acuerdos: que se flexibilizaría el acceso a los recursos a las casas de enseñanza y que Hacienda brindaría respuesta a ese documento.
Según el presidente de Conare, una semana después aún no hay contestación por parte del Ejecutivo y la flexibilización del acceso a los recursos no se ha dado con la celeridad esperada.
El actuar de la Tesorería Nacional, así, no es el de un ente pagador, sino el de un administrador, lo que no es compatible con los principios constitucionales de autoorganización y autogobierno. “Llegamos al punto en que nos dijeron que les diéramos la lista de funcionarios y estudiantes con sus IBAN y que ellos depositaban”, indicó con indignación Gutiérrez.
Lo que más preocupa al jerarca es que de no modificarse esta decisión, el Ejecutivo estaría realizando una “interpretación antojadiza de la ley” cuando ese rol “no le corresponde”. “Imagínese una democracia en que la ley es interpretada por el Ejecutivo a su criterio y se convierte en acciones administrativas, que luego tienen que ir a tribunales para verificar que sean legales, así no funciona el principio de legalidad”, dijo.
Felipe Alpízar, Secretario Académico de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, indicó que someter a las universidades a las normas de Tesorería podría “representar una violación a la Constitución a la vez que resta independencia contable y financiera para que estas se organicen”.
Consecuencias incalculables
Como vocero de la nueva administración de la UCR, Alpízar dijo que “la situación nos pone en un dilema” porque, por un lado, si aceptan el mecanismo “con el conocimiento de que eventualmente puede ser declarado inconstitucional” podrían acceder a los recursos, pero si con base en esa misma argumentación legal lo rechazan, la UCR no podría asumir los pagos de las siguientes semanas: servicios públicos, pagos a empresas, obligaciones legales, salarios y becas estarían en riesgo.
“Esperamos que las conversaciones lleguen a buen puerto, pero es una situación muy compleja que puede tener consecuencias muy graves”, afirmó.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR, Catalina Chaves manifestó su molestia pues la decisión fue comunicada en pleno cierre institucional, “cuando nadie puede hacer mayor cosa”. Además, dijo, le preocupan las repercusiones que esto puede tener tanto en términos de autonomía como de legalidad.
A la representación estudiantil, dijo, le preocupa que se violente la normativa nacional, al tiempo que se marca un precedente para otras discusiones, entre las que contempla el proyecto de ley de Warner Jiménez de Liberación Nacional, que pretende que el principio de equilibrio financiero esté sobre los artículos constitucionales que hablan de autonomía universitaria y del propio FEES.
Además, “aunque no quiero sonar paranoica, estamos hablando del Gobierno manejando el presupuesto de las universidades a través de Hacienda, no sabemos la influencia que eso puede tener y qué tanto puede restringir o condicionar el acceso a esos fondos. No sabemos qué consecuencias puede tener para el futuro”, consideró la dirigente estudiantil.
“De violentar la Constitución Política se desgranan muchas más preocupaciones. Si no se respeta eso, lo mínimo, no hay ninguna seguridad de que se respete mucho más”, finalizó.
“No descartamos que tengamos que entrar nuevamente en una acción legal. Con este gobierno hemos tenido la mayor cantidad de acciones legales emprendidas por las universidades”, lamentó Francisco González.
